Report No. 56 (2006) IACHR. Petition No. 8-03 (Estados Unidos de America)

• Petition Number: 8-03
• Year: 2006
• Report Number: 56
• Case Type: Admissibility
• Respondent State: United States
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Wayne Smith

INFORME Nº 56/06 PETICIÓN P8-03 ADMISIBILIDAD WAYNE SMITH ESTADOS UNIDOS () 20 de julio de 2006 I RESUMEN 1. El 27 de de diciembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) recibió una petición del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, el estudio de abogados de Gibbs Houston Pauw y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia (“los peticionarios”) contra el Gobierno de los Estaos Unidos (“el Estado” o “Estados Unidos”). La petición fue presentada en nombre de Wayne Smith en relación con su deportación de Estados Unidos. 2. En su petición inicial y en posteriores observaciones, los peticionarios afirman que el Sr. Smith agotó los recursos internos o, en su defecto, está exceptuado de ese requisito, por lo cual sus denuncias son admisibles. Con respecto a los méritos de la denuncia del Sr. Smith, los peticionarios sostiene que Estados Unidos es responsable de la violación de su derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a la protección contra ataques abusivos a su vida familiar, el derecho a establecer una familia, el derecho a la protección de madres e hijos, el derecho a la inviolabilidad del hogar, el derecho a recurrir a la justicia y la prohibición contra un castigo cruel, denigrante e inusitado, así como de la violación de los artículos I, V, VI, VIII, XVII, IX y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración Americana”) debido a la manera en que fue autorizado el retiro del Sr. Smith de Estados Unidos, al amparo de la Ley de reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad de los inmigrantes, promulgada por Estados Unidos en 1996 (IIRIRA).[1] 3. En su respuesta a la petición, el Estado argumenta que las denuncias de los peticionarios son inadmisibles, en base a tres fundamentos principales, a saber, que la Declaración Americana no es más que una recomendación a los Estados americanos, que no crea obligaciones jurídicas, que las presuntas víctimas no agotaron los recursos internos y que la petición no establece hechos que pudieran constituir una violación de la Declaración, si esta pudiera ser objeto de violación. 4. Como se establece en el presente informe, tras examinar la información y los argumentos de las partes sobre la admisibilidad, la Comisión decidió declarar las denuncias admisibles con respecto a los artículos V, VI, VIII, XVII, y XXVI de la Declaración Americana, acumular y tramitar conjuntamente la presente petición con la petición P526-03 (Hugo Armendáriz c. Estados Unidos), continuar con el análisis de los méritos del caso, remitir el informe a las partes y publicarlo e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. II TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. Tras la presentación de la petición, el 21 de julio de 2003, la Comisión remitió las partes pertinentes de la misma al Estado, solicitándole información dentro de los dos meses, conforme a su Reglamento. 6. En nota de 23 de diciembre de 2003, recibida por la Comisión en la misma fecha, el Estado presentó sus observaciones sobre la petición. Por nota de 5 de enero de 2004, la Comisión remitió la respuesta del Estado a los peticionarios, solicitando toda información adicional a dicha respuesta dentro del plazo de un mes. 7. Posteriormente, en carta de 19 de marzo de 2004, recibida por la Comisión el 22 de marzo de 2004, los peticionarios presentaron su respuesta a las observaciones del Estado de 23 de marzo de 2003. La Comisión remitió las partes pertinentes de la respuesta de los peticionarios al Estado, el 26 de marzo de 2004, otorgando un plazo de un mes para cualquier observación. 8. En nota de 15 de abril de 2004, el Estado solicitó prórroga del plazo hasta el 25 de junio de 2004 para presentar sus observaciones, a lo que la Comisión accedió por nota de 20 de abril de 2004. Dicho plazo fue nuevamente prorrogado por la Comisión hasta el 25 de julio de 2004, también a solicitud del Estado. Posteriormente, por nota recibida por la Comisión el 24 de febrero de 2005, el Estado envió sus observaciones adicionales a la respuesta de los peticionarios, la que fuera remitida por la Comisión a estos por carta de 25 de febrero de 2005. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 9. Según los peticionarios, el Sr. Smith fue sometido a los procedimientos de la IIRIRA, ley por la que se enmiendan las disposiciones de la Ley de Inmigración y Naturalización (“INA”) que rige la admisión de personas en Estados Unidos y su deportación de este país. En particular, se ordenó al Sr. Smith abandonar Estados Unidos en virtud de las enmiendas de la IIRIRA en base a su condena de ciertos delitos penales designados en la ley como graves. Los peticionarios impugnan los procedimientos aplicados al Sr. Smith al amparo de esta ley por ser incongruentes con los artículos I, V, VI, VII, XVIII, IX y XXVI de la Declaración Americana. 10. En cuanto a los antecedentes de la denuncia, en la petición se afirma que el Sr. Smith nació en Trinidad y llegó a Estados Unidos en 1967, cuando tenía 10 años de edad, como dependiente del titular de una visa diplomática. Se agrega que el Sr. Smith contrajo matrimonio con Ann Hoyte en 1996 y tienen juntos una hija ciudadana estadounidense, Karina Ann, y que la Sra. Smith tiene un hijo de una relación anterior. Los peticionarios sostienen que, viviendo en Estados Unidos, este hijo se hizo tóxicodependiente y que en febrero de 1990 fue condenado por posesión de cocaína e intento de distribución de cocaína, por lo que cumplió tres años de cárcel. En la petición se sostiene también que, estando en la cárcel, el Sr. Smith empezó a recuperarse de su adicción y, tras la liberación, continuó asistiendo a la Universidad del Distrito de Columbia, merced a una beca de Action to Rehabilitate Community Housing, siguió relacionado con el párroco de la cárcel y empezó a participar en asesoramiento en tóxicodependencia y otros programas de extensión comunitaria, entre otras actividades y proyectos. 11. De acuerdo con los peticionarios, el Sr. Smith fue objeto de un proceso de deportación en marzo de 1996. Agregan que a esa altura tenía derecho a una excepción humanitaria (conocida como la “excepción “212(c)”), la cual permite que un residente legal sometido a deportación siga viviendo con su familia en Estados Unidos en base a aspectos como la gravedad y carácter reciente del delito, el peligro que el afectado plantee a la comunidad, los lazos familiares, el tiempo de residencia en el país, pruebas de rehabilitación y otros factores equitativos. Pero, sostienen los peticionarios que, cuando se dio vista al caso del Sr. Smith, había entrado en vigor la Ley de antiterrorismo y pena de muerte efectiva (AEDPA), que eliminaba la excepción 212(c) a los condenados de delito grave. En consecuencia, el 11 de marzo de 1997, el juez de inmigración que entendía en el caso omitió el pedido de excepción. El Sr. Smith apeló sin éxito ante la Dirección de Inmigración y el Tribunal de Distrito para el sur de Maryland, habiendo sido deportado a Trinidad poco después que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito le negó una suspensión de la deportación, el 25 de noviembre de 1998. 12. En la petición también se indica que el Sr. Smith reingresó a Estados Unidos en enero de 1999 y regresó a su hogar en Maryland, donde siguió residiendo hasta que fue detenido por una infracción de tránsito, en marzo de 2001, y devuelto al Servicio de Inmigración (INS), el que lo mantuvo detenido sin fianza. El 16 de marzo de 2001, el Servicio de Inmigración reiteró la orden de deportación sin audiencia y, tras nuevas acciones del Sr. Smith ante la justicia federal, este fue nuevamente deportado a Trinidad, el 13 de diciembre de 2001. 13. En cuanto a la admisibilidad de la denuncia, los peticionarios sostienen que el Sr. Smith agotó los recursos internos conforme al artículo 37 del Reglamento de la Comisión, pues apeló ante la vía administrativa y judicial prevista en la ley de inmigración de Estados Unidos, sin éxito alguno. En particular, los peticionarios sostienen que el 11 de marzo de 1997, el Sr. Smith apeló a la Dirección de Apelaciones de Inmigración contra la decisión del juez de inmigración de omitir su pedido de excepción 212(c), acción desestimada el 24 de agosto de 1998. Luego, presentó un pedido de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito del sur de Maryland, el 9 de noviembre de 1998, alegando, entre otras cosas, que su deportación violaría la Constitución de Estados Unidos porque sería separado de su familia sin oportunidad de pedir una excepción a la deportación. Según los peticionarios, el Tribunal de Distrito remitió el caso al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito. El Sr. Smith pidió una suspensión de la deportación, pero el Cuarto Circuito la desestimó por falta de jurisdicción, tras lo cual el Sr. Smith fue deportado. 14. Los peticionarios agregan que, tras la detención del Sr. Smith en marzo de 2001 y la reiteración de la anterior orden de deportación, presentó un pedido de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito impugnando esa orden, a lo que el Tribunal no accedió sin elaborar, pero lo otorgó una suspensión por 60 días. El Sr. Smith luego apeló al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, el cual dictaminó que no había ningún interés constitucional en juego respecto del Sr. Smith y el 1 de julio afirmó la orden de deportación, con lo cual, este fue deportado a Trinidad el 13 de diciembre de 2001. 15. Además, los peticionarios afirman que, pese a la decisión de la Suprema Corte en el caso del Servicio de Inmigración c. Saint Cyr, en que sostuvo que las excepciones del inciso 212(c) seguían siendo aplicables a los no ciudadanos que, con anterioridad a 1996, se hubieran...