Report No. 47 (2001) IACHR. Case No. 12.028 (Granada)

• Case Number: 12.028
• Year: 2001
• Report Number: 47
• Case Type: Merits
• Respondent State: Grenada
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Donnason Knights, Grenada

INFORME Nº 47/01 CASO 12.028 DONNASON KNIGHTS GRENADA 4 de abril de 2001 I. RESUMEN 1. Este informe se refiere a una petición sobre pena capital presentada, mediante una carta fechada el 29 de mayo de 1998, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) en nombre del Sr. D.K., por S.L.E., Abogado de S.M.&.B., bufete de abogados de Londres, Reino Unido (en adelante “los peticionarios”) contra el Estado de Grenada (en adelante, "el Estado” o “Grenada”) por la presunta violación de los derechos humanos del Sr. K. consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención"). 2. Los peticionarios alegan que el 2 de agosto de 1995, D.K. fue condenado por el homicidio de C.A.M. (que fue cometido el 9 de septiembre de 1993), (en adelante, “la fallecida”) de conformidad con la Sección 234 del Código Penal de Grenada. El Sr. K. fue sentenciado a muerte en la horca y está en espera de ejecución en la cárcel de Richmond Hill, en Grenada. Los peticionarios sostienen que el Sr. K. presentó recurso de apelación de su condena ante el Tribunal de Apelaciones del Caribe Oriental en Grenada, y el Tribunal desestimó su recurso de apelación el 16 de septiembre de 1996. Los peticionarios indican que el Sr. K. pidió al Comité Judicial del Privy Council (en adelante “el Consejo Privado”) venia especial para presentar un recurso de apelación como persona indigente, y le fue otorgado el 10 de abril de 1997. No obstante, el Consejo Privado desestimó su recurso de apelación el 21 de mayo de 1998. 3. Los peticionarios argumentan que el Estado ha violado los derechos del Sr. K. consagrados en los artículos 4(1), 4(6), 5(1), 5(2), 5(6), 8, y 24 de la Convención Americana, y solicitan que la Comisión recomiende al Estado que revoque la sentencia de muerte del Sr. K. y lo ponga en libertad. 4. Los peticionarios sostienen que si el Sr. K. es ejecutado mientras su petición está pendiente de dictamen ante la Comisión, ello le causaría un daño irreparable. Los peticionarios, por lo tanto, solicitan que la Comisión ordene la adopción de medidas cautelares de conformidad con el artículo 29(2) de su Reglamento y solicite al Estado la suspensión de la ejecución del Sr. K. mientras su petición está pendiente de dictamen ante la Comisión. 5. Hasta la fecha, el Estado no ha respondido a ninguna de las comunicaciones de la Comisión, ni ha presentado ningún tipo de información ante la Comision respecto a la admisibilidad y méritos de la petición. 6. La Comisión considera que la petición es admisible de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana, y que el Estado violó los derechos humanos de Donnason Knights consagrados en los artículos 4(1), 4(6), 5(1), 5(2) 8 y 25 de la Convención Americana y el artículo 1(1) de la Convención. Además, la Comisión solicitó que el Estado adopte todas las medidas apropiadas y necesarias para suspender la ejecución del Sr. K. a fin de evitar un daño irreparable al mismo, y asegurar que no va a ser privado de la vida arbitrariamente. II. TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN 7. Una vez recibida la petición, fechada el 29 de mayo de 1998, la Comisión cumplió con los requisitos de su Reglamento. La Comisión estudió la petición, solicitó información de las partes y remitió las partes pertinentes de las respuestas de cada parte a la otra parte. 8. La Comisión abrió el caso Nº 12.028 con respecto a la petición y las partes pertinentes de la misma se remitieron al Estado el 2 de julio de 1998, de conformidad con el artículo 34 de su Reglamento. La Comisión solicitó al Estado que aportara información dentro de un plazo de 90 días, para que la Comisión pudiera tramitar y estudiar la petición, y determinar si se habían agotado los recursos internos. La Comisión también solicitó que el Estado suspendiera la ejecución del Sr. K. hasta que concluyera la investigación de los hechos alegados. 9. Mediante cartas fechadas el 18 de agosto de 1999 y el 4 de mayo de 2000, la Comisión volvió a solicitar de nuevo al Estado que le aportara la información que considerara apropiada, dentro de un plazo de 30 días, a fin de investigar los hechos alegados en el caso. Por medio de una carta fechada el 13 de septiembre de 2000, la Comisión volvió a solicitar al Estado que remitiera la información relacionada con la petición que considerara apropiada, dentro de un plazo de siete días a partir del recibo de la solicitud. Además, el 13 de septiembre de 2000, la Comisión escribió al Estado y a los peticionarios informándoles que la Comisión se ponía a su disposición con miras a lograr una solución amistosa respecto al caso sobre la base del respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención, de conformidad con el artículo 48(1)(f) de la Convención. 10. El 13 de octubre de 2000, los peticionarios informaron a la Comisión que “no estarían dispuestos a aceptar una solución amistosa en vista de que el Estado Parte no ha mostrado disponibilidad alguna a participar de forma activa en este asunto y no está preparada para participar en un proceso de solución amistosa”. 11. Hasta la fecha, el Estado no ha respondido a ninguna de las comunicaciones de la Comisión, ni ha presentado ningún tipo de información a la Comisión relacionada con la admisibilidad y méritos de la petición. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 1. Antecedentes del caso 12. Los peticionarios alegan que las pruebas presentadas por el Sr. K. y sus testigos durante el juicio parecen sugerir que el Sr. K. fue atacado por el asesino de la fallecida y sufrió heridas durante el proceso. La declaración no juramentada del Sr. K. fue que tras pasar la noche del 8 de septiembre de 1993 con la fallecida, tanto él como la fallecida fueron atacados por un hombre vestido de negro con un arma en la mano y una máscara en la cara. El Sr. K. también declaró que él y la fallecida escaparon corriendo del hombre y se separaron, y que posteriormente fue atacado por un hombre con una máscara que le apuñaló con un cuchillo. Además, el Sr. K. testificó que tras ser apuñalado, no podía recordar lo que ocurrió después, y que se despertó en el Hospital General. 13. Asimismo, los peticionarios alegan que, en el juicio, la Dra. M.C., testigo del Sr. K. declaró bajo juramento ser médico practicante colegiado en Grenada y prestar servicios en el Hospital Princesa Alicia. La Dra. C. testificó que, tras haber examinado al Sr. K., determinó que había recibido tres puñaladas de 3 cm. y una de 2 cm., y que las heridas podían haber sido causadas por un instrumento afilado con una punta parecida a la de un cuchillo. La Dra. C. también declaró que el Sr. K. tenía un pequeño rasguño en la mejilla izquierda, y que la fuerza utilizada para infligir esas heridas habría sido moderada. Durante las repreguntas, la Dra. C. declaró que había la posibilidad de que las heridas hubieran sido auto infligidas. [3] El Sr. K. también llamó a E.P. como testigo, la cual declaró bajo juramento trabajar en el “banco de sangre” del Hospital General, y que normalmente hace pruebas de sangre. La Sra. P. testificó que analizó la sangre del Sr. K. y que su tipo de sangre es “Grupo ORH positivo y presentó un certificado como prueba que mostraba lo mismo.” Los peticionarios mantienen que el tipo de sangre que se encontró en el cuchillo que estaba en manos del Sr. K. en la escena del delito era del ”Grupo AB”.[4] 2. Posición de los peticionarios respecto a la admisibilidad 14. Los peticionarios alegan que el Sr. Knights ha agotado los recursos internos en Grenada puesto que presentó un recurso de apelación contra su condena del 2 de agosto de 1995 por homicidio capital ante el Tribunal de Apelaciones del Caribe Oriental, y el Tribunal desestimó su apelación el 16 de septiembre de 1996. Los peticionarios sostienen que la solicitud de venia especial para presentar recurso de apelación como persona indigente fue desestimada por el Consejo Privado el 21 de mayo de 1998. 15. Los peticionarios sostienen que el Sr. K. puede, en teoría, presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero que el hecho de que el Estado no brinde asesoramiento letrado para una impugnación constitucional niega al Sr. Knights el acceso a un tribunal y, por lo tanto, a un recurso eficaz contra las violaciones de la Convención Americana. Los peticionarios indican que la Sección 16(1) de la Constitución de Grenada otorga a los individuos el derecho a solicitar una reparación ante un Tribunal Superior con respecto a las presuntas violaciones constitucionales por medio de una impugnación constitucional. Los peticionarios alegan que el Sr. K. no puede llevar adelante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Grenada puesto que los obstáculos prácticos a los que se enfrenta hacen que este recurso sea ilusorio. En particular, los peticionarios indican que la Constitución es un documento legal complejo y, por lo tanto, un recurso de inconstitucionalidad obviamente requiere una representación jurídica experta para establecer perspectivas razonables de éxito. Los peticionarios también sostienen que el Sr. K. carece de fondos privados para llevar adelante un recurso de inconstitucionalidad. Además, los peticionarios indican que hay muy pocos abogados en Grenada que estén dispuestos a representar al Sr. K. de forma gratuita. En consecuencia, según los peticionarios, la vía constitucional no constituye un recurso que esté a disposición del Sr. K.. 16. Además, los peticionarios argumentan que la ausencia de asesoramiento jurídico para que una persona indigente pueda presentar una impugnación constitucional constituye una carencia suficiente del Estado que debe satisfacer a la Comisión para determinar que no existe un recurso disponible. En respaldo a su posición, los peticionarios citan las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) en...