Report No. 34 (2015) IACHR. Petition No. 191-07 y otras (Colombia)

• Year: 2015
• Petition Number: 191-07 y otras
• Report Number: 34
• Respondent State: Colombia
• Case Type: Admissibility
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago y Otros

INFORME No. 34/15

PETICIÓN 191-07 Y OTRAS

INFORME DE A...

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Á..E..R..Í.G...B. Y OTROS

COLOMBIA

Aproba do por la Comisión en su sesión No. 2035 celebrada el 22 de julio de 2015.

155 períod o ordinario de sesiones.

OEA/Ser.L/V/II.155

Doc. 13

22 julio 2015

Original: español

Citar como: CID H, Informe N o. 34/15, Petición 191-07 y otra s. A.ilidad. Á..E. ue

R..u..B. o y otros. Colombia . 22 de julio de 2015.

www.cidh.org

INFORME No. 34/15

PETICIÓN 191-07 Y OTRAS

INFORME DE ADMISIBILIDA D

Á..E..R.ÍGUEZ BU ITRAGO Y OTROS

COLOMBIA

22 DE JULIO DE 2015

I. RESUMEN

1. El presente informe se ref iere a 37 peticiones interpuestas en representación de 64 personas

[en adelante tam bién “las presuntas víctimas”], que se alega habrían sido ejecutadas por miembros del

Ejército Nacional de Colombia, en las cuales se alega la violación por parte de la República de C.a (en

adelante también “Colombia”, “el Estado” o “el Estado colombiano”) de derec hos consagrados en la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la

Convención”). En las peticiones se alega que la s presuntas víctimas fueron ejecutadas por miembros del

ejército, que habrían alterado la escena del crimen y cambiado sus vestimentas, pa ra poder reportarlas como

miembros de grupos guerrilleros que habrían sido dados de baja en combate, supuestamente con el objetivo

de reclamar incentivos económicos y profesionales, y responder a la presión de presentar resultados

positivos en su lucha c ontra los grupos subversivos impuesta por el gobierno. Se alega asimismo que algunas

de las presuntas víctimas fueron objeto de tortura antes de ser ejecutadas. Finalmente, se alega que pese a

que los hechos fueron denunciados y ampli amente conocidos por las autoridades, las investigaciones habrían

tardado años sin rendir frutos, y sólo en algunos pocos casos, se habrían obtenido sentencias definitivas.

2. El Estado sostiene que las muertes de las presuntas víctimas ocurrieron en combates

realizados en operac iones de lucha contra el terrorismo de g rupos subversivos, y por tanto no constituyen

violaciones a los derechos humanos. Asimismo, alega que las peticiones son inadmisibles en virtud del

artículo 46.1.a) de la Convención, pues los representantes de las presuntas víctimas no habrían agotado los

recursos ante la justicia penal ni ante la justicia contencioso-administrativa.

3. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos

en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión concluyó que es competente para conocer las 37

peticiones y que las mismas son admisibles con el fin de revisar en la etapa de fondo la alegada violación de

los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 11, y 25 de la Convención Americana, en relación con los

artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para

Prevenir y Sancionar la Tortura. Respecto de las peticiones 513-07, 464-10, 920-09, 465-10, 462-10, 1398-09,

1020-09, y 1640-09, dado que algunas de las presuntas víctimas contempladas en las mismas era n menores

de edad, la Comisión concluye que es admisible con el fin de revisar en la etapa de fondo, la alegada violación

del artículo 19 de la Convención. F.ente, frente al alegato de violencia sexual presentado en la petición

1662-09, la Comisión concluye que es admisible el estudio en la etapa de fondo de viola ciones al artículo 7 de

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Asimismo, la

CIDH decidió acumular las 37 peticiones y tramitarlas de forma conjunta en la etapa de fondo bajo el número

de caso 12.998. La Comisión decidió notificar el presente Informe de Admisibilidad a las partes, hacerlo

público e incluirlo en su Informe Anual.

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La Comisión recibió las peticiones iniciales entre febrero de 2007 y marzo de 2010. Cada una

de dichas peticiones fue debidamente trasladada al Estado, así como lo fueron suc esivamente las

comunicaciones enviadas por ambas partes, concediéndoseles l os plazos reglamentarios para que se

presentaran observa ciones adicionales. Los detalles de los trámites principales se encuentra n contemplados

en la sección de alegatos específicos, que resume las posiciones de las partes.

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III. POSICIÓN DE LAS PARTES

A. Posición de los peticionarios

1. Alegatos comunes

5. Durante la tramitación de éste grupo de peticiones, las dos partes se han referido al contexto

en la época de los hechos alega dos. Los peticionarios alegan la existencia de un patrón que sirve como hilo

conductor de los casos contemplados. M.an que Colombia ha enfrentado por más de 5 décadas las

consecuencias de un conflicto armado interno, en el cual han estado involucrados grupos armados

guerrilleros, paramilitares y del propio Estado. D.o conflicto ha ocasionado un fenómeno de

desplazamiento interno, exilio, masacres, ejecuciones, así como otras graves violaciones de derechos

humanos respecto de las que la Comisión Interamericana de Derechos Huma nos ha tenido oportunidad de

pronunciarse tanto a través de su sistema de casos y peticiones, como sus informes temáticos, anuales, y de

país. Durante las décadas que ha durado el conflicto, el Estado ha combatido militarmente a los grupos

guerrilleros, que históricamente han sido responsables de secuestros, reclutamiento de menores, y acciones

militares que han ocasionado gran terror en la población general.

6. Como parte de esa lucha, el Estado ha bría adopta do entre los años 2003 y 2009 una seri e de

normas para otorgar incentivos monetarios a quienes brindaran información que permitiera identificar a

miembros de grupos armados al margen de la ley, así como para aquellos soldados que les diera n de baja en

combate. El 26 de junio de 2003 el Congreso de la Repúbli ca de Colombia habría aprobado la Ley 812,

mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006. Dicho Plan habría establecido una

política de “seguridad democrática” en el país, que en su artículo 8.a) señalaría como prioridad el control del

territorio y el combate a los grupos vi olentos, delineando c omo una de las estrategias para ello, la

preparación de cerca de 1 millón de ciudadanos que conformarían redes de cooperantes en las ciudades y en

el campo. Para ello, la ley habría establec ido que se continuarían “implementando los incentivos para

fomentar la participación ciudadana en la estrategia de seguridad democrática”. Asimismo, la ley 812 de 2003

habría establecido que la Fuerza P ública debería tener u na política de cero tolerancia con las violaciones de

derechos humanos.

7. El 17 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, habrí a expedido

la Directiva Ministerial Permanente No. 29-2005. Dicha Directiva, calificada como “Secreta” pero aportada por

las y los peticionarios, “desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en

combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”, señalando en su artículo 3º, 5

niveles de recompensa s con un cupo máximo establecido en cada nivel, que pagaría entre $3’815.000.00 y

$5,000.000.000.00 millones de pesos colombianos por el abatimiento de miembros de grupos armados al

margen de la ley. Asimismo, dicha Directiva establecería en su artículo 2º que se compensaría con dinero o en

especie “por informaciones oportunas y veraces proporcionadas a la Fuerza Pública, que conduzcan a la

captura o abatimiento de combate de cabecillas de las OAML (organizaciones armadas al margen de la ley) o

cabecillas del narcotráfico”.

8. En las peticiones consideradas en el present e informe se alegó que las presuntas víctimas

habrían sido detenidas arbitrariamente por el Ej ército Naci onal de Colombia, tras lo cual habrían sido

ejecutadas, alterándose tanto su vestimenta como las circunstancias y escenas de los presuntos crímenes,

para hacerlas pasar como miembros de grupos guerrilleros que habrían muerto en combates con el ejército, o

como delincuentes comunes miembros de “bandas criminales emergentes”, que habrían fallecido en

enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según los peticionarios, no existió una investigación diligente de

dichos hechos ni una reparación integral para las víctimas, de tal forma que el Estado habría violado diversos

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adela nte, “la Convenc ión” o

“la Convención Americana)”.

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