Report No. 118 (2019) IACHR. Petition No. 2282-12 (Estados Unidos de America)

• Year: 2019
• Petition Number: 2282-12
• Report Number: 118
• Respondent State: United States
• Case Type: Admissibility
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Jose Padilla y Estela Lebrón

INFORME No. 118/19

PETICIÓN 2282-12

INFORME DE ADMISIBILIDAD

JOSE PADILLA Y ESTELA LEBRÓN

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OEA/Ser.L/V/II.

D.. 127

10 junio 2019

Original: inglés

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 10 de junio de 2019.

Citar como: CIDH, Informe No. 118/19. Petición 2282-12. Admisibilidad. J.P. y Estela L.. Estados Unidos de América. 10 de junio de 2019.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Estela L.1
:	José P. y E.L.
Estado denunciado:	Estados Unidos de América2
Derechos invocados:	Artículos I (vida, libertad y seguridad), II (igualdad), III (libertad religiosa y de culto), V (honra y reputación personal y vida privada y familiar), VI (constitución y protección de la familia), XVIII (justicia), XXV (protección contra la detención arbitraria) y XXVI (proceso regular) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre3

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH⁴

Presentación de la petición:	11 de diciembre de 2012
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	1 de marzo de 2013
Notificación de la petición al Estado:	28 de marzo de 2016
Primera respuesta del Estado:	4 de agosto de 2016
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	7 de noviembre de 2017

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Declaración Americana (depósito de instrumento de ratificación de la Carta de la OEA el 19 de junio de 1951)

IV. DUPLICACIÓN DE PRCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LO RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos I (vida, libertad y seguridad), II (igualdad), III (libertad religiosa y de culto), V (honra y reputación personal y vida privada y familiar), VI (constitución y protección de la familia), XVIII (justicia), XXV (protección contra la detención arbitraria) y XXVI (proceso regular) de la Declaración Americana
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, en los términos de la sección VI
Presentación dentro de plazo:	Sí, en los términos de la sección VI

V. HECHOS ALEGADOS

1. Esta petición fue presentada por E.L. (“la peticionaria” o “la señora L.”) en nombre suyo y de su hijo, J.P.(.“señor P., en contra de Estados Unidos por la violación de los derechos protegidos por la Declaración Americana. En general, como reclamo principal, la peticionaria alega que el señor P. fue ilegalmente detenido, interrogado y torturado por agentes estatales por su condición de “combatiente enemigo”, en las palabras del entonces presidente de Estados Unidos. Aduce que, en consecuencia, el Estado violó los derechos humanos de E.L., incluido el derecho a la vida familiar, a la protección del buen nombre de su familia y la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Indica que en repetidas ocasiones la señora L. y el señor P. acudieron a la justicia estadounidense para solicitar reparaciones por la violación de sus derechos, pero que las autoridades nunca dictaminaron una sentencia firme respecto de la legalidad de la detención del señor P. en una prisión militar y que tampoco ningún tribunal jamás se pronunció sobre la legalidad de los métodos de reclusión e interrogación usados en contra de éste.

2. El 8 de mayo de 2002, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron y detuvieron al señor P. en el Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare cuando desembarcaba de un vuelo. El arresto habría sido autorizado mediante una orden de arresto contra testigos emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con arreglo a la Ley de Testigos Materiales (Material Witness Statute), en relación con los ataques terroristas contra Estados Unidos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. El señor P. es ciudadano estadounidense y vivió en Egipto con su esposa y dos hijos mientras estudiaba el islam y el idioma árabe. Tras pasar cuatro años en Oriente Medio, planificó un viaje en 2002 para visitar a sus familiares en Estados Unidos.

3. La parte peticionaria alega que el señor P., tras ser arrestado y detenido en Chicago, fue trasladado por el FBI a la ciudad de Nueva York, donde estuvo recluido en una prisión federal. Indica que el 15 de mayo de 2002 (o alrededor de esa fecha) la corte federal de distrito designó una representante legal para el señor P., D.N.. La señora N. interpuso varios recursos para la anulación de la orden de arresto contra el señor P. y su absolución en los que alegó ausencia de cargos y detención arbitraria. La señora L. señala que le prohibieron visitar al señor P. cuando éste estaba detenido en la prisión en Nueva York.

4. Señala que el 9 de junio de 2002, sin explicación o notificación previa, funcionarios del gobierno estadounidense trasladaron al señor P. de la prisión civil donde se encontraba a una prisión militar en Charleston, Carolina del Sur. Alega el traslado extrajudicial fue justificado como una orden del entonces presidente G.W.B. al entonces secretario de Defensa, D.R., de detener al señor P. como “combatiente enemigo”⁵. Aduce que el señor P. estuvo 43 meses bajo custodia militar, desde el 9 de junio de 2002 al 5 de enero de 2006 sin que se le atribuyera ningún cargo. Sostiene que calificar a un ciudadano estadounidense de combatiente enemigo y someterlo a prisión en una base militar por tiempo indeterminado fue una medida sin precedentes enteramente adoptada por el poder ejecutivo. Ningún juez examinó los motivos de la orden del presidente; ni el señor P. ni su representante legal fueron notificados de esa orden; tampoco se realizó una audiencia judicial para autorizar la ejecución de esa medida.

5. La peticionaria sostiene (a) que, durante su detención, el señor P. fue aislado por los primeros 21 meses y se le prohibió el contacto con sus abogados y familiares (con la excepción de una carta a su madre) y (b) que, a lo largo de su condena en prisión, el señor P. fue sometido a un régimen de interrogatorios y reclusión ilegales. Explica que como parte de ese régimen el señor P. fue sometido a aislamiento extremo, privación sensorial y del sueño, así como a otras formas de tortura y de abuso físico y mental⁶. Agrega que al señor P. al principio se le ofreció una copia del Corán pero que luego esta le fue confiscada. Indica que el señor P. fue sometido a varios periodos de muchos meses sin ver la luz natural y que incluso le prohibieron tener un reloj de pared o de pulsera, por lo que durante la mayor parte de su tiempo en prisión estuvo sin saber la hora y, por tanto, impedido de cumplir el mandamiento religioso de rezar cinco veces diarias en los horarios establecidos para el día y la noche⁷.

6. La peticionaria sostiene que mientras el señor P. estaba en la prisión militar, ella y su familia fueron interrogados por funcionarios del gobierno y constantemente acosados por la gente y por personal de los medios de comunicación. Los periodistas solían seguirlos y esperarlos afuera de los domicilios de la peticionaria, sus padres mayores de edad o de sus hijos. Afirma que esta situación tuvo muchos efectos negativos en la salud familia del señor P., tanto a nivel físico como psicológico.

7. Señala que luego del traslado del señor P. a la prisión militar, éste interpuso o participó en tres tipos de procedimientos legales a nivel interno: (a) procedimientos de habeas corpus, (b) juicio penal en la jurisdicción civil y (c) demandas civiles por daños y perjuicios.

Procedimientos de habeas corpus

8. Se alega que se iniciaron dos procedimientos de habeas corpus diferentes en nombre del señor P.. El primero fue presentado el 19 de junio de 2002 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por la entonces representante de oficio, D.N.. En esa oportunidad, se solicitó la absolución del señor P. en vista de que el gobierno no era competente para calificarlo de “combatiente enemigo” y detenerlo. Indica que la corte federal de distrito confirmó la legalidad de la detención del señor P. pero que en 2003 la Corte de Apelaciones ordenó otorgar el habeas corpus debido que, según la Ley de No Detención de 1971 (Non-Detention Act, “NDA”), “ningún ciudadano podrá ser enviado a prisión o detenido por el Gobierno de Estados Unidos excepto mediante una ley del Congreso”. Luego, en 2004, en la apelación presentada por Estados Unidos, la Corte Suprema anuló lo actuado por la Corte de Apelaciones, alegando motivos de jurisdicción y procedimiento. La peticionaria señala que la Corte Suprema consideró que el procedimiento de habeas corpus (1) debió haberse presentado en Carolina del Sur,...