Report IACHR. Case No. 12.004 (Ecuador)

• Submitted Date: 24 February 2011
• Respondent State: Ecuador
• Case Type: Cases in the Court
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Marco Bienvenido Palma Mendoza y otros

INTER - AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

WASHINGTON, D.C. 2 0 0 0 6 EEUU

24 de febrero de 2011

Ref.: Caso No. 12.004

Marco Bienvenido Palma Mendoza y otros

Ecuador

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de

Derechos Humanos, el caso No. 12.044, M..B..P.M. a y otros, respecto de la

República de Ecuador (en adelante “el Estado” o “el Estado ecuatoriano”). El Estado ratificó la

Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1977 y aceptó la jurisdicción

contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.

La Comisión ha designado a la Comisionada L.P..M. y al Secretario Ejecutivo de la

CIDH S.A.C., como sus delegados. A.smo, E.A., Secretaria

Ejecutiva Adjunta, L.C. y N.A., abogadas de l a Secretaría Ejecutiv a de la CIDH, han

sido designadas como asesoras legales.

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión

adjunta a la presente comunicación una copia del informe Nº 119/10 elaborado en observancia del

artículo 50 de la Convención Americana, así como copia de la totalidad del expediente ante l a

Comisión Interamericana. El informe de fondo de 22 de octubre de 2010 fue notificado al Estado

mediante comunicación de 24 de noviembre de 2010, otorgándole un plazo de dos meses para

informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El plazo transcurrió sin que el Estado

presentara información sobre el cumplimiento a las recomendaciones.

Señor

P.S.A., Secretario

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Apartado 6906-1000

San José, Costa Rica

Anexos

2

La Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana en razón de

la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y la consecuente necesidad de

obtención de justicia en el presente caso. Como se acreditó a lo largo del informe de fondo, el

Estado ecuatoriano es responsable por no proveer una posibilidad real de interponer un recurso

sencillo y rápido que permitiera alcanzar la protección judicial requerida en el caso. Así, los dos

recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares del señor P..M. fueron

ineficaces para dar con su paradero, toda vez que la interposición del recurso no provocó que las

autoridades competentes efectuaran diligencias mínimas necesarias para dar con el paradero del

señor Palma de manera inmediata. A pesar de la presencia de varios testigos y de que los hechos

ocurrieron a la vista de personal de una agencia estatal (Servicio Ecuatoriano de Capacitación

Profesional), las autoridades estatales se limitaron a librar órdenes que no tuvieron resultados ni

ayudaron a prevenir el asesinato del señor P., que ocurrió cinco días después de su secuestro.

La CIDH considera que el derecho a un recurso judicial efectivo implicaba la correlativa

obligación del Estado de realizar una búsqueda seria, empleando todos los esfuerzos posibles para

determinar, a la brevedad, el paradero de la persona cuya desaparición o secuestro se denunció por

parte de sus familiares. Por otra parte, la CIDH destaca que la obligación de investigar y sancionar

todo hecho que implique violación de los derechos protegidos por la Convención requiere que se

castigue no sólo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de tales hechos y

a los encubridores. En este sentido, las autoridades judiciales sobreseyeron a los supuestos autores

intelectuales del secuestro y asesinato de los señores Palm a, basados en el desistimiento de la

acusación particular de algunos de sus familiares y no en elementos de convicción, a pesar de que

se trataba de delitos perseguibles de oficio.

La Comisión considera necesario que en el análisis del presente caso, la Corte

Interamericana tome en especial consideración la situación generalizada de falta de debida diligencia

e impunidad respecto de la investigación de los hechos del presente caso que condiciona la

protección de los derechos en cuestión. Asimismo, el retardo en las actuaciones judiciales

constituye una violación del deber del Estado de esclarecer los hechos, juzgar y sancionar a los

responsables de las graves violaciones cometidas conforme a los estándares de plazo razonable y

protección judicial efectiva.

En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana solicita a la Corte que concluya y declare

la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal,

garantías y protección judiciales y vida, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 en relación al artículo

4 de la Convención Americana, tonos ellos en conexión con incumplimiento de los artículos 1.1 y 2,

del mencionado instrumento, en perjuicio de: L.B.B., L.P.B., N..o..P.

.

M., R..P.B., P..M.A., C..P., V.P. y P.

.

P.P..

En consecuencia, la Comisión le solicita a la Corte Interamericana que disponga que el

Estado ecuatoriano adopte las siguientes medidas de reparación:

1. Realizar una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos

denunciados a fin de juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, de las

violaciones a los derechos hum anos cometidas en perjuicio de Marco Bienvenido Palma M endoza y

sus familiares.

2. Adoptar las medidas pertinentes para reparar a los familiares del señor M..

.

B.P.M., tanto en el aspecto material como moral.

3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos

similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en

3

la Convención Americana y, aplicar el mecanismo de búsqueda urgente consagrado en el artículo 90

de la Constitución de 2008, en casos como el presente.

Sobre la identificación de los familiares que deben considerarse víctimas en el presente caso,

la Comisión pone en conocimiento de la Corte Interamericana que al momento de aprobar el informe

119/10, delimitó el universo de víctimas. Sin em bargo, tras la aprobación del informe de fondo, los

peticionarios remitieron a la Comisión un listado más amplio de los familiares del señor P.

.

M..

Finalmente, la Comisión se permite ofrecer la declaración pericial de un perito por definir,

quien declarará sobre para abordar la temática relacionada con la tutela judicial efectiva: el derecho

a gozar de un recurso efectivo, las diligencias mínimas necesarias para dar con el paradero de una

persona cuya desaparición o secuestro se han denunciado, así como la ausencia de respuestas

eficaces por parte del poder judicial ecuatoriano. Se adjunta como anexo el curriculum vitae del

perito propuesto por la CIDH.

Finalmente, los peticionarios manifestaron el interés de las víctimas en el sometimiento del

presente caso a la Corte Interamericana e inform aron que los representantes de las víctimas son:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

Carlos Ibarra 176 y Av. 10 de Agosto

Apartado 1703-720

Quito, Ecuador

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxxxxxx

E.: xxxxxxxxxxx

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Firmado en el original

Elizabeth Abi-Mershed

Secretaria Ejecutiva Adjunta