Derecho a la Integridad Personal
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II. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL2
Infracción al deber de prevenir las violaciones del derecho a la integridad personal, en el marco de las
desapariciones forzadas
Cuando nos encontramos frente a una política de Estado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en la
que sus agentes ocultan los hechos para asegurar su impunidad, resulta sumamente difícil, en un caso particular, llegar a
conocer lo que realmente sucedió tras una desaparición forzada. En tal evento, son reducidas las posibilidades de comprobar
caso Anzualdo Castro,
sola circunstancia de que la supuesta víctima haya sido sometida a cuerpos represivos que practicaran estas violaciones,
constituye una infracción al deber de prevención de los derechos mencionados:
. (Caso Anzualdo Castro, párr. 85)
III. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL3
1. La desaparición forzada como violación múltiple de derechos y el carácter jus cogens de su prohibición
Si bien la desaparición forzada constituye una de las formas más graves de vulneración del derecho a la libertad
personal, no debemos perder de vista que su conculcación representa el comienzo de una violación múltiple, compleja y
continuada, que se extiende en tanto se desconozca el paradero de la presunta víctima4. En el caso Anzualdo Castro, la Corte
IDH reitera su jurisprudencia constante5, en el sentido de considerar la desaparición forzada como una violación múltiple de
derechos humanos:
. (Caso Anzualdo Castro, párr. 59)
Desde el caso Velásquez Rodríguez, la Corte IDH ha señalado que la desaparición forzada de personas constituye una
violación no sólo del derecho a la libertad personal6, sino que también del derecho a la integridad física y psíquica7, y del derecho
a la vida8. En el caso Anzualdo Castro (párrs. 87 a 101) la Corte IDH agrega un nuevo elemento a dicha jurisprudencia, al
violación del derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, contenido en el art. 3 de la Convención.
2 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tr atada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas
no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6.
3 Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2.
leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6.
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada
abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
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5
2004, Serie C No. 118, párr. 100; y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, Serie C No. 186, párr. 112. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008,
Serie C No. 191, párr. 54 y 56.
6 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 4, párr. 155.
7 Ibídem, párr. 156.
8 Ibídem, párr. 157.
