Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

• Pages: 111-162

Preámbulo

Los Estados Parte en la presente Convención,

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la

corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las ins-

tituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer

el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de de-

lincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica,

incluido el blanqueo de dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas canti-

dades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los

recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo

sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para

convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y

economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y

luchar contra ella,

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario

para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede

desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condi-

ciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas

fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente

nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio

de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias

internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación

internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales

y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son respon-

sabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo

y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como

111

ANEXO III

la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de

base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y

los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la

necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de

la corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y

la lucha contra la corrupción,

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales

en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera

(también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa,

la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la

Unión Europea,

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encami-

nados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros, la Convención

Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados

Americanos el 29 de marzo de 1996 (4), el Convenio relativo a la lucha contra los

actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades

Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo

de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997 (5), el Convenio sobre la lucha contra

el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comer-

ciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos el 21 de noviembre de 1997 (6), el Convenio de derecho penal sobre

la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27

de enero de 1999 (7), el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado

por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999

(8) y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción,

aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de

julio de 2003,

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003,

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (9),

Han convenido en lo siguiente:

112

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Finalidad

La finalidad de la presente Convención es:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y

eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica

en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de

activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión

de los asuntos y los bienes públicos.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Convención:

a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo

legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea

designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea

cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona

que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o

una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en

el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del

ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida

como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Par te. No

obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el

capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario

público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un

servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Par te y

se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado

Parte;

b) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que ocupe

un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero,

ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública

para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa

pública;

c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderá un

empleado público internacional o toda persona que tal organización haya

autorizado a actuar en su nombre;

113

ANEXO III

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incor-

porales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o

instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre

dichos activos;

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados

u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal

de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia

o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal

u otra autoridad competente;

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes

por orden de un tribunal u otra autoridad competente;

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un

producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el

artículo 23 de la presente Convención;

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que

remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados,

lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de

sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar

a las personas involucradas en su comisión.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones,

a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al

embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto

de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una

disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en

ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo 4

Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente

Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e inte-

gridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos

internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte

para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el

derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

114

CAPÍTULO II

MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 5

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su

ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas

coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación

de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión

de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia

y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces

encaminadas a prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurí-

dicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son

adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios

fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las

organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción

y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa

colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos

internacionales destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6

Órgano u órganos de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su

ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según

proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la

presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación

de la puesta en práctica de esas políticas;

b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención

de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el

párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad

con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan

desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida.

Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado

que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda

requerir para el desempeño de sus funciones.

115

ANEXO III

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas

el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar

a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención

de la corrupción.

Artículo 7

Sector público

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios

fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de

convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados

públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o

mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos:

a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios

objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;

b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los

titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables

a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas

a otros cargos;

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas,

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;

d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan

cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de

sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada

para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes

al desempeño de sus funciones.

Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en

las esferas pertinentes.

2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas

legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de

la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales

de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y

elección a cargos públicos.

3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas

legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos

de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamen-

tales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la

financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda,

respecto de la financiación de los partidos políticos.

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de

su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la

116

transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer

dichos sistemas.

Artículo 8

Códigos de conducta para funcionarios públicos

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad

con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá,

entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus

funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordena-

mientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el

correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado

Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales

de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de

las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el

Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que

figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de

diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios

fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas

y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto

de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento

de ellos en el ejercicio de sus funciones.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los

principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y

sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a

las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus activi-

dades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios

importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de

sus atribuciones como funcionarios públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con

los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias

o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos

o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Artículo 9

Contratación pública y gestión de la hacienda pública

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de

su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer

sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia,

117

ANEXO III

la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean

eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas,

en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados,

deberán abordar, entre otras cosas:

a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de con-

tratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e

información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos,

a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente

para preparar y presentar sus ofertas;

b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos

criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su

publicación;

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción

de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior

verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de

apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de

que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme

al presente párrafo;

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones

relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular

declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones pú-

blicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de

su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la

transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda

pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:

a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;

b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;

c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión

correspondiente;

d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y

e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incum-

plimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su

derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos

civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros con-

tables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos

e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.

118

Artículo 10

Información pública

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte,

de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adop-

tará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su

administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento

y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán

incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público

en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el

funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administra-

ción pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los

datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al

público;

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda,

a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la

adopción de decisiones; y

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre

los riesgos de corrupción en su administración pública.

Artículo 11

Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo

en la lucha contra la corrupción, cada Estado Par te, de conformidad con

los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo

de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la

integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del

poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta

de los miembros del poder judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico

fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados

Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce de

independencia análoga.

Artículo 12

Sector privado

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su

derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar

las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando

proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, pro-

porcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

119

ANEXO III

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre

otras cosas, en:

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer

cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;

b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a

salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos

códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de

las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para

la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción

del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las

relaciones contractuales de las empresas con el Estado;

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando

proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y na-

turales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las

entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión

de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades

comerciales;

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropia-

das, durante un período razonable, a las actividades profesionales de

ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en

el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades

o esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones

desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante

su permanencia en el cargo;

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estruc-

tura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos

para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que

las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas

privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de au ditoría y

certificación.

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que

sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos

al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros

y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos

realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con

arreglo a la presente Convención:

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;

b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;

c) El registro de gastos inexistentes;

120

d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta

de su objeto;

e) La utilización de documentos falsos, y

f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del

plazo previsto en la ley.

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que

constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos

tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención

y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto

promover un comportamiento corrupto.

Artículo 13

Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que

disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho

interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no

pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no

gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la pre-

vención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública

con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así

como a la amenaza que ésta representa.

Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía

a los procesos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia

con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos

programas escolares y universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar

y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar

sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas

por la ley y ser necesarias para: i) Garantizar el respeto de los derechos

o la reputación de terceros; ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el

orden público, o la salud o la moral públicas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el

público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la

corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso

a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de

cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito

tipificado con arreglo a la presente Convención.

121

ANEXO III

Artículo 14

Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión

de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las

personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficio-

sos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros

órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente

susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir

y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen

se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente

y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros

y a la denuncia de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente

Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y

cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir

el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al

derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar

e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de

conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a

tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inte-

ligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis

y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de

dinero.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables

para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos

negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la

debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circu-

lación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que

los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias

transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables

pertinentes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas

y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten

dinero, que: a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de

fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;

b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y c) Examinen

de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no contengan

información completa sobre el remitente.

4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo

al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de

la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía

122

las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y

multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación

a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades

judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de

combatir el blanqueo de dinero.

CAPÍTULO III

PENALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 15

Soborno de funcionarios públicos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio pro-

vecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario

actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o

indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en

el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se

abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Artículo 16

Soborno de funcionarios públicos extranjeros y

de funcionarios de organizaciones internacionales públicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente,

la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta,

a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización

internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio

provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario

actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para

obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido

en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislati-

vas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se

cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público

extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho

o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o

se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.

123

ANEXO III

Artículo 17

Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas

de desviación de bienes por un funcionario público

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la

malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación

por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades,

de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que

se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.

Artículo 18

Tráfico de influencias

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y

de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan

intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a

cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido

con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia

real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado

Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original

del acto o de cualquier otra persona;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona,

en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su

provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la

persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una admi-

nistración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.

Artículo 19

Abuso de funciones

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas

y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa

intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u

omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en

el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí

mismo o para otra persona o entidad.

Artículo 20

Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento

jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas

124

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando

se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento

significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos

legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.

Artículo 21

Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislati-

vas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se

cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras

o comerciales:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta,

a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier

función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho

o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus

funciones, actúe o se abstenga de actuar;

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que

dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de

un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra

persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe

o se abstenga de actuar.

Artículo 22

Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislati-

vas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se

cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras

o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una

entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera

bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan

confiado a esa persona por razón de su cargo.

Artículo 23

Blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales

de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean ne-

cesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos

bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el

origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en

la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas

125

ANEXO III

de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza,

el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de

bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes

son producto del delito;

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el

momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La parti-

cipación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con

arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación

para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la

facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente

artículo:

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a

la gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo,

una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención;

c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se

incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción

del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera

de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante

siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al

derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese

asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que

aplique o ponga en práctica el presente ar tículo si el delito se hubiese

cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones

Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente

artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una

descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de

un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el

párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan

cometido el delito determinante.

Artículo 24

Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada

Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de

126

otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan

intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con

arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el encu-

brimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes

son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención.

Artículo 25

Obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el

ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a

una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación

de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación

con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el

cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia

o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la

comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de

los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías

de funcionarios públicos.

Artículo 26

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en conso-

nancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de

personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a

la presente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad

de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que

incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones pena-

les o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones

monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo

al presente artículo.

127

ANEXO III

Artículo 27

Participación y tentativa

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole

que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su

derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice,

colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente

Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole

que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su de-

recho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la

presente Convención.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que

sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho

interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado con arreglo

a la presente Convención.

Artículo 28

Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento

de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de

circunstancias fácticas objetivas.

Artículo 29

Prescripción

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho

interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera

de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un

plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya

eludido la administración de justicia.

Artículo 30

Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo

a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad

de esos delitos.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer

o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios

constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o

prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el

cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder

128

efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos

tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales

discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación

con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la

presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas

para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente

en cuenta la necesidad de prevenirlos.

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención,

cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su

derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de

la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación

con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se

tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en

todo procedimiento penal ulterior.

5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes

al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la liber-

tad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos

delitos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en

que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento

jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea

acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda,

cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad

correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de

inocencia.

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea

concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,

cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos

para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un

período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención para:

a) Ejercer cargos públicos; y

b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del

Estado.

8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades

disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos.

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que

la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios

jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la

129

ANEXO III

legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados

Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de

conformidad con ese derecho.

10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas

condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 31

Embargo preventivo, incautación y decomiso

1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su orde-

namiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar

el decomiso:

a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención

o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a uti-

lizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir

la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de

cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo

con miras a su eventual decomiso.

3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las

medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la

administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes

embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y

2 del presente artículo.

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial

o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables

a dicho producto a tenor del presente artículo.

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de

fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado

del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de

embargo preventivo o incautación.

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de

bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de

bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también

serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma

manera y en el mismo grado que el producto del delito.

7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente

Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras auto-

ridades competentes para ordenar la presentaci ón o la incautación de

130

documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no

podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo ampa-

rándose en el secreto bancario.

8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente

que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros

bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los

principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso

judicial u otros procesos.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de

los derechos de terceros de buena fe.

10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que

las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el

derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 32

Protección de testigos, peritos y víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su

ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger

de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los

testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arre-

glo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y

demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir,

entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho

a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,

incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permi-

tir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información

sobre su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos

presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas,

por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comuni-

cación como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos

con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el

párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas

en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se

presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en

131

ANEXO III

etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin

que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 33

Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento

jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato

injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de

buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos

tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 34

Consecuencias de los actos de corrupción

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros,

cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su dere-

cho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de

corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción

un factor per tinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar

sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante,

o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Artículo 35

Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con

los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas

perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a

iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin

de obtener indemnización.

Artículo 36

Autoridades especializadas

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su orde-

namiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas

especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva

de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia

necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico

del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y

sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal

de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el

desempeño de sus funciones.

132

Artículo 37

Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las perso-

nas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados

con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades

competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que

les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los

delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados,

la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación

sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados

con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad

con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de

inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la

investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la

presente Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el

artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se

encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a

las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte intere-

sados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de

conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión,

por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente

artículo.

Artículo 38

Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad

con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, sus orga-

nismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos

encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá incluir:

a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando

haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los

delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente

Convención; o

b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa

solicitud.

133

ANEXO III

Artículo 39

Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con

su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales

de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector

privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas

a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales y

demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar

ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la

comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 40

Secreto bancario

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacio-

nales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su

ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo

que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa

al secreto bancario.

Artículo 41

Antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean

necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime

apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente

en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas

a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 42

Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer

su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una

aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un

Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales

delitos cuando:

134

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona

apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o

c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del

apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y

se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de

su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del

apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de

la presente Convención; o

d) El delito se cometa contra el Estado Parte.

3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte

adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción

respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención

cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado

Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias

para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo

a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su

territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó

2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por

otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investiga-

ción, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos,

las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según

proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente

Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas

por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

CAPÍTULO IV

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 43

Cooperación internacional

1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto

en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y esté

en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte

considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones

y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas

relacionadas con la corrupción.

135

ANEXO III

2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación

sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva

del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la

legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del

Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan

con la misma terminología que el Estado Parte requirente.

Artículo 44

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente

Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de

extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre

y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al

derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados

Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona

por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención que

no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.

3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos

uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y

algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad

que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a

la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente

artículo también respecto de esos delitos.

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se conside-

rará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de

extradición vigente entre los Estados Parte. Éstos se comprometen a incluir

tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que

celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso

de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no consi-

derarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a

la presente Convención.

5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado

recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vin-

cula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención

como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se

aplica el presente artículo.

6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado

deberá:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación

o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar

136

al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la

presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia

de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente

Convención; y b) Si no considera la presente Convención como la base

jurídica de la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando

proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Par te en

la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.

7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado

reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa

de extradición entre ellos.

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno

del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, inclui-

das, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para

la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede

denegar la extradición.

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agili-

zar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios

correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica

el presente artículo.

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de ex-

tradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que

las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del

Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en

su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas

para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de

extradición.

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si

no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por

el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solici-

tud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora

injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.

Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones

judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro

delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte.

Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que

respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la

eficiencia de dichas actuaciones.

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o

entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa

persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta

como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o

la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición

137

ANEXO III

acepten esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada,

tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida

la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es

denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte

requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requi-

sitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente,

la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha

condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda

persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con

cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el

goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del

Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la

imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene

motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin

de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, na-

cionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría

perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente

porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda,

consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presen-

tar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y

multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 45

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos

bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya

sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación de libertad por algún delito

tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla allí su condena.

Artículo 46

Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca

respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados

con los delitos comprendidos en la presente Convención.

138

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible confor-

me a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte

requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales

relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser

considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente

Convención en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente

artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

b) Presentar documentos judiciales;

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

d) Examinar objetos y lugares;

e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de

peritos;

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expe-

dientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y

financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades

mercantiles;

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos

u otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte

requirente; i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el

derecho interno del Estado Parte requerido;

j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del

delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente

Convención;

k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V

de la presente Convención.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un

Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir infor-

mación relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro

Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a

emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría

dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo

a la presente Convención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se

hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar

en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información.

139

ANEXO III

Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder

a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso tempo-

ralmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo,

ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones,

información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el

Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar

dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor.

Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado

Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha

revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes

de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total

o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que

se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre

los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca.

Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole

se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que

los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29

del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Par te a que

apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia

judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en

ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta

la finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;

b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al

presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obs-

tante, el Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los

conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que

no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando

la solicitud entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las

cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de

otras disposiciones de la presente Convención;

c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar

la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar

una asistencia más amplia con arreglo al presente artículo.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el

territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado

Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude

de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones,

procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la

140

presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones

siguientes:

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,

con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y

la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que

ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación

su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha

sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las

autoridades competentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado

Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición

para su devolución;

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte

al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha

de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de

conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo,

dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada,

detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad

personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con

actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado

del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir

solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumpli-

miento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.

Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga

de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá

designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para

dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido

y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando

la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su

ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte

de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de

las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratifi-

cación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión

a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin.

141

ANEXO III

Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación

pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los

Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera

de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean

enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados

Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de

Policía Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier

medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el

Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte

determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General

de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratifi-

cación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a

ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y

cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse

oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones

judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la

autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o

actuaciones;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solici-

tudes de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier

procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se

aplique;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona

interesada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea ne-

cesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho

interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado

Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible,

de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del

derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un

Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante

142

autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud

del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si

no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca per-

sonalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte

podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial

del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del

Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento

del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas

por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones

judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en

el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus

actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona

acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado

Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le

solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional,

no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará

sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido man-

tenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en

la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido

no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte

requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el

presente artículo;

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de

lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden

público u otros intereses fundamentales;

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus au-

toridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo,

si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones

judiciales en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del

Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial

recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña

cuestiones tributarias.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse

debidamente.

143

ANEXO III

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recí-

proca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus

posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén

debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte

requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de

las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha

petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables

que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del

trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud al

Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido

si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del

presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25

del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte

requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada

supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte

requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado

Parte deberá cumplir las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo,

perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta

en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso

o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser

enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de

su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones

de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado

Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra

persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período

acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya

informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su

presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca volun-

tariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo

abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán

sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte

interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos

cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán

para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud,

así como la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos

oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los

144

que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en

general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apro-

piadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial

de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren

en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance

del público en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de

celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a

lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen

sus disposiciones.

Artículo 47

Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales

para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención

cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debida adminis-

tración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones,

con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Artículo 48

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus res-

pectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la

eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los

delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados

Parte adoptarán medidas eficaces para:

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos

y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de

facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los

aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así

como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus

vinculaciones con otras actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con

respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente

implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la

comisión de esos delitos; iii) El movimiento de bienes, equipo u otros

instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos

delitos;

145

ANEXO III

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sus-

tancias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Par te

sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de

los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso

de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros

medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;

e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades

y servicios competentes y promo ver el intercambio de personal y

otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con

sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales ent re los E stados Par te

interesados;

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra

índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos

en la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán

la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en

materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados

de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de

enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte

interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente Convención

constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento

de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención.

Cuando proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuerdos

y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin

de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados

de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilida-

des para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convención

que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.

Artículo 49

Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos

bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones

que son objeto de investigaciones, proceso s o actuaciones j udiciales en uno

o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos

mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investiga-

ciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados

caso por caso. Los Estados Parte par ticipantes velar án por que la sobera nía

del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea

plenamente respetada.

146

Artículo 50

Técnicas especiales de investigación

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida

en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico

interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno,

adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades,

para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su

territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras

técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra

índole y las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad

de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención,

se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o

arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas

especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano inter-

nacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando

plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos

en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente

artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en

el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá,

cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendi-

mientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá,

con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación

de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a

proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

CAPÍTULO V

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Artículo 51

Disposición general

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio funda-

mental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia

cooperación y asistencia entre sí a este respecto.

Artículo 52

Prevención y detección de transferencias del producto del delito

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención,

cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformi-

147

ANEXO III

dad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que

funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten

medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales

de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su

escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas

que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y

de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado

deberá estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir tran-

sacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades

competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida

el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima

clientela.

2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del

presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno

e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regiona-

les, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero,

deberá:

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas

cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán

someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a

las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de

abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y

b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan

en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la

identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas

esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de

las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.

3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada

Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financie-

ras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las

cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el

párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo,

información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible,

del beneficiario final.

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos

tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará

medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos regu-

ladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia

real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además,

los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones

financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en ca-

lidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que

se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras

148

que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que

no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad

con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información

financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones

adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado

Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean

necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa

información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello

es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos

tipificados con arreglo a la presente Convención.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean

necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios

públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra

índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren

su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el

debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones

adecuadas para todo caso de incumplimiento.

Artículo 53

Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados

Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de deter-

minar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión

de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales

para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la

presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro

Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y

c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales

o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con

respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de

otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un

delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 54

Mecanismos de recuperación de bienes mediante

la cooperación internacional para fines de decomiso

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme

a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a

149

ANEXO III

bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a

la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con

su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades

competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por

un tribunal de otro Estado Parte;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades

competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso

de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito

de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener

jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho

interno; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias

para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena,

en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de

fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada

con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente

Convención, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades

competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación

de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o in-

cautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado

Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el

Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para

adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una

orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente

artículo;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades

competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de

bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento

razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen

razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los

bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado

a) del párrafo 1 del presente artículo; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus

autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de

decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de

detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos

bienes.

150

Artículo 55

Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga

jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente

Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el

equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de

la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la

mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden

de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cum-

plimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un

tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad

con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del

párrafo 1 del artículo 54 de la presente Convención en la medida en

que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u

otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se

encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción

para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, el

Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la

localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito,

los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del

artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso,

que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie

una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el

Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables,

mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información indicada

en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de conformidad

con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del

presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso,

así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el

valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se

basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente

explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden

con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del

presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso

expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una

151

ANEXO III

exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado

de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se

indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar

notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido

proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo,

una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente

y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se dis-

ponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso

en la que se basa la solicitud.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los

párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto

en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos

o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al

Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones

Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al

presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes

y reglamentos o una descripción de ésta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas menciona-

das en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado

pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la

base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar,

o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido

no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso

valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el

presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible,

dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a

favor de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de

los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 56

Cooperación especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará

adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no la haya

solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales,

información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente

152

Convención si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al

Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones

o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a

que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo

de la Convención.

Artículo 57

Restitución y disposición de activos

1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme

a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida

la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3

del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente

Convención y con su derecho interno.

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales

de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean

necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la

restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada

por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo

en cuenta los derechos de terceros de buena fe.

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con

los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:

a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de

fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17

y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los

bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo

a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base

de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito

al que podrá renunciar el Estado Parte requerido;

b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido

en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes

decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base

de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito

al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado

Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requeri-

do su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte

requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente

como base para la restitución de los bienes decomisados;

c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución

al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de

esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización

de las víctimas del delito.

153

ANEXO III

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado

Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el

curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la

restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto

en el presente artículo.

5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial

a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables,

sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definitiva

de los bienes decomisados.

Artículo 58

Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transfe-

rencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención

y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal fin,

considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia

financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autorida-

des competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras

sospechosas.

Artículo 59

Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos

bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación inter-

nacional prestada de conformidad con el presente capítulo de la Convención.

CAPÍTULO VI

ASISTENCIA TÉCNICA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Artículo 60

Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o

perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos

para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la

corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras

cosas, sobre:

a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y com-

batir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e

investigación;

b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política

estratégica contra la corrupción;

154

c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de

solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos

de la presente Convención;

d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la fun-

ción pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación

pública, así como del sector privado;

e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos

tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho

producto;

f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de

delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo

a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la

transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;

h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes

para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo

a la presente Convención;

i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que co-

operen con las autoridades judiciales; y

j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y

en idiomas.

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la po-

sibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en

favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas

para combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en

las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como

capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conoci-

mientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre

los Estados Parte en las esferas de la extradición y la asistencia judicial

recíproca.

3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos para

optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizacio-

nes internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos

bilaterales y multilaterales pertinentes.

4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse

entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre

los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos

países con miras a elaborar, con la participación de las autoridades

competentes y de la sociedad, estrategia s y planes d e acción cont ra la

corrupción.

155

ANEXO III

5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con arreglo

a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar facilitándose

los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese objetivo.

6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización

de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales

para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los

debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y nece-

sidades especiales de los países en desarrollo y los países con economías

en transición.

7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos

voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los

países en desarrollo y los países con economías en transición para aplicar

la presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia

técnica.

8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones volun-

tarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el

propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos en

los países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención.

Artículo 61

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con

expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las

circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir,

entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales,

estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información

con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y

metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas

para prevenir y combatir la corrupción.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas

en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y

eficiencia.

Artículo 62

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante

el desarrollo económico y la asistencia técnica

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima

de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación

internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupción en

la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

156

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y

en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales

y regionales, por:

a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en

desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para

prevenir y combatir la corrupción;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos

de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con efi-

cacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con

economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades

relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los

Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas

y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos

en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a

su derecho interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados

Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de

ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la

suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados

conforme a lo dispuesto en la Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según

proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo

al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de

programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo

a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes

en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera

en los ámbitos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multila-

terales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos

financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional

prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la

corrupción.

CAPÍTULO VII

MECANISMOS DE APLICACIÓN

Artículo 63

Conferencia de los Estados Parte en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin

de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre ellos

157

ANEXO III

para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover

y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de

los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de

la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas

de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en

las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas

que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo,

incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores

y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.

4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimien-

tos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el

párrafo 1 del presente artículo, y en particular:

a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a

los artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención,

incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;

b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre las

modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces

para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto

del delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información

pertinente mencionada en el presente artículo;

c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales

y organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por

otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir

y prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de

actividades;

e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por

sus Estados Parte;

f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su

aplicación;

g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados

Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y reco-

mendará las medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados

Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de

las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación de la

presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y

158

de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los

Estados Parte.

6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte infor-

mación sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas

legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención,

según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de

los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y

procesar la información, incluida la que reciba de los Estados Parte y de

organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar

las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes

debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la

Conferencia de los Estados Parte.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia

de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un mecanis-

mo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la presente

Convención.

Artículo 64

Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secre-

taría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

2. La secretaría:

a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realización

de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente Convención

y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados

Parte y les proporcionará los servicios necesarios;

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro

de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto

en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras orga-

nizaciones internacionales y regionales pertinentes.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 65

Aplicación de la Convención

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamen-

tales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas

medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de

sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

159

ANEXO III

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que

las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la

corrupción.

Artículo 66

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada

con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la

negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación

o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante

la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de

esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la

fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse

de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados

Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante

solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación

o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella, declarar

que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los

demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente

artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Par te que haya hecho una reserva de conformidad con el párra-

fo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva

notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 67

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 9

al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en

la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de

2005.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organiza-

ciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de

los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente

Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente

artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación.

Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en

poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones

regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de

160

ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados

miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratifica-

ción, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance

de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente

Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario

cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados

u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo

menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los

instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General

de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones

regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia

con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas

organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación

pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 68

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la

fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación,

aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los

instrumentos depositados por una organización regional de integración eco-

nómica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados

miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que rati-

fique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después

de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación,

aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo

día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado

el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al

párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 69

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente

Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al

Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará

toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados

Parte en la Convención para que la examinen y adopten una decisión al res-

pecto. La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr

un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades

de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de

la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los

161

ANEXO III

Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los

Estados Parte.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su

competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artícu-

lo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que

sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán

su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente ar-

tículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados

Parte.

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente

artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después

de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las

Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación

de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte

que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte

quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cual-

quier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 70

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante noti-

ficación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia

surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya

recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes

en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados

miembros.

Artículo 71

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente

Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, español,

francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder del

Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente

autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente

Convención.

162