El Congreso Nacional de Chile y el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

AuthorBaeza Freer, Jaime
PositionEnsayo

The National Congress of Chile and the ratification of the Free Trade Agreement with the United States of America

  1. INTRODUCCIÓN

    A partir de su democratización, en la década de 1990, Chile puso en práctica un agresivo programa en el que se suscribieron 56 tratados de libre comercio con economías de todo el mundo, incluyendo México, Canadá, India, Australia, China y la Unión Europea. La actitud chilena en favor del libre comercio se vio impulsada por el apoyo de los principales partidos políticos representados en el Congreso y por la tolerancia de las asociaciones empresariales y otras organizaciones promercado del país. En ese contexto, no se han producido grandes diferencias entre las dos principales coaliciones representadas en el Congreso: la Concertación, de centro-izquierda gobernante, y la Alianza, de derecha. La primera adhirió al modelo económico neoliberal heredado del régimen militar, mientras que muchos de la segunda se contaron entre los principales promotores del sistema dentro del régimen.

    Por otra parte, se había producido un verdadero traspaso entre los líderes de las asociaciones empresariales y el antiguo régimen. Como élite, las familias que constituían la aristocracia desde la época colonial abandonaron la política en los años noventa y reorganizaron su influencia en la sociedad mediante la propiedad de las principales empresas o su participación en el directorio de grandes compañías y asociaciones empresariales. En este sentido, sus intereses han estado representados en el escenario político mediante la actividad de los partidos de derecha, sobre todo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), domicilio político de la mayor parte del núcleo duro de reformadores económicos neoliberales, especialmente desde mediados de los años ochenta.

    En ese contexto, el debate histórico sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Congreso Nacional permitió que los miembros de la alianza de oposición expresaran una vez más su apoyo al libre mercado y al capitalismo como modelo económico, que permite obtener resultados a través de la apertura de los mercados y la eliminación de los subsidios y las bandas de precios para productos determinados.

    Sin embargo, el presente trabajo revela que muchos de los diputados votaron en contra o no se pronunciaron favorablemente debido a una doble alianza: por un lado a nivel de electores, puesto que estos parlamentarios mantienen diversos vínculos con las organizaciones agrícolas pequeñas y medianas; mientras que por el otro están obligados a seguir defendiendo el sistema económico y su relación con las asociaciones empresariales más importantes, como la poderosa Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) o la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), entre otras.

    Más allá del caso particular de la derecha, el estudio sostiene que las barreras ideológicas anteriores, propias de los días de la Guerra Fría, no afectaron la aprobación del tratado por la mayoría de los miembros de la centro-izquierda y de la izquierda de la Cámara de Diputados. En realidad, el único voto en contra también representaba a una circunscripción agrícola. Sin embargo, muchos otros parlamentarios de la Concertación gobernante se abstuvieron o no asistieron a la sesión, más que nada para no aparecer vetando a su propio gobierno. También para contribuir a la idea de defender las bandas de precios y los intereses de los empresarios agrícolas medianos y pequeños de sus circunscripciones.

    Por lo tanto, Chile constituye una posibilidad interesante en lo que se refiere a elegir casos de estudio. Se puede demostrar que la principal fuente del rechazo al TLC con Estados Unidos no fueron las barreras ideológicas o el rechazo de la globalización o el capitalismo, sino la protección de los subsidios, las bandas de precios y otras prerrogativas de las que disfrutaba la clientela política en los distritos electorales de todos los partidos políticos, en especial de la derecha, que históricamente ha tenido una presencia destacada.

    Para comenzar, se describe la élite política y económica del país desde el fin del régimen de Pinochet, en 1990. A continuación se examina la composición de la Cámara de Diputados, su procedencia geográfica y la forma en que votaron el tratado. A partir de estos elementos se construyó un modelo de regresión logística, que puede explicar cuantitativamente las razones del rechazo o abstención en la votación del tratado. Se incluye una explicación de por qué el resultado no puede explicarse mediante un modelo de actores con veto, puesto que más allá de la clara victoria del gobierno, que obtuvo la mayoría de votos en la Cámara de Diputados (86 votos de un total de sus 120 miembros), lo principal fueron las razones y la posición de quienes se oponían al tratado.

  2. COMPOSICIÓN DE LA ÉLITE ECONÓMICA Y POLÍTICA DE CHILE Y SU INFLUENCIA EN EL RESULTADO HISTÓRICO

    A partir de 1990, el proceso democrático chileno había dado muestras de altos niveles de estabilidad política y consenso en la aplicación de políticas públicas, que habían abierto aún más la economía y mejorado las condiciones de vida de la población. Además, en general todos los actores políticos están de acuerdo en que la economía de libre mercado y la democracia representativa son el sistema político-económico adecuado. Sin embargo, la relación entre los grandes empresarios y las autoridades públicas ha sido más problemática, ya que desde antes de 1990 la élite tradicional se benefició de él de tal manera, que se dijo que la colusión se explica por:

    la existencia de relaciones de puerta giratoria entre los cargos ejecutivos y aquellos de las empresas, como sucedió en Chile durante la expansión de los grupos, o mediante los canales de acceso directo de que disfrutaba un número reducido de empresas (Schamis, 1999: 251).

    Las pruebas reunidas por Schamis incluyen ejemplos concretos de numerosos ex funcionarios públicos que se beneficiaron directamente de los procesos de privatización iniciados a mediados de la década de 1980, bajo el gobierno autoritario de Pinochet. En realidad, a raíz del fin del régimen, los beneficiados con la participación en el directorio de las principales empresas y otros privilegios incluyen al ex ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Felipe Errázuriz; a los ex ministros de Hacienda, Sergio de Castro y Jorge Cauas; el ex ministro de Minería, Sergio Valenzuela; el ex ministro del Trabajo y creador del sistema privado de pensiones, José Piñera, e incluso el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Schamis señala que este proceso de privatización revela la existencia de un patrón colectivo en el que ex altas autoridades políticas lograron participar en los directorios y desempeñar otros cargos ejecutivos importantes, tanto antes como después de haber sido ministros u ocupado otros altos cargos ejecutivos (2002a: 63-65).

    Más allá de lo descrito por Schamis, el autor recuerda un artículo publicado en el conocido semanario conservador chileno Qué Pasa, en 1992. El artículo revela cómo muchas de las más altas ex autoridades, en especial aquellas que habían desempeñado cargos con poder de decisión, formaron parte de los directorios de grandes y principales empresas.

    Los directorios de las principales empresas son clubes seleccionados que unen a muchas personas capaces de llevar a cabo las políticas públicas del Estado, como se demuestra con la gran presencia de ex ministros y personas, cuya reputación es conocida más allá de las fronteras nacionales del país. Prácticamente todos los responsables de la modernización económica de Chile tienen un asiento en esta hermandad. Sergio de Castro (Lan Chile: línea aérea), Carlos Cáceres (Compañía Chilena de Tabaco: el tabaco), José Piñera (Mantos Blancos: minería), Jorge Cauas (ENTEL: telecomunicaciones; CAP: hierro), Felipe Lamarca (Copec: distribución de petróleo y celulosa) y Fernando Léniz (Anagra y Soprole: ambos en la agroindustria), son algunas de la lista. Incluso algunos de ellos están en muchos directorios (Qué Pasa, 4 de mayo de 1992).

    La cita refleja las diversas maneras en que ha variado la naturaleza de la relación entre la política y los negocios desde los años ochenta y durante los noventa. Mientras que antes era habitual que se aplicase una política de puerta giratoria entre un cargo político importante (Cámara, Senado o Gabinete) y el directorio de las empresas, tras el último período de redemocratización el panorama dio un vuelco espectacular. Se ha producido una migración sostenida de la política a los negocios. Al respecto, se construyó una base de datos para analizar el impacto del antiguo régimen y otros políticos del conglomerado a 10 años de iniciada la transición. La relación entre la élite política y el sector empresarial es de larga data y se remonta hasta antes de la dictadura. En este sentido, se realiza una correlación en que se contrasta el primer apellido de las personas que figuran como miembros de los directorios considerados en la muestra, con los que aparecen en todos los períodos históricos, como se muestra en el Cuadro 1.

    Las cifras anteriores permiten establecer dos conclusiones: en primer lugar, se observa un desplazamiento de la élite tradicional desde la política al control de las principales empresas del país. Al respecto, el restablecimiento de la élite que dominó el ámbito político en el último período no democrático fue la coalición de la élite tradicional con empresarios, tecnócratas y militares. Considerando, a efectos del presente estudio, la importancia del sector agrícola, vale la pena observar la lista de apellidos que figuran en la lista de directorios...

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