Chile, Tribunal Constitucional, sentencia No. 220, 13 de agosto de 1995

• Jurisdiction: Chile
• Subject Matter: Trasplante de órganos,Derecho a la vida e integridad física,Muerte encefálica

1. Identificación de la sentencia

Chile, Tribunal Constitucional, sentencia No. 220, 13 de agosto de 1995.

2. Resumen

Un grupo de congresistas presentó un requerimiento de constitucionalidad para que el Tribunal Constitucional

revisara la conformidad de los artículos 7, 10 y 11 del proyecto de ley sobre trasplante de órganos, arguyendo que

los referidos artículos: (i) transgredían las competencias otorgadas al Congreso, (ii) violaban el derecho a la vida y

la integridad física y el principio de igualdad ante la ley. (iii) Delegaban a un reglamento la certificación de la muerte,

asunto que debería ser materia de ley. El Tribunal sostuvo que se debía desestimar la supuesta inconstitucionalidad

fundada en la infracción del artículo 7 de la Constitución, ya que no se habían transferido facultades propias del

poder legislativo. También desestimó la pretendida violación a la garantía de igualdad a la ley y a la vida e integridad

física, pues consideró que no existían dos estados de muerte diferente. Por último, declaró inconstitucional el artículo

11 del proyecto de ley, que delegaba en un reglamento la forma de establecimiento de la muerte encefálica.

3. Hechos

Los accionantes presentaron un requerimiento de constitucionalidad respecto de los artículos 7, 10 y 11 del proyecto

de ley sobre trasplantes de órganos aprobado por el Congreso Nacional. Alegaron que las violaciones de la

Constitución se producían por los siguientes motivos. Primero, consideraron que transgredía el artículo 7 de la

Constitución, puesto que el Congreso facultaba a determinados profesionales para declarar en estado de muerte a una

persona mientras el cuerpo está vivo. Agregaron que los artículos ya mencionados atentaban contra el derecho a la

vida y a la integridad física y psíquica de la persona

1

, puesto que se declaraba como muerto a quien aún tuviera

signos vitales o estos no hubieran cesado de forma permanente e irreversible. Por último, señalaron que resultaba

impugnada la igualdad ante la ley

2

, puesto que la norma consagraría un estado de muerte que solo era aplicable para

los efectos de realizar trasplantes y no al resto de los casos que estaban contemplados en la legislación, es decir,

subsistirían dos calidades de muerte.

El requerimiento fue puesto en conocimiento del Presidente de la República, quien realizó observaciones que

demostrarían la concordancia del proyecto de ley sobre trasplante de órganos y la Constitución. Señaló que el

concepto de muerte encefálica había sido recogido en la legislación desde el año 1982 y que el nuevo proyecto no

alteraba significativamente la situación

3

. En ese sentido, dijo que el legislador se había mostrado competente desde

ese momento para regular la materia sin considerarse bajo ninguna circunstancia que excedía el artículo 7 de la

Constitución. También argumentó que el proyecto no afectaba en absoluto el derecho a la vida e integridad física, ya

que la muerte encefálica era el concepto definitivo, unívoco e inequívoco de muerte. Finalmente, expresó que

tampoco afectaría el principio de igualdad ante la ley, puesto que no se generarían distintos conceptos de muerte

aplicables a algunos casos y a otros no, si no que la muerte encefálica fuera la única clase de muerte existente.

1

Chile, Constitución Política, art. 19 N.1.

2

Chile, Constitución Política, art. 19 N.2.

3

Chile, Código Sanitario, art. 149.

El Tribunal conoció del requerimiento en virtud de su facultad

4

y falló que tanto el artículo 7 como el artículo 10 del

proyecto de ley sobre trasplante de órganos eran constitucionales. No obstante, declaró inconstitucional ciertas frases

del artículo 11 del proyecto de ley.

4. Decisión

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la impugnación de constitucionalidad del proyecto de ley sobre

trasplante de órganos basándose en tres aspectos principales. Primero, si se habían excedido las facultades del

Congreso al entregar la determinación del momento de la muerte a un grupo de médicos con el fin de trasplantar

órganos. Luego, si se había infringido el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución, en relación al artículo 26 de la

misma, al declarar el estado de muerte por un grupo de médicos por encontrarse una persona en la situación de muerte

encefálica. Finalmente, si el artículo 11 del proyecto de ley vulneró el artículo 61 de la Constitución al delegar en un

reglamento la potestad legal de determinar el estado de muerte encefálica.

Respecto del primer punto, desestimó la inconstitucionalidad que se fundaría en una supuesta infracción del artículo

7 de la Constitución, puesto que el proyecto de ley al entregar a un grupo de médicos la determinación del momento

preciso de la muerte no había transferido ninguna facultad propia del Poder Legislativo. Por el contrario, indicó que

había “dado aplicación al artículo 60 N° 3 de la Constitución que señala que son materias de ley las que son objeto

de codificación; en este caso se ha legislado sobre asuntos comprendidos en el Código Sanitario”

5

. Sumado a esto,

señaló que el artículo 11 al exigir la certificación de la muerte sólo establecía la forma de acreditación del hecho, que

debía siempre existir al ser de ocurrencia indeterminable. Así, planteó que resultaba lógico que la certificación sea

otorgada por personas competentes y expertas en la materia como los médicos.

En cuanto a la infracción del artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución por violar el derecho a la vida e integridad

física además de la garantía de igualdad ante la ley, el Tribunal desestimó el requerimiento. Respecto al derecho a la

vida e integridad física, señaló que tras analizar informes científicos concluyeron que la “abolición total e irreversible

de todas las funciones encefálicas constituye la muerte real, definitiva, unívoca e inequívoca del ser humano”

6

. En

relación a la pretendida violación a la garantía de igualdad ante la ley, consideraron que esto no era así, ya que no

existían dos estados de muerte diferentes. Explicó que el proyecto de ley en sus artículos 7 y 10 al señalar “Para los

efectos previstos en esta ley”, se refería a que la declaración de la muerte encefálica era un presupuesto necesario

para la realización del trasplante de órganos, y que el legislador fue estricto en cuanto a los presupuestos para la

declaración de la muerte, por lo que provocará los mismos efectos que pueden existir en la legislación común.

Por último, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 11 del proyecto por delegar en un reglamento la

forma en que se establecía la ocurrencia de la muerte encefálica. Dijo que ello transgredía el artículo 61 de la

Constitución al prohibirle al Congreso delegar sus facultades legislativas en materias referentes a garantías

constitucionales, como por ejemplo, el derecho a la vida que se vería conculcado en el presente caso. Los jueces

4

Chile, Constitución Política, art. 82.

5

Chile, Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 220, 13 de agosto de 1995.

6

Chile, Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 220, 13 de agosto de 1995 .

analizaron el artículo 11 y expusieron que la muerte encefálica debía certificarse por un grupo de médicos

especializados en el área de forma inequívoca y unánime y que los doctores debían certificar el deceso cuando se

hubiese comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas según parámetros clínicos.

Indicaron que los referidos parámetros debían ser ratificados por pruebas y exámenes que debían ser estipulados en

el reglamento. Además, señalaron que este último debía contener a lo menos las condiciones mencionadas en la ley

de falta de movimiento voluntario durante una hora, apnea desconectado de ventilador por tres minutos y la ausencia

de reflejos troncoencefálicos.

El Tribunal falló que para dar fiel cumplimiento a lo consagrado en el artículo 61 de la Constitución, no se podía

admitir el artículo 11 inciso tercero a un reglamento para acreditar las pruebas y exámenes calificados, por lo que

esta disposición debía declararse inconstitucional por entregar a un reglamento la regulación autónoma de materias

que era asunto de ley. Así, el Tribunal determinó que deben eliminarse por ser inconstitucionales del proyecto las

frases “que el reglamento señale” y el vocablo “referido” (que hace mención al reglamento).

5. Voto Disidente

Los jueces disidentes acogieron el requerimiento de inconstitucionalidad de los artículos 7, 10 y 11 del proyecto de

ley sobre trasplantes de órganos. Señalaron que la sentencia de mayoría invadía el campo del legislador, puesto que

le concedía a disposiciones impugnadas por el requerimiento un sentido distinto al que estipuló el proyecto de ley.

Así, dijeron que definía la muerte en términos unívocos y para todos los efectos legales, cuestión que, según los

magistrados, no fue señalada así en el proyecto.

Luego explicaron que las disposiciones impugnadas atentaban contra la igualdad ante la ley al dar origen a dos tipos

de reconocimiento de muerte, lo que resultaba discriminatorio y arbitrario. De esta forma, manifestaron que existirá

una forma de acreditar la muerte con el fin de trasplantar órganos y otra para todos los demás efectos legales. Además,

dijeron que se afectaría el derecho a la vida y la integridad física y psíquica al transgredir la dignidad intrínseca del

hombre al permitirse que la determinación de su muerte sea el resultado de la aplicación de normas de carácter

reglamentario.

6. Jurisprudencia citada

 No se menciona jurisprudencia en el voto de mayoría ni en el voto disidente.

7. Palabras clave

● Trasplante de órganos

● Derecho a la vida e integridad física

● Muerte encefálica