Caso N° 266 Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y Otros) vs. Ecuador
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CASO N° 266
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (QUINTANA COELLO Y OTROS) VS. ECUADOR
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Fecha de Sentencia: 23 de agosto de 2013
Víctimas: Carlos Quintana Coello y otros
Estado parte: Ecuador
Caso completo en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_266_esp.pdf
El contexto del presente caso se relaciona con los ceses del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral
y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, los cuales ocurrieron en noviembre y diciembre de 2004. Dichos ceses fueron
impulsados por el Congreso Nacional. El presente caso se concentra en el cese de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia el 8 de diciembre de 2004.
El 23 de noviembre de 2004, el Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, anunció el propósito del gobierno de impulsar
en el Congreso la reorganización del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral así como de la Corte Suprema de
Justicia. El 25 de noviembre de 2004, el Congreso Nacional mediante una resolución resolvió que los vocales principales y
suplentes del Tribunal Constitucional habían sido designados en forma ilegal en 2003 y cesó en sus funciones a todos sus
vocales principales y suplentes, algunos de los cuales fueron posteriormente enjuiciados políticamente por el Congreso.
En este contexto, el 5 de diciembre de 2004, el Presidente de la República citó al Congreso Nacional a una sesión
extraordinaria, que tenía por objeto la votación del juicio político contra los ex vocales del Tribunal Constitucional, analizar
la situación jurídico constitucional de la función judicial y votar sobre la reforma a la ley orgánica de elecciones. En dicha
situación jurídica constitucional de la Función Judicial”.
El 8 de diciembre de 2004, como uno de los resultados de esta sesión extraordinaria, el Congreso Nacional emitió la
Resolución Nº R-25-181, mediante la cual cesó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para luego aprobar
la moción de reforma constitucional para que el Congreso volviera a tener competencia para juzgar políticamente a la Corte
Suprema de Justicia. Esa misma resolución designó a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados se enteraron de su destitución de varias maneras, algunos mediante la prensa, otros a través de
los noticieros y otros por rumores que circulaban en la Corte. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cesados se
negaron a abandonar sus despachos por considerar que la Resolución del Congreso Nacional no tenía “valor jurídico alguno”.
En consecuencia, el 9 de diciembre de 2004, la Policía Nacional procedió al desalojo del Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y de algunos magistrados que lo acompañaban en el Palacio de Justicia. Asimismo, se impidió el ingreso de otros
magistrados y empleados.
El cese de los cargos del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia
desencadenó una crisis política y social cuya principal característica fue la inestabilidad institucional. Desde enero de 2005
comenzaron las movilizaciones en contra del gobierno nacional por considerar que estaba violando la Constitución y el Estado
de Derecho.
El 15 de abril de 2005, el entonces Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 2752,
mediante el cual destituyó a la Corte Suprema de Justicia designada el 8 de diciembre de 2004. Al mismo tiempo, el Congreso
Nacional, el 17 de abril de 2005, dejó sin efecto la Resolución de 8 de diciembre de 2004, en lo relativo al nombramiento
de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no se ordenó la reincorporación de los magistrados que habían sido
separados de sus cargos. Lo anterior, incrementó la ola de tensión y violencia en el país, lo que generó que el 20 de abril de
2005, el Congreso Nacional declarara el abandono del cargo del Presidente de la República, Lucio Gutiérrez. En aplicación del
mecanismo de sucesión constitucional, el Vicepresidente Alfredo Palacio asumió la Presidencia de la República. En virtud de
estos hechos, el Estado de Ecuador permaneció sin Corte Suprema de Justicia por aproximadamente siete meses.
El 2 de agosto de 2011, la Comisión Interamericana sometió este caso a la jurisdicción de la Corte. El 23 de agosto de
2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Ecuador responsable internacionalmente por haber vulnerado
los artículos 8.1, 23.1 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio
de los jueces cesados de la Corte Suprema de Justicia.
