Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17-04-2015

CourtInter-American Court of Human Rights
Respondent StateMéxico
Date17 April 2015
Procedure TypeSupervisión de Cumplimiento de Sentencia
Case TypeSupervisión de cumplimiento

RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 17 DE ABRIL DE 2015

CASOS

RADILLA PACHECO, FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS, Y ROSENDO CANTÚ Y OTRA

Vs. MÉXICO

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

  1. Las Sentencias de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México (en adelante “el Estado” o “México”), los días 23 de noviembre de 2009, 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente. En dichas sentencias la Corte determinó, entre otras violaciones, que el Estado era responsable de la violación a la garantía a un juez o tribunal competente, protegida en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), debido a que la jurisdicción militar había ejercido competencia en los procesos penales para investigar y juzgar los hechos de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército mexicano (detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, y violación sexual de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú). Adicionalmente, encontró a México responsable de la violación del derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana, debido a que las víctimas no contaron con recursos efectivos para impugnar el conocimiento de los hechos por la jurisdicción militar[1]. Por último, declaró que México violó la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de dicho tratado, debido a que el artículo 57.II.a) del Código de Justicia Militar –en el cual se basó la intervención del fuero militar en los referidos tres casos- permitía que los tribunales castrenses juzgaran a todo militar al que se le imputa un delito ordinario por el sólo hecho de estar en servicio[2]. En relación con las violaciones anteriormente mencionadas, el Tribunal ordenó al Estado, en esos tres casos, medidas de reparación similares que implicaban adecuar su derecho interno a la Convención Americana en materia de jurisdicción penal militar y la creación de un recurso para impugnar la competencia de dicha jurisdicción[3] (infra Considerandos 3, 4 y 24)

  1. Las cinco resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas por la Corte en los casos Radilla Pacheco[4], Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra (en adelante también “los tres casos”)[5]

  1. Los veintitrés escritos presentados por el Estado entre octubre de 2011 y diciembre de 2014 y sus respectivos anexos, mediante los cuales remitió información en relación con el cumplimiento de las Sentencias en los casos Radilla Pacheco[6], Fernández Ortega y otros[7], y Rosendo Cantú y otra[8]. El Estado presentó un informe en el caso Radilla Pacheco el 18 de marzo de 2015, que no será considerado en esta Resolución debido a que se encuentran pendientes los plazos para observaciones de los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)

  1. Los veintidós escritos y sus respectivos anexos, presentados por los representantes de las víctimas[9] (en adelante “los representantes”) entre noviembre de 2011 y febrero de 2015 en los casos Radilla Pacheco[10], Fernández Ortega y otros[11], y Rosendo Cantú y otra[12], mediante los cuales remitieron información sobre el cumplimiento de la Sentencia así como sus observaciones a lo informado por el Estado.

  1. Los veintiún escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre febrero de 2012 y enero de 2015 en los casos Radilla Pacheco[13], Fernández Ortega y otros[14], y Rosendo Cantú y otra[15].

CONSIDERANDO QUE:

  1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones[16], la Corte ha venido supervisando la ejecución de las Sentencias en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, todos contra México (en adelante “el Estado” o “México”), de 23 de noviembre de 2009, 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente (supra Visto 1). De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana y tal como ha indicado la Corte, “[l]os Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Asimismo, deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos[17].

  1. En la presente Resolución el Tribunal se pronunciará sobre las dos medidas de reparación ordenadas en las Sentencias emitidas en los tres casos relativas al deber del Estado de adecuar su derecho interno a la Convención Americana: a) adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares convencionales e internacionales en materia de garantía del juez natural en relación con la jurisdicción penal militar; y b) adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de la competencia de esa jurisdicción. El Tribunal hace notar que estas dos reparaciones también fueron ordenadas en la sentencia emitida en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México[18], y se pronuncia sobre el cumplimiento de esas reparaciones en una resolución independiente a la presente, debido a que el Juez Ferrer Mac-Gregor participa en la resolución de supervisión de cumplimiento de dicho caso.

  1. Reformas legislativas para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar

A.1) Medida ordenada por la Corte y supervisión realizada en resolución anterior

  1. En las Sentencias de los tres casos la Corte concluyó que el Estado violó la garantía a un juez o tribunal competente, prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, debido a la falta de competencia del fuero militar para investigar y juzgar las violaciones a derechos humanos cometidas en esos casos (detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, y violación sexual de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú) por miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas. La Corte consideró que la jurisdicción militar había ejercido competencia con base en lo dispuesto en el artículo 57.II.a) del Código de Justicia Militar, norma que extendía la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta relación con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, incumpliendo los estándares establecidos por la Corte y permitiendo que dicha jurisdicción operara “como una regla y no como una excepción”[19].

  1. Al pronunciarse sobre las correspondientes reparaciones, en los tres casos la Corte decidió[20] que “[e]l Estado debe, en un plazo razonable, adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

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