Presentación del secretario general de la oea ante el consejo permanente aplicación de la carta democrática interamericana
| Jurisdiction | Derecho Internacional |
| Record Number | D-011/16 |
| Date | 23 June 2016 |
| Published date | 23 June 2016 |
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Antes de comenzar, señor Presidente, quisiera rendir tributo a todos los actores que han hecho viable la paz en Colombia, en especial al Presidente Juan Manuel Santos y a los líderes de las FARC, pero también a todos los países garantes de este proceso.
Este es un paso trascendental para Colombia y nuestro hemisferio. Es una muestra de que el diálogo, cuando se orienta hacia resultados tangibles, puede brindar dividendos para todos.
Nuestra mayor virtud hoy será ser justos, ése es el trabajo de la OEA, ése es el principio que anima a la Organización. La justicia es la principal y la primera virtud de las organizaciones sociales como se ha dicho ya desde Platón.
La OEA tiene que saber hoy si su Carta Democrática es un instrumento fuerte para defender los principios de la democracia, o si es para los archivos de la Organización. Ustedes, definitivamente, tienen la palabra.
Tenemos que ser justos porque de ello dependen las reglas básicas de nuestra convivencia. Debemos partir de la decisión que se tome hoy para ser responsables respecto a lo que entendemos que debemos hacer como miembros de las comunidades políticas, por lo que la dimensión social de la justicia como virtud es la mejor forma de construir convivencia y coexistencia.
Coexistencia entre nosotros, porque compartimos valores y principios de democracia, Derechos Humanos, desarrollo y seguridad. Nunca podemos vaciar de contenido esos principios. Nunca podremos dejar por el camino esos principios principistas.
La indiferencia, o solamente abarcar nuestro interés, es una forma de vaciamiento de contenidos. Debemos ser justos porque se los debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia, y de impunidad.
Actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas, y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición.
Hace poco tuvimos que desandar por un acto de injustica que fue cometido por la Asamblea General de la OEA en abril de 1965, con la validación de la invasión a República Dominicana.
Hoy podemos trabajar para que esa justicia emane naturalmente de nosotros. Tenemos por delante un trabajo importante, tenemos para adelante el hecho de concentrarnos y focalizarnos en el problema de fondo que Venezuela y los venezolanos enfrentan cotidianamente.
Cada uno de los problemas aquí expuestos procuran dar un marco de trabajo para este tema, pero con el mejor sentido, con el sentido más instructivo.
Nosotros nos hemos expresado –está escrito en la página 125 de nuestro informe- contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo, o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller. Hemos sido muy claros al respecto. Y reafirmamos esos principios de una manera drástica y de una manera contundente.
Ustedes hoy decidirán. Estará en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, decidir si el pueblo de Venezuela puede recibir asistencia humanitaria a través de una canal internacional, si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela de elegir su destino, o se lo negamos. Si permitimos que los obstáculos administrativos previstos prevalezcan sobre la voluntad de a gente. Todo esto es responsabilidad nuestra.
Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta Organización, y en mi calidad de Secretario General solicito al Consejo Permanente que realice "una apreciación colectiva de la situación" en Venezuela y adopte "las decisiones que estime conveniente".
En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una alteración del orden constitucional en ese país; una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad la incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de situaciones en Venezuela.
La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.
Estos principios están claramente plasmados:
En la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
En la resolución de la Asamblea General 1080, "Democracia representativa",
Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.
Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.
Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos con los otros.
Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente.
Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar.
Nuestra obligación es señalar los problemas donde quiera que estén, en particular, cuando además existe una situación difícil.
Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.
Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.
En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:
El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto [...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".
En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:
"la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales, y la libertad de expresión y de prensa".
En mi informe...
Antes de comenzar, señor Presidente, quisiera rendir tributo a todos los actores que han hecho viable la paz en Colombia, en especial al Presidente Juan Manuel Santos y a los líderes de las FARC, pero también a todos los países garantes de este proceso.
Este es un paso trascendental para Colombia y nuestro hemisferio. Es una muestra de que el diálogo, cuando se orienta hacia resultados tangibles, puede brindar dividendos para todos.
Nuestra mayor virtud hoy será ser justos, ése es el trabajo de la OEA, ése es el principio que anima a la Organización. La justicia es la principal y la primera virtud de las organizaciones sociales como se ha dicho ya desde Platón.
La OEA tiene que saber hoy si su Carta Democrática es un instrumento fuerte para defender los principios de la democracia, o si es para los archivos de la Organización. Ustedes, definitivamente, tienen la palabra.
Tenemos que ser justos porque de ello dependen las reglas básicas de nuestra convivencia. Debemos partir de la decisión que se tome hoy para ser responsables respecto a lo que entendemos que debemos hacer como miembros de las comunidades políticas, por lo que la dimensión social de la justicia como virtud es la mejor forma de construir convivencia y coexistencia.
Coexistencia entre nosotros, porque compartimos valores y principios de democracia, Derechos Humanos, desarrollo y seguridad. Nunca podemos vaciar de contenido esos principios. Nunca podremos dejar por el camino esos principios principistas.
La indiferencia, o solamente abarcar nuestro interés, es una forma de vaciamiento de contenidos. Debemos ser justos porque se los debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia, y de impunidad.
Actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas, y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición.
Hace poco tuvimos que desandar por un acto de injustica que fue cometido por la Asamblea General de la OEA en abril de 1965, con la validación de la invasión a República Dominicana.
Hoy podemos trabajar para que esa justicia emane naturalmente de nosotros. Tenemos por delante un trabajo importante, tenemos para adelante el hecho de concentrarnos y focalizarnos en el problema de fondo que Venezuela y los venezolanos enfrentan cotidianamente.
Cada uno de los problemas aquí expuestos procuran dar un marco de trabajo para este tema, pero con el mejor sentido, con el sentido más instructivo.
Nosotros nos hemos expresado –está escrito en la página 125 de nuestro informe- contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo, o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller. Hemos sido muy claros al respecto. Y reafirmamos esos principios de una manera drástica y de una manera contundente.
Ustedes hoy decidirán. Estará en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, decidir si el pueblo de Venezuela puede recibir asistencia humanitaria a través de una canal internacional, si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela de elegir su destino, o se lo negamos. Si permitimos que los obstáculos administrativos previstos prevalezcan sobre la voluntad de a gente. Todo esto es responsabilidad nuestra.
Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta Organización, y en mi calidad de Secretario General solicito al Consejo Permanente que realice "una apreciación colectiva de la situación" en Venezuela y adopte "las decisiones que estime conveniente".
En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una alteración del orden constitucional en ese país; una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad la incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de situaciones en Venezuela.
La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.
Estos principios están claramente plasmados:
En la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
En la resolución de la Asamblea General 1080, "Democracia representativa",
Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.
Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.
Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos con los otros.
Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente.
Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar.
Nuestra obligación es señalar los problemas donde quiera que estén, en particular, cuando además existe una situación difícil.
Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.
Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.
En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:
El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto [...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".
En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:
"la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales, y la libertad de expresión y de prensa".
En mi informe...
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