Convenio de Asistencia Judicial en materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa

• Document type: Convenio
• Category: Bilateral
• Subject: Derecho penal internacional

CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA FRANCESA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,

El Gobierno de la República Francesa,

Deseosos de establecer una cooperación más eficaz en materia de asistencia judicial;

Acuerdan lo siguiente:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

1. Los dos Estados (denominados las Partes) se comprometen a brindarse mutuamente,

conforme a las disposiciones del presente Convenio, la más amplia asistencia judicial posible en

todo procedimiento relacionado con delitos cuya sanción sea, al momento de solicitarse la

asistencia, competencia de las autoridades judiciales de la Parte requirente.

2. El presente Convenio no será aplicable ni a la ejecución de órdenes de aprehensión y

condenas ni a los delitos militares, que no constituyen delitos del derecho común.

ARTICULO 2

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia judicial

objeto de este Convenio, los Estados Unidos Mexicanos designan como autoridad central a la

Procuraduría General de la República, y la República Francesa designa como autoridad central al

Ministerio de Justicia. La Autoridad Central del Estado requerido deberá atender en forma

expedita las solicitudes o, si es necesario transmitirlas a otras autoridades competentes para su

ejecución. Las autoridades competentes deberán tomar todas las medidas necesarias para

satisfacer con prontitud las solicitudes de conformidad con el Artículo 1.

ARTICULO 3

1. Las Autoridades Competentes en los Estados Unidos Mexicanos son las Autoridades Judiciales

y el Ministerio Público y, en la República Francesa, las Autoridades Judiciales, incluido el

Ministerio Público.

ARTICULO 4

La asistencia judicial podrá ser rechazada:

a) si la solicitud se refiere a delitos considerados por la Parte requerida como delitos de

orden político o delitos conexos;

b) si la parte requerida estima que la ejecución de la solicitud es de tal naturaleza que

atenta contra la soberanía, la seguridad, el orden público o demás intereses esenciales

de su país.