Bolivia es responsable por esterilización no consentida

• Published date: 22 December 2016

Comunicado

Corte Interamericana de Derechos Humanos

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BOLIVIA ES RESPONSABLE POR ESTERILIZACIÓN NO CONSENTIDA

San José, Costa Rica, 22 de diciembre de 2016. – Bolivia es responsable por la

esterilización no consentida a la que fue sometida la víctima del caso, la señora

I.V., y por la frustración procesal en el acceso a la justicia, según concluyó la Corte

Interamericana en la Sentencia, emitida el 30 de noviembre de este año y

notificada el día de hoy en el Caso I.V. Vs. Bolivia.

La víctima del caso, cuyo nombre se encuentra bajo reserva, fue sometida a una

cesárea en el Hospital de la Mujer de La Paz en julio de 2000. Luego de que su hija

naciera, se le practicó una ligadura de las trompas de Falopio. Existe controversia

sobre si la víctima fue consultada de manera previa y de forma libre, plena e

informada respecto de este procedimiento de esterilización. Según señala la señora

I.V., ella se enteró al día siguiente de practicado el procedimiento. Por su parte, el

Estado indicó que la señora I.V. había consentido de manera verbal durante el

transoperatorio. La víctima acudió a la justicia, pero ninguna persona ha sido

declarada responsable en el ámbito disciplinario, administrativo o penal por su

esterilización no consentida, así como tampoco fue reparada civilmente.

Al resolver este caso, la Corte Interamericana analizó si el procedimiento quirúrgico

había sido llevado a cabo obteniendo el consentimiento informado de la paciente,

bajo los parámetros de la Convención Americana y el derecho internacional al

momento de los hechos. Esto es, bajo el entendido que éste debe ser previo, libre,

pleno e informado. La Corte reiteró que el consentimiento informado es una

condición absolutamente necesaria para toda práctica médica y es una obligación

jurídica, además de ética. En el caso de una ligadura de trompas, que tiene una

consecuencia permanente en el aparato reproductivo femenino, el consentimiento

pertenece a la esfera de la autonomía y de la vida privada de la mujer, quien deber

poder elegir libremente los planes de vida que considere más apropiados. Es decir,

si desea o no mantener su capacidad reproductiva, el número de hijos que desea

tener y el intervalo entre éstos.

La Corte concluyó que, incluso en el supuesto alegado por el Estado sobre la

obtención del consentimiento verbal de la señora I.V. durante el trasoperatorio, el

médico incumplió con el deber de obtener un consentimiento previo, libre, pleno e

informado como es requerido por la Convención Americana. Resaltó, al respecto,

que la señora I.V. se encontraba en un quirófano debido a la cesárea, bajo una

situación de presión, estrés y vulnerabilidad propia de una paciente que está siendo

sometida a una intervención quirúrgica. En esas circunstancias, la Corte estimó que

ella se encontraba en una situación que no permitía asegurar la manifestación de

voluntad libre y plena, lo cual impidió que pudiera obtenerse un consentimiento

válido.