Acuerdo de solución amistosa sobre muertes en una cárcel en Honduras

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

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CorteIDH_CP-02/12 ESPAÑOL

COMUNICADO DE PRENSA DE CIERRE DE SESIONES ( *)

ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA SOBRE MUERTES EN UNA CÁRCEL EN

HONDURAS

San José, Costa Rica, 28 de febrero de 2012.- Durante la audiencia pública celebrada en el

caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, referente a la muerte de 107 personas pri vadas de

libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004 y a la falta de

investigación de los hechos y sanción de los responsables de dichos hechos, el Estado y los

representantes de las víctimas anunciaron a la Corte Interamericana la firma de un acuerdo de

solución amistosa. El acuerdo fue suscrito por Ethel Suyapa Deras, Procuradora General de la

República, Carlos Guillermo Paz, Di rector Ejecutivo de CARITAS Di ócesis de San Pedro Sula y

Joaquín Armando Mejía, representante del Apostolado Social ERIC-SJ.

En la audiencia el Estado, representado por la Procuradora General, y por los abogados

Eduardo Jair López y Sonia Gálvez, indicó que “por ser la mejor respuesta que puede darle a

las víctimas” reconocía su respo nsabilidad internacional por los hechos ocurridos en este caso.

Los representantes de las presuntas víctimas, encabezados por Joaquín Armando Mejía,

concordaron con ese propósito. En este sentido, el Estado se comprometió a adoptar, entre

otras, las siguientes medidas de reparación: a) realizar un acto público de reconocimiento de

responsabilidad internacional por parte del Presidente de la República; b) investigar los hechos

ocurridos, así como determinar y sancionar a los responsables; c) permitir el acceso a todos

los documentos que se encuentran en manos del Estado y que son necesarios para realizar la

investigación; d) adoptar medidas legislativas para que el sistema carcelario de Honduras se

adecúe a los estándares internacionales; e) p roducir manuales que incluyan la formación en

materia de derechos humanos para el personal que custodia a las personas privadas de

libertad; f) prestar atención psicológica y brindar medicamentos a los familiares de las

víctimas; g) construir una nueva penitenciaría que sustituya al Centro Penal de San Pedro Sula

y mejorar las condiciones físicas de los nueve centros de reclusión del país declarados en

estado de emergencia, y h) el pago de una indemnización.

Diego García-Sayán, Presidente de la Corte, valoró con entusiasmo la voluntad de las partes

de llegar a una solución amistosa y señaló que esta decisión es una muestra clara d e voluntad

para encontrar me dios efectivos que permitan fortalecer la protección de los derechos

humanos en las Américas. Agregó que “en América Latina existe una crisis en los sistemas

penitenciarios que debe ser atendida y que este acuerdo, en el que se manifiestan soluciones

específicas, es un camino constructivo y alentador para darle una respuesta concreta a esa

problemática”. Asimismo, el Presidente indicó que, de acuerdo con el artículo 6 3 del

Reglamento, la Corte estudiará el acuerdo y resolverá lo pertinente.

La audiencia pública en la que se anunció este acuerdo estará disponible en el siguiente

enlace: http://www.vimeo.com/corteidh.

La composición de la Corte para esta audiencia fue la siguiente: Diego García-Sayán (Perú),

Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Vicepresidente; Leonardo A. Franco

(Argentina); Margarette May Macaulay (Jamaica); Rhadys Abreu Blondet (República

Dominicana); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); y Eduardo Vio Grossi (Chile).

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