Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Julio de 2007. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Serie C No. 166

Fecha de Resolución 4 de Julio de 2007
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoZambrano Vélez y otros Vs. Ecuador
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteEl Salvador

Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Zambrano Vélez y otros Vs. EcuadorSentencia de 4 de julio de 2007

(Fondo, R. y Costas)En el caso Z.V. y Otros,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.; y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria adjunta;de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 24 de julio de 2006, en los términos de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”), la cual se originó en la denuncia número 11.579, presentada en la Secretaría de la Comisión el 8 de noviembre de 1994 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante “CEDHU”). El 28 de febrero de 2006 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad y fondo No. 8/06 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado[1]. El 18 de julio de 2006 la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte[2], ante la falta de respuesta del Estado.

  2. La demanda se refiere a la alegada ejecución extrajudicial de los señores W.Z.V., S.O.C.C. y J.M.C.C., supuestamente cometida el 6 de marzo de 1993 en Guayaquil, Ecuador, y la subsiguiente presunta falta de investigación de los hechos. La Comisión señala que “los señores W.Z.V., S.O.C. y J.M.C. [supuestamente] fueron ejecutados durante [un operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador], realizado en el marco de una suspensión de garantías no ajustada a los parámetros pertinentes”. Asimismo, la Comisión alega que “más de trece años [después de ocurridos] los hechos, el Estado no ha efectuado una investigación seria ni ha identificado a los responsables materiales e intelectuales de las ejecuciones de las [presuntas] víctimas, razón por la cual [… éstos] se encuentran impunes”.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación de “sus obligaciones contempladas en los artículos 27 (suspensión de garantías), 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 [(Obligación de respetar los derechos)] y 2 [(deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la misma]”. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

  4. El 16 de octubre de 2006 los representantes de los familiares de las presuntas víctimas, CEDHU (en adelante “los representantes”), presentaron, en los términos del artículo 23 del Reglamento, su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Con base en los fundamentos de hecho mencionados por la Comisión en su demanda, los representantes solicitaron a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión, en perjuicio de las presuntas víctimas señaladas y sus familiares. En virtud de ello, solicitaron a la Corte que ordene al Estado la adopción de las determinadas medidas de reparación.

  5. El 15 de diciembre de 2006 el Estado[3] presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en el cual alegó que no es responsable por las violaciones alegadas y que no se le puede atribuir responsabilidad internacional por un acto cometido “por un agente del Estado haciendo uso de su legítima defensa”. El Estado alegó que la muerte de esas personas ocurrió en un enfrentamiento con miembros de la fuerza pública durante dicho operativo, llevado a cabo como una medida legal y necesaria en el marco de un estado de emergencia debidamente declarado, en una época de alta delincuencia y de conformación de grupos terroristas. Además, señaló que sí hubo una investigación policial y militar al respecto, aunque manifestó que no se ha iniciado proceso penal alguno, por lo que no le es imputable la alegada violación a las garantías judiciales y protección judicial. Sin embargo, al inicio de la audiencia pública celebrada en el presente caso y en sus alegatos finales, el Estado efectuó un allanamiento parcial en los términos expuestos más adelante (infra párrs. 8 a 31).

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, ya que Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.III

    Procedimiento ante la Corte

  7. El 18 de agosto de 2006 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) y según lo dispuesto en el artículo 35.1 del Reglamento, la notificó al Estado[4] y a los representantes. Durante el proceso ante la Corte, el Presidente ordenó[5] recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) el dictamen de un perito ofrecido por los representantes, respecto del cual las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el P. convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado, a una audiencia pública para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso, así como las declaraciones testimoniales de tres familiares de las presuntas víctimas. Esta audiencia pública fue celebrada el 15 de mayo de 2007, durante el XXX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, en la sede de la Corte de Constitucionalidad de ese país[6]. Además la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. y con base en el artículo 45.2 del Reglamento, requirió a las partes que presentaran determinada información y documentación a efectos de ser considerada como prueba para mejor resolver, la cual fue presentada únicamente por los representantes. Finalmente, en junio de 2007 la Comisión, los representantes y el Estado presentaron sus escritos de alegatos finales, en los cuales hicieron precisiones sobre el allanamiento parcial del Estado, las alegadas violaciones a la Convención y las eventuales reparaciones y costas.

    IV

    Reconocimiento parcial de responsabilidad

  8. Al inicio de la audiencia pública celebrada en este caso (supra párr. 7), el Agente del Estado efectuó un allanamiento parcial, en los siguientes términos:

    […] el Estado ecuatoriano expresa su buena fe y la voluntad de respetar y garantizar los derechos humanos. Reafirma su especial interés de contribuir en la construcción de precedentes jurisprudenciales que amplíen el estándar de protección que establece la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos. Esta es la posición y la visión que […] sostiene y mantiene en esta coyuntura y para esta circunstancia, con la intención de modificar la concepción tradicional de un Estado represor en regimenes de excepción, que a nuestra manera de ver tiende a ser un escenario propicio para eventuales usos desproporcionados de la fuerza y de abusos de poder. Creemos que el sostenimiento del orden público de ninguna manera puede contraponerse, ni sobreponerse ni superponerse a la vigencia de los derechos fundamentales en la sociedad ecuatoriana y en general en las colectividades humanas.

    En este contexto me permito presentar a nombre del Estado ecuatoriano un allanamiento parcial reconociendo la responsabilidad internacional derivada de las violaciones a los artículos 8, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Hago salvedad del artículo 4 de la misma, en cuanto consideramos […] que el Estado ecuatoriano no ha incurrido en indebida protección al derecho a la vida. Creemos que el caso que aquí se ventila, […] es un caso que se encuentra aún en conocimiento judicial y que, si bien en el ámbito de la judicatura ecuatoriana nos hemos encontrado con una relativa falta de celeridad en la investigación, sin embargo no se ha llegado a establecer con claridad responsabilidades. Ese es el motivo por el cual exceptuamos el artículo 4 de la Convención.

  9. El Estado reiteró estas manifestaciones en sus alegatos finales escritos.

  10. Al respecto, la Comisión manifestó que “habiendo [hecho ese reconocimiento,] la cuestión y las probanzas quedan reducidas en lo relativo al artículo 4; [que] no [tiene] objeción alguna que formular; [y que] acepta ese allanamiento en la inteligencia de que es parcial y total: parcial en el sentido de que involucra casi todos los artículos invocados y alegados por la Comisión, pero total en el sentido de que ninguno de esos allanamientos está condicionado”. En sus alegatos finales escritos, la Comisión expresó que “valora positivamente el allanamiento parcial efectuado por el Estado” y que este acto permite “concluir que ha cesado la controversia en cuanto al uso inadecuado de la facultad de suspensión de garantías en el estado de emergencia decretado el 3 de septiembre de 1992 y en cuanto a la falta de esclarecimiento de los hechos y la ausencia de una investigación completa, imparcial y efectiva”. Además, […] la Comisión destaca “la importancia de dicha manifestación y considera que constituye un...

To continue reading

Request your trial