¿Protección social versus garantismo?: excesos y defectos en el tratamiento jurídico penal de la delincuencia organizada

Autor:Julia Ropero Carrasco
Cargo del Autor:Profesora Titular de Derecho Penal Universidad Rey Juan Carlos
Páginas:267-324

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¿PROTECCIÓN SOCIAL GARANTISMO?: EXCESOS Y DEFECTOS EN EL TRATAMIENTO

JURÍDICO PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA1

Julia Ropero Carrasco

Profesora Titular de Derecho Penal Universidad Rey Juan Carlos

Sumario: I. Percepción social y realidad de la delincuencia organizada: ¿es España el paraíso del “moderno” crimen organizado? I.1. Algunos datos sociológicos como punto de partida. I.2. Medios de comunicación y percepción social. I.3. Los datos oficiales. II. Los “defectos” del sistema español en el tratamiento de la delincuencia organizada: ¿novedades en el Proyecto de Reforma del Código penal de 2007? III. Los “excesos” en el tratamiento de la delincuencia

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organizada. III.1 ¿La perturbación de la paz pública como fundamento de la intervención penal? III.2 Un supuesto Derecho penal de distintas velocidades. IV. Toma de postura y conclusiones. IV. 1 Organización criminal y coautoría. IV.2 Conclusiones finales. Por qué es especialmente necesario conservar el “garantismo” en la lucha contra la delincuencia organizada.

Resumen: En la prensa proliferan las noticias sobre delitos cometidos por bandas criminales; los datos policiales, a nivel nacional y europeo, confirman un notable incremento de las actuaciones del crimen organizado en España; la opinión pública parece alarmada por el aumento de hechos criminales violentos, cometidos por bandas organizadas; el Gobierno proyecta introducir reformas en el Código penal ante la aparente deficiencia de nuestra legislación al respecto; algunos sectores de opinión manifiestan que el “garantismo” del sistema jurídico español favorece la expansión de esta clase de delincuencia; entre tanto, una parte importante de la doctrina penal advierte de la “huida hacia delante” en este ámbito, con el resultado de un Derecho penal “inflado”, menos garante de las libertades individuales y no por ello más eficaz. ¿Defectos o excesos en la respuesta jurídico penal al crimen organizado? El tratamiento de esta cuestión admite diversos enfoques: el que aquí se ensaya toma como punto de partida los datos sociológicos y criminalísticos para valorar, con el mayor rigor posible, la pretendida afirmación de que frente a la criminalidad organizada es preciso arrojar algunas garantías por la borda.

  1. Percepción social y realidad de la delincuencia organizada: ¿es España el paraíso del “moderno” crimen organizado?

    I.1. Algunos datos sociológicos como punto de partida

    Con el título “Las mafias europeas eligen España para lavar su dinero”, el periodista José Luis Barbería publicó en el diario “El País” un reportaje sobre la delincuencia organizada2

    basado en el Informe del año 2005 de la policía nacional, así como en diversas declaraciones de profesionales y cargos responsables de la persecución y prevención de los delitos. Según la información policial, en 2005 se detectaron en España

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    480 grupos de “delincuencia organizada”, así considerados por reunir los parámetros de “jerarquía”, “disciplina interna”, “recursos propios” y “continuidad en la comisión de graves delitos”, que son algunos de los indicadores del crimen organizado según los acuerdos internacionales de cooperación policial3. Estos grupos integran una mayoría de extranjeros (más de la mitad, entre ellos rumanos, colombianos, marroquíes, franceses, nigerianos, rusos, búlgaros e italianos), con delincuentes españoles, quienes suelen aportar la cobertura local para facilitar las actividades delictivas. Entre estos grupos, ochenta son catalogados en los niveles alto y muy alto de peligrosidad, fundamentalmente en consideración de los medios técnicos y económicos con los que cuentan (armas, vehículos, embarcaciones, avionetas, sumas importantes de dinero en efectivo, propiedades inmobiliarias, etc.). Según la policía, estas bandas extienden sus actividades a todo tipo de tráficos ilícitos, especialmente de drogas, recurriendo en ocasiones a los robos y a otros delitos patrimoniales, con el apoyo de una red de transportistas, intermediarios, suministradores, y en muchos casos de abogados y financieros, lo que les permite un inmediato blanqueo del beneficio obtenido.

    En el mencionado reportaje se apuntan tres razones que explicarían, según la tesis que mantiene el autor, por qué España es el país elegido por las organizaciones criminales europeas: el dato contrastado de que nuestro país se ha convertido en el primer mercado y centro de distribución del hachís (procedente de Marruecos) y uno de los primeros de la cocaína que llega de América Latina a los puertos y aeropuertos españoles; el hecho de que se trata de una sociedad en período de “bonanza” económica, con un crecimiento sustentado fundamentalmente en el negocio de la construcción (que mueve una importante cantidad de dinero negro y que facilita un enriquecimiento rápido, a la vez que determina, sobre todo en el Levante y en el Sur, la proliferación de urbanizaciones con población residencial “flotante”); por último, los 130.000 millones de euros de dinero

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    negro que, según datos oficiales, circulan en España, y que parecen confirmar la opinión de que nuestro país se ha convertido en un lugar ideal para el blanqueo de dinero, tal vez por la ausencia del adecuado control administrativo.

    Esta última razón es destacada por el Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, quien apunta en el reportaje que, “con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, los blanqueadores de las mafias han abierto aquí sus sucursales y creado amplias redes de sociedades pantalla, a veces con 30 ó 40 firmas, que les permiten ocultar a los verdaderos propietarios de las urbanizaciones, terrenos o empresas adquiridas”. El responsable de la Comisaría Judicial, José Luis Olivera, antepone como principal argumento para explicar el asentamiento de las organizaciones criminales en España, la mencionada posición determinante en el mercado del hachís y, cada vez más, en el de la cocaína. Los casos detectados en Marbella (“Operación Ballena Blanca”, contra un bufete de abogados que supuestamente blanqueaba el dinero del narcotráfico a través de la inversión inmobiliaria; o el caso de corrupción generalizada relacionada también con el sector inmobiliario en el Ayuntamiento de dicha localidad – “Operación Malaya”-), parecen no representar un supuesto aislado, lo que pone de manifiesto la importante conexión entre las actividades criminales, el sector de la construcción, la corrupción y el blanqueo de dinero: todo ello sugiere que no están funcionando adecuadamente los controles políticos y jurídicos para atajar este fenómeno.

    Sin embargo, según datos oficiales recogidos en el reportaje, España es el país europeo con más presos por número de habitantes y las últimas estadísticas reflejan un descenso global del número de delitos, cifras que siguen dejando a nuestro país por debajo de la media de criminalidad europea. ¿Qué conclusiones cabe obtener sobre la “realidad” de la delincuencia organizada y qué grado de relación tiene con la percepción social del fenómeno?; ¿cómo interpretar coherentemente todos estos datos? Y, después de ello, ¿es cierto que no hay mecanismos políticos y jurídicos suficientes para reaccionar frente a este problema?

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  2. 2. Medios de comunicación y percepción social

    La información trasmitida por los medios de comunicación, así como la recogida de experiencias directas o próximas, son los canales habituales sobre los que se fundan las corrientes de opinión de un amplio sector de la sociedad. Claro está que la información que llega a través de los medios en muchos casos pierde una parte importante de su objetividad por el camino. Tomando en consideración las noticias de la prensa en un período de tiempo concreto, por ejemplo, los dos últimos años, 2005 y 2006, la “realidad” reflejada en los medios de comunicación podría ser descrita de la siguiente manera.

    En primer lugar, la información analizada (y que recoge sólo los actos delictivos descubiertos por la policía y que han sido noticia) confirma que la actividad más extendida entre la delincuencia organizada es la del tráfico de drogas, ya sea como fin inmediato y único, ya sea como un método de financiación de la organización criminal. Pontevedra, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, parecen ser los puertos de entrada de la cocaína procedente de Sudamérica. Málaga, Cádiz, Huelva, Almería y otras muchas ciudades de las costas andaluza y levantina, así como Ceuta y Melilla, se perfilan como el punto de entrada del hachís, para su posterior distribución en España y en Europa. Las Islas Baleares y las Islas Canarias representan, junto con Valencia, los principales puntos de recepción de éxtasis, proveniente sobre todo de Holanda. La propia dinámica del “negocio” de la droga, que requiere para su buena marcha (es decir, para que sea lucrativo), una larga cadena “organizada” que va desde la producción y venta “al mayor” hasta las sucesivas transacciones que finalizan en el menudeo o la “reventa”, hacen del tráfico de drogas el delito “típico” de delincuencia organizada. Sin embargo, como se puede apreciar en las noticias revisadas, las operaciones policiales ponen al descubierto hechos que, aun teniendo en común el negocio de la droga, guardan importantes diferencias entre sí, por lo que no deja de resultar una simplificación catalogarlos a todos con la misma etiqueta de “crimen organizado”. Por ejemplo, en

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    Pontevedra, la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) consiguió detener, entre febrero y junio de 2006, a 28 personas dedicadas a la distribución a pequeña escala de heroína y cocaína en distintos poblados chabolistas, con la incautación de un kilo de cocaína, joyas, 9.000 euros en metálico y tres vehículos. En este caso, a...

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