Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Septiembre de 2012. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 249

Fecha de Resolución: 3 de Septiembre de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Uzcátegui y otros Vs. Venezuela
Acto:Fondo y Reparaciones

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO UZCÁTEGUI Y OTROS VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Fondo y Reparaciones)

En el caso U. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”), integrada por los siguientes Jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia:

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO UZCÁTEGUI Y OTROS VS. VENEZUELA

Tabla de Contenido

  1. OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

  2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 5

  3. COMPETENCIA 7

  4. PRUEBA 7

    A.- Prueba documental, testimonial y pericial. 8

    B.- Admisión de la prueba documental. 8

    C.- Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas y de la prueba testimonial y pericial. 9

    D.- Valoración del expediente de medidas provisionales. 9

  5. HECHOS 10

    A.- Contexto 10

    B.- La muerte de N.J.U. 13

    B.1. Hechos no controvertidos 13

    B.2. Hechos controvertidos 14

    C.- La investigación sobre la muerte de N.J.U. 15

    D.- La detención de L. y C.E.U. 23

    E.- Las alegadas amenazas y hechos de hostigamiento contra L.E. U. 23

    F.- Las investigaciones de los alegados hechos de amenazas, hostigamientos y detenciones en perjuicio de L. y C.E.U. 26

    G.- El proceso penal por difamación en contra de L.E.U.. 31

  6. FONDO 32

    VI.1 PRIVACIÓN DE LA VIDA DE N.J.U.

    (DERECHO A LA VIDA) 32

    A.- Alegatos 32

    B.- Consideraciones de la Corte 33

    VI.2 LA DETENCIÓN DE LUIS Y C.U. EL 1 DE ENERO DE 2001 (DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL Y DERECHOS DEL NIÑO) 38

    A.- Alegatos 38

    B.- Consideraciones de la Corte 39

    VI.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 42

    A.- Alegatos 42

    A.1. Alegada violación a la integridad personal de N.J.U. 42

    A.2. Alegada violación a la integridad personal por los tratos a L. y C.E.U. cuando se encontraban detenidos 43

    A.3. Alegada violación a la integridad personal por las amenazas y hostigamientos contra L.E.U. 43

    A.4. Alegada violación a la libertad de expresión de L.E.U. 44

    A.5. Alegada violación a la integridad personal de los familiares N. y L.E.U. 45

    A.6. Alegada violación a la integridad personal de C.U. en relación con la obligación de protección especial a cargo del Estado por su condición de menor de edad 46

    1. Consideraciones de la Corte 46

    B.1. La alegada violación a la integridad personal de N.J.U. 47

    B.2. Las alegadas violaciones a la integridad personal y a la libertad de expresión en perjuicio de L.E.U. 47

    B.3. La alegada violación a la integridad personal de los familiares de N. y L.E.U. 50

    VI.4 DERECHOS A LA VIDA PRIVADA Y A LA PROPIEDAD PRIVADA 51

    A.- Alegatos 51

    B.- Consideraciones de la Corte 52

    B.1. El derecho a la vida privada 52

    B.2. El derecho a la propiedad privada 53

    VI.5 DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. 54

    A.- Alegatos 54

    B.- Consideraciones de la Corte 56

    B.1. La investigación y el proceso relativos a la ejecución de N.J.U. 56

    a.- Las diligencias de investigación 56

    b.- El plazo razonable 59

    B.2 .Las investigaciones y el procedimiento judicial por los hechos del 25 de enero de 2003 61

    B.3. Las Investigaciones de las detenciones, amenazas y hostigamientos en contra de L. y Carlos Eduardo Uzcátegui 62

  7. REPARACIONES

    (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 63

    A.- Parte lesionada 63

    B.- Obligación de investigar los hechos 64

    C.- Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 65

    C.1. Medidas de Rehabilitación 65

    C.2. Medidas de Satisfacción 66

    a.- Publicación de la Sentencia 66

    b.- Otras solicitudes 67

    C.3. Garantías de no repetición 67

    D.- Indemnizaciones 71

    D.1. Daño material 71

    D.2. Daño inmaterial 72

    E.- Costas y Gastos 73

    F.- Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 74

    G.- Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 75

    VIII PUNTOS RESOLUTIVOS 75

    I

    OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El presente caso se refiere a la alegada ejecución extrajudicial de N.J.U. perpetrada, el 1 de enero de 2001, por miembros de la policía del estado F., República Bolivariana de Venezuela (en adelante también “el Estado” o “Venezuela”); a la supuesta persecución en contra de L.E.U. por parte de miembros de la misma policía como reacción a la búsqueda de justicia en relación con la muerte de su hermano N.J.; a la también supuesta detención y allanamientos ilegales y arbitrarios realizados, por lo mismo, a la integridad personal de los familiares de los señores U.; a las amenazas contra la vida e integridad personal de L.E.U., quien además ha debido enfrentar un proceso por el delito de difamación en su contra y desplazarse de su lugar de residencia y, finalmente, a la alegada falta de protección judicial y de observancia de las debidas garantías judiciales.

    Por considerar que el Estado no había cumplido sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió el caso ante la Corte el 22 de octubre de 2010. En su informe de fondo, la Comisión declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de N.J.U.; de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de N.J.U.; de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a la honra y a la reputación, a las debidas garantías y protección judicial, contenidos en los artículos 5, 7, 11, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de L.E.U.; de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías y protección judiciales, contenidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de C.E.U.; de los derechos a la libertad de expresión y al principio de legalidad, contenidos en los artículos 13 y 9 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de L.E.U.; y del derecho a la integridad personal, contenido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mencionado instrumento, en perjuicio de los familiares de N.J.U.[3]. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

    Por su parte, las organizaciones Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (en adelante “COFAVIC”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), representantes de las presuntas víctimas para este caso (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”)[4] el 9 de febrero de 2011. Además de coincidir, en general y según sus propias apreciaciones, con las violaciones alegadas por la Comisión, alegaron que el Estado también había violado los derechos del niño (art.19 de la Convención); los artículos 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el derecho a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención); el derecho a la verdad (artículos 8, 25 y 13 de la Convención), y el “derecho a la protección en situaciones de extrema gravedad y urgencia y el derecho a denunciar ante el Sistema Interamericano” (artículos 63.2 en relación con los artículos 44 y 13.1 de la Convención Americana).

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    El 22 de octubre de 2010 la Comisión sometió[5] a la jurisdicción de la Corte el caso tramitado previamente ante ella[6] bajo el N° 12.661 en contra de la República Bolivariana de Venezuela, designando como delegados al entonces Comisionado P.S.P. y al entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión, S.A.C., y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y K.I.Q.O. y N.A., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

    El 9 de diciembre de 2010 el Estado y los representantes fueron notificados del sometimiento del caso.

    El 9 de febrero de 2011 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, en el que, además de lo indicado, solicitaron que se ordene al Estado diversas medidas de reparación, así como el pago de costas y gastos y pidieron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de esta Corte (en adelante “el Fondo de Asistencia Legal”) (supra párr.3).

    El 13 de mayo de 2011 el Estado presentó su escrito de interposición de excepción preliminar y contestación (en adelante “contestación” o “escrito de contestación”), designando al señor G.S.N. como Agente. El 24 de junio de 2011 el Presidente en funciones de la Corte emitió la Resolución por la que resolvió, inter alia, que la alegación de falta de imparcialidad presentada por el Estado como excepción preliminar no tenía tal carácter y era infundada y, asimismo, dispuso que correspondía que la Corte, con su composición íntegra, continuara conociendo plenamente del presente caso hasta su conclusión[7].

    La Corte recibió asimismo los escritos de amicus curiae de las organizaciones “Article 19, Global Campaign for Freedom of Expression”[8] y “Alianza Regional por la Libre Expresión e Información”[9].

    El 1 de junio de 2011 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) dictó la resolución por la que declaró procedente la solicitud interpuesta por las presuntas víctimas para acogerse al Fondo de Asistencia Legal y aprobó que se otorgara la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de tres...

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