Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de Noviembre de 2009. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Serie C No. 206

Fecha de Resolución:17 de Noviembre de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Barreto Leiva Vs. Venezuela
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

(Fondo, R. y Costas)

En el caso B.L.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”)[1], integrada por los siguientes jueces:

D.G.S., P. en ejercicio;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 31 de octubre de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), a partir de la cual se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 9 de agosto de 1996. El 17 de julio de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 31/08, mediante el cual declaró el caso admisible y realizó determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 31 de julio de 2008. Debido a que la Comisión no recibió respuesta alguna por parte del Estado en relación con las medidas adoptadas para implementar las recomendaciones, decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores P.S.P., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva adjunta, J.P.A.A., V.G., D.B. y S.S., abogados de la Secretaría Ejecutiva.

La demanda se relaciona con el proceso penal mediante el cual el señor O.E.B.L. (en adelante “el señor B.L.” o “la presunta víctima”) fue condenado a un año y dos meses de prisión por delitos contra el patrimonio público, como consecuencia de su gestión, en el año 1989, como D. General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República. Según la Comisión, en el trámite de un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el entonces Presidente de la República, un senador y un diputado, el señor B. fue citado a declarar como testigo y posteriormente se decretó auto de detención en su contra. La Comisión alegó que en dicho proceso no se notificó de manera previa a la presunta víctima los delitos que se le imputaban por el carácter secreto de la etapa sumarial. Asimismo, la Comisión alegó que el secreto de la etapa sumarial implicó que el señor B.L. no fuera asistido por un defensor de su elección en esa etapa del proceso, interrogara a los testigos, conociera las pruebas que estaban siendo recabadas, presentara pruebas en su defensa y controvirtiera el acervo probatorio en su contra. Además, según la Comisión, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya sido el tribunal que conoció y sentenció en única instancia el caso de la presunta víctima constituiría una violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal competente, en razón de que no contaba con un fuero penal especial, así como una violación de su derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Finalmente, la Comisión estimó que al señor B.L. se le impuso una prisión preventiva sobre la base exclusiva de indicios de culpabilidad, sin la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, que duró más tiempo que la condena que finalmente recibió.

La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 (Libertad Personal), 8.1, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.f y 8.2.h (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de la presunta víctima. Asimismo, solicitó que se ordenaran determinadas medidas de reparación.

El 1 de enero de 2009 el señor C.A.F.P., representante de la presunta víctima (en adelante “el representante”), presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en el que llegó a las mismas conclusiones que la Comisión Interamericana.

El 14 de marzo de 2009 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El Estado alegó que el señor B.L. fue juzgado por la Corte Suprema “en virtud del principio de conexidad[, p]or el fuero de atracción del Ex-Presidente de la República[,] pero eso no significa que se le haya violado el debido proceso y a ser juzgado por su juez natural, […] además que por ser la máxima instancia judicial le brindó mayores garantías procesales”. El Estado designó al señor G.S.N. como Agente y al señor L.D.M. como Agente Alterno. Posteriormente, el 29 de abril de 2009, el Estado designó al señor G.G.V. como Agente Alterno.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

La demanda fue notificada al representante y al Estado el 17 y 18 de noviembre de 2008, respectivamente. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó mediante Resolución[3] la recepción, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), de tres testimonios ofrecidos oportunamente por el representante. Asimismo, se convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de la presunta víctima, los testigos y los peritos propuestos, según el caso, por la Comisión, el Estado y el representante, así como los alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Finalmente, la Presidenta fijó plazo hasta el 6 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos escritos de alegatos finales.

La audiencia pública fue celebrada el 2 de julio de 2009 durante el LXXXIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica[4].

El 1 de julio de 2009 el Tribunal recibió un escrito en calidad de amicus curiae del C.B.Y.L.[5]. Dicho escrito se refería, inter alia, a la implementación del sistema acusatorio en Venezuela.

El 31 de julio de 2009 el representante presentó su escrito de alegatos finales. Los escritos del Estado y de la Comisión fueron recibidos el 6 de agosto de 2009. El Estado remitió prueba documental adicional.

El 28 de agosto de 2009 el representante se opuso a la prueba documental remitida por el Estado junto con sus alegatos finales, “por ser extemporánea”. La Comisión no presentó observaciones.

El 22 de septiembre de 2009 la Presidenta solicitó al representante que remitiera, en calidad de prueba para mejor resolver, copia simple de la decisión de 18 de mayo de 1994, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia decretó la detención judicial del señor B.L.. El representante remitió dicha prueba, con cinco días de retraso, el 7 de octubre de 2009. El 21 de octubre de 2009 la Comisión observó que tal prueba permitía corroborar una de las violaciones alegada por ella. El Estado no presentó observaciones.

III

COMPETENCIA

La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal el 24 de junio de 1981.

IV

PRUEBA

Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación[6], la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente[7].

Prueba testimonial y pericial

Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los siguientes testigos propuestos por el representante[8]:

  1. L.E.F.M., quien declaró sobre “su voto salvado en el juicio contra el señor B.L.”;

  2. B.D.T., quien declaró sobre “las [presuntas] violaciones al debido proceso en el juicio seguido al señor B.L. y sobre las [supuestas] presiones del poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema de Justicia en el mismo caso[; y] sobre las [alegadas] violaciones al derecho de defensa del señor B.L. por parte de la Contraloría General de la República de Venezuela”, y

  3. A.A.S., quien declaró sobre “las [supuestas] violaciones al debido proceso en el juicio seguido al señor B.L. y sobre las [presuntas] presiones del [P]oder Ejecutivo sobre la Corte Suprema de Justicia en el mismo caso”.

    En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de las siguientes personas[9]:

  4. O.B.L., presunta víctima, propuesto por la Comisión. Declaró sobre “el proceso penal seguido en su contra; los [supuestos] obstáculos enfrentados en la búsqueda de justicia para el caso; [y] las consecuencias en su vida personal, familiar y profesional de las [alegadas] violaciones a los derechos humanos sufridas”;

  5. J.R.Q., profesor titular de la cátedra de Derecho procesal penal en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello, perito propuesto por la Comisión. Declaró sobre “la normativa penal de salvaguarda del patrimonio público y constitucional aplicable para la época en que se tramitó y...

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