Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Enero de 2009. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 195

Ponente:Pasceri Scaramuzza
Fecha de Resolución:28 de Enero de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Perozo y otros Vs. Venezuela
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ad-hoc P.P.P.S..

En el caso P. y otros vs. La República Bolivariana de Venezuela

Data venia del criterio de la mayoría, P.P.P.S., Juez ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lamenta salvar su voto, por tener criterio contrario tanto en la motiva como en la dispositiva, (a excepción de los puntos 1,2,3 de la dispositiva o resolutiva del fallo)[1] y por tanto disentir de la mayoría de los integrantes de esta Corte, cuyos votos favorables aprobaron la sentencia de fondo en los restantes puntos que integraron la decisión de la que hoy me permito disentir. En tal sentido, paso de seguidas a razonarlo de la siguiente manera:

He disentido de la sentencia que antecede porque en mi opinión existen tanto razones de forma como de fondo para hacerlo; en efecto a mi juicio existen:

1) Razones formales:

Las razones formales están relacionadas con la excepción de no agotamiento de los recursos internos, que no fue decidida sino hasta la fecha de emisión del fallo, siendo desestimada por la mayoría sentenciadora. En mi criterio, por el contrario, la misma debió ser acogida en virtud de las pretensiones contenidas en la demanda intentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consecuencialmente respecto a las solicitudes contenidas en el escrito autónomo de las presuntas víctimas.

Aun cuando quien suscribe sostiene que las acciones penales no resultan congruentes ni suficientes para satisfacer las pretensiones perseguidas ante esta Corte como se analizará infra, resulta evidente que el Estado, ha manifestado por ante esta Corte, la inconformidad que ésta conozca de manera previa a la jurisdicción interna. Ello se desprende del escrito de contestación de la demanda.

En tal sentido la sentencia de la cual disiento realiza un pronunciamiento anticipado sobre cuestiones que deberían ser decididas antes que todo, por los órganos jurisdiccionales del Estado Venezolano. Por ello la demanda debió ser declarada inadmisible, bien al inicio de este juicio o bien de forma previa a la decisión del fondo de la presente causa, y consecuencialmente, declarar terminado el presente asunto.

La anterior consideración se encuentra fundamentada en las razones que serán analizadas a continuación:

1.1 De la Congruencia

En mi entender, existen acciones, demandas o recursos en el derecho venezolano que aun cuando pudieran dirimir y satisfacer eventualmente las mismas pretensiones que se solicitan en esta instancia internacional (contenidas bien sea en la demanda intentada por la Comisión bien sea en su escrito autónomo), no fueron ejercidas por los solicitantes.

De la simple lectura de la demanda presentada por la Comisión -y de forma similar y ampliada en el escrito autónomo de solicitudes[2]-, se desprende que de acuerdo con el petitorio realizado ante esta Corte, se pidió se condenara al Estado venezolano por:

• violación a la libertad de expresión (artículos 13 de la Convención Americana)

• violación del derecho a la integridad personal (artículo 5(1) de la Convención Americana)

• violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana)

Y como consecuencia de ello que el Estado Venezolano:

▪ Que adopte todas las medidas necesarias para prevenir los actos tanto de agentes del Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado;

▪ Que adopte todas las medidas necesarias para responder con la debida diligencia cuando se produzcan actos tanto de agentes del Estado como de particulares que obstaculicen la búsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado.

▪ Que lleve adelante una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos materia del presente caso y hacer público el resultado de tales investigaciones;

▪ Que se garantice a las víctimas el libre acceso a las fuentes de información, sin injerencias o condicionamientos arbitrarios de ninguna naturaleza;

▪ Que se reparen los daños que la conducta de los órganos del Estado ha causado a las víctimas; y

▪ Que se paguen las costas y gastos legales incurridos en la tramitación del caso tanto a nivel nacional, como las que se originen en la tramitación del presente caso ante el sistema interamericano.

En concordancia con la posición que se sostiene acá y a manera de ejemplo, debe resaltarse que existe una acción adecuada dentro del ordenamiento jurídico venezolano para la protección autónoma de los derechos constitucionales, los cuales tienen una regulación similar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el de la libertad de expresión, prevista en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante CRBV), derecho a la defensa y el debido proceso (o lo que es lo mismo garantías judiciales y la protección judicial), previstas en los artículos 26 y 49 de la CRBV, derecho a la integridad personal, previsto en el artículo 46 de la CRBV; esta acción adecuada es la de amparo constitucional prevista en el artículo 27 de la CRBV, desarrollada de forma pre-constitucional en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en algunas sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual pudo haber sido efectiva en Venezuela, bien de haberse accedido de forma inmediata o directa, para el supuesto que no existieren acciones comunes capaces de proteger al justiciable, bien sea aun con el carácter subsidiario a acciones comunes previstas en el ordenamiento venezolano.

Del expediente sustanciado por ante esta Corte, se evidencia que ninguna acción de amparo constitucional fue ejercida a los fines de proteger o restablecer los derechos presuntamente violados o amenazados de violación, los cuales constitucionalmente encuentran previsión y regulación similar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como se apuntó.

Al hilo de lo expuesto se puede señalar que una eventual decisión de amparo podía haber satisfecho alguna o todas las pretensiones contenidas en la demanda las cuales fueron transcritas supra –y que de forma similar y ampliada fueron solicitadas por las presuntas víctimas en su escrito autónomo- ordenándose, por ejemplo las medidas necesarias para prevenir los actos tanto de agentes Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado; o por ejemplo, medidas necesarias para prevenir los actos, tanto de agentes del Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de información ordenando a la fuerza pública acciones concretas para evitar que hechos como los denunciados no se repitan; o garantizar a los demandantes identificados el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, particularmente el ejercicio de su actividad laboral; u, ordenar, a través por ejemplo de una acción de amparo contra sentencias o contra la omisión de actuación judicial, una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos señalados en la demanda.

Por otra parte, fuera del ámbito de la justicia constitucional, pero en el ámbito de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa venezolana, debo señalar que ésta no sólo conoce del control de algunas manifestaciones del poder público (de actos administrativos, contratos administrativos), sino también de las omisiones o carencias, (en los servicios públicos por ejemplo), así como del control sobre vías de hecho o las actuaciones materiales o groseras en los que pudiera incurrir la propia administración, teniendo competencia de rango constitucional (artículo 259 de la CRBV[3]) para restablecer y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad del Estado.

De forma evolutiva, la tutela judicial que el Estado venezolano venía realizando a través de su poder judicial, respecto a estas últimas actuaciones (vías de hecho o actuaciones materiales o groseras), vino a tener previsión formal-positiva, en la Legislación Venezolana cuando se consagró la posibilidad que los jueces contenciosos administrativos conocieran de reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Nacional y demás altas autoridades de rango nacional que ejerzan el Poder Público (artículo 5 numeral 27, en concordancia con el primer párrafo del mismo artículo, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela). De allí que pretensiones tendentes a controlar vías de hecho que pudieron haber cometido órganos del Ejecutivo y demás altas autoridades de rango nacional que ejerzan Poder Público del Estado, pudieron haberse solicitado y tramitado a través de esta acción prevista en el derecho interno como se denota.

Por otro lado, siempre a manera de ejemplo se insiste en que las pretensiones patrimoniales contenidas en el escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas de las víctimas (folio 619, de las medidas de reparación integral solicitadas por las víctimas que fuera recogida al numeral 21 (rectius10), que se hacen por ante esta Corte, tuvieron que haberse canalizado a través de una acción específica existente en Venezuela, cual es, la de las demandas patrimoniales contra la República, con todos los requisitos que ello conlleva (artículo 5, numeral 24, en concordancia con el primer párrafo del mismo artículo todos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela[4]).

Aunado a lo anterior, y sin haber querido ser exhaustivo con la gama de posibilidades existentes en el derecho interno venezolano, debo señalar que las acciones referidas conviven con los recursos y acciones que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba