Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Enero de 2009. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Serie C No. 195

Fecha de Resolución28 de Enero de 2009
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoPerozo y otros Vs. Venezuela
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Perozo y otros vs. Venezuela

Sentencia de 28 de enero de 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso P. y otros vs. Venezuela,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

C.M.Q., P.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

P.P.P.S., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la causa y objeto de la controversia

  1. El 12 de abril de 2007, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), en relación con el caso 12.442, el cual se originó en la denuncia 487/03 presentada en la Secretaría de la Comisión el 27 de junio de 2003 por G.P., A.M., E.H., O.D.P., Y.T.B.B., C.Q., F.A.L.D., A.J.P.I., B.A., J.M.P.P., M.L.R., R.A.L.V., F.J.P.G., J.P., M.Á.C., J.D.B., J.D.F.M., N.M., G.R., M.A., J.V.A.M., O.U., E.H., C.R.Z., J.N., A.A.L.F., C.A., A.K.V., W.E.A., C.M.A.R., J.I., G.Z.N. y A.F.R.. El 27 de febrero de 2004 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 07/04, mediante el cual declaró admisible dicha petición. Posteriormente, el 26 de octubre de 2006 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 61/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones al Estado[2]. El 12 de abril de 2007 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, considerando que “el Estado no adoptó las recomendaciones de [su] informe”. La Comisión designó como delegados al señor P.S.P., Comisionado, y a los señores S.A.C., Secretario Ejecutivo e I.J.Á., entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión, y como asesores legales a la señora E.A.-Mershed, actual Secretaria Ejecutiva adjunta, al señor J.P.A.A. y a las señoras D.B. y S.S.. También fueron designados como asesores legales el señor A.E.D. y la señora A.G., quienes ya no son funcionarios de la Comisión.

  2. Los hechos presentados por la Comisión se refieren a una serie de actos y omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agresiones físicas y verbales, así como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y particulares, en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre periodistas, personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas, así como a algunas investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a nivel interno en relación con esos hechos.

  3. La Comisión alegó que por haber buscado, recibido y difundido información, las presuntas víctimas fueron sujetas a diversos ataques y que el Estado no adoptó las medidas necesarias para prevenir los actos de hostigamiento, ni investigó y sancionó a los responsables con la debida diligencia. La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de esas 44 presuntas víctimas[3]. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos.

  4. El 12 de julio de 2007 los representantes de 37 de las 44 presuntas víctimas[4], señores C.A.C. y señoras M.E.L., A.C.N.M. y N.H.B. (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Los representantes alegaron que los hechos del presente caso son tanto aquellos que constituyen “propiamente objeto de litigio”, como “una serie de hechos no contenidos en la demanda de la Comisión [que estarían] directamente vinculados con los hechos denunciados como violatorios de la Convención Americana, [los cuales] debe[ría]n ser valorados […] ya sea como parte del ‘contexto’ en el cual tuvieron lugar los hechos contenidos en la demanda, o como hechos que agravaron las [alegadas] violaciones […]”. Los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado es responsable, además de las violaciones alegadas por la Comisión, por la violación del artículo 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención, en perjuicio de dos accionistas de Globovisión, en relación con hechos que alegan “han causado daños y han privado al canal de televisión y a sus accionistas del uso y goce de los equipos” del canal. Asimismo, alegaron que el Estado ha violado el artículo 24 (Igualdad ante la ley) de la Convención, en relación con el artículo 13 de la misma, por alegados impedimentos a los equipos periodísticos de Globovisión de acceso a fuentes oficiales de información. A su vez, en sus alegatos finales solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión con” los artículos 1, 2 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”). Por último, solicitaron al Tribunal que ordene al Estado que adopte una serie de medidas de reparación.

  5. El 11 de septiembre de 2007 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). En este escrito el Estado interpuso cuatro excepciones preliminares, a saber, “extemporaneidad de los argumentos y pruebas contenidos en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por las [presuntas] víctimas”; “improcedencia en cuanto a la formulación de nuevos alegatos y argumentos contenidos en el escrito autónomo consignado por las presuntas víctimas”; “parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces integrantes de la Corte” y la falta de agotamiento de los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano. El Estado solicitó a la Corte que concluya y declare improcedentes e inexistentes las alegadas violaciones a los derechos reconocidos en los artículos 5, 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención, imputadas por la Comisión y las presuntas víctimas. En consecuencia, solicitó que se declare sin lugar la demanda y el escrito autónomo de solicitudes, así como también cada una de las reclamaciones y reparaciones solicitadas. El Estado designó al señor G.S.N. como Agente y al señor L.D.M. como Agente Alterno[5].

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.

    III

    Procedimiento ante la Corte

  7. El 11 de mayo de 2007 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar realizado por el entonces Presidente de la Corte, y de conformidad con los artículos 34 y 35.1 del Reglamento, notificó vía facsimilar la mencionada demanda al Estado[6] y al representante[7]. Ese mismo día la demanda fue despachada vía courier junto con la totalidad de los anexos, los cuales fueron recibidos por los representantes y por el Estado el 14 de mayo de 2007[8]. El 29 de junio de 2007 el Estado designó al señor P.P.P.S. como J. ad hoc.

  8. Luego de presentado su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (supra párr. 4), el 17 de septiembre de 2007 los representantes presentaron un escrito con “información complementaria del escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas” (infra párrs. 51 y 52).

  9. Una vez que el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda (supra párr. 5), el 12 de octubre de 2007 el entonces Presidente de la Corte dictó un Acuerdo mediante el cual decidió no aceptar una solicitud del Estado, interpuesta en forma de excepción preliminar, de que los jueces C.M.Q. y D.G.-Sayán fueran excluidos del conocimiento del caso y sometió el acuerdo al pleno de la Corte. El 18 de octubre de 2007 la Corte dictó una Resolución que declaró improcedente la solicitud del Estado de separar a los jueces C.M.Q. y D.G.-Sayán del conocimiento del caso y aceptó la excusa planteada por el Juez García-Sayán (infra párrs. 35 a 37).

  10. El 15 y 16 de noviembre de 2007 los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos con respecto a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.

  11. El 18 de marzo de 2008 la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), quince testimonios y seis peritajes ofrecidos por la Comisión, los representantes y el Estado, respecto de las cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, la Presidenta convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración de tres testigos y tres peritos propuestos por las partes (infra párr. 93), así como los alegatos finales...

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