Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Marzo de 2011. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Serie C No. 223

Fecha de Resolución 4 de Marzo de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoAbrill Alosilla y otros Vs. Perú
ActoFondo Reparaciones y Costas
SolicitanteRepública Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Abrill Alosilla y otros Vs. perú

Sentencia de 4 DE MARZO de 2011

(Fondo, R. y Costas)

En el Caso Abrill Alosilla y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

L.A.F., P. en ejercicio;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 32, 34, 41, y 68 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

|I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |párrs. 1-6 |

| | |

|II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |párrs. 7-15 |

| | |

|III. COMPETENCIA |párr. 16 |

| | |

|IV. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL |párrs. 17-27 |

| | |

|V. CONSIDERACIÓN PREVIA RESPECTO A LA PRESUNTA FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS POR PARTE DE ALGUNAS |párrs. 28-34 |

|VÍCTIMAS | |

| | |

|VI. PRUEBA |párr. 35 |

|1. Prueba documental, testimonial y pericial |párrs. 36-37 |

|2. Admisión de la prueba documental |párrs. 38-43 |

|3. Admisión de la prueba testimonial y pericial |párrs. 44-49 |

| | |

|VII. DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A LA PROPIEDAD PRIVADA EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y |párr. 50 |

|GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

|1. Hechos establecidos |párrs. 51-69 |

|2. Alcances de la violación del derecho a la protección judicial en el presente caso. |párrs. 70-76 |

|3. Alegada violación del derecho a la propiedad privada |párrs. 77-85 |

| | |

|VIII. REPARACIONES |párrs. 86-88 |

|A.P. Lesionada |párrs. 89-90 |

|B. Medidas de satisfacción | |

|B.1 Publicación de la Sentencia |párrs. 91-92 |

|C. Indemnizaciones compensatorias | |

|C.1 Daño material |párrs. 93-115 |

|C.2 Daño inmaterial |párrs. 116-132 |

|D.C. y Gastos |párrs. 133-139 |

|E. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |párrs. 140-145 |

| | |

|IX. PUNTOS RESOLUTIVOS |párr. 146 |

I

Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  1. El 16 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) en relación con el caso No. 12.384, Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, la cual se originó con la petición recibida en la Comisión el 14 de abril de 2000 y registrada bajo el No. 166/2000. El 18 de abril de 2002 el Estado reconoció ante la Comisión Interamericana su responsabilidad internacional en el presente caso por la violación del artículo 25 de la Convención Americana. A partir de lo anterior se inició un proceso de solución amistosa del caso que finalizó sin un acuerdo entre las partes. El 17 de marzo de 2009 la Comisión emitió el informe de admisibilidad y fondo No. 8/09, en los términos de los artículos 37.3 de su Reglamento y 50 de la Convención[3]. El 16 de abril de 2009 se notificó al Estado el referido informe y se le concedió un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión[4]. Después de considerar que el Perú “no dio cumplimiento a la recomendación efectuada” en el mencionado informe, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó a la señora L.P.M., Comisionada, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, como D., y a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a la señora S.S.G., especialista de la Secretaría Ejecutiva, como asesoras legales.

  2. La demanda se relaciona con la alegada “violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de 233 miembros de[l Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante SIFUSE)], debido a que el Estado no les [habría] prove[ído] un recurso efectivo frente a la [alegada] aplicación retroactiva de decretos que entre 1991 y 1992 eliminaron el sistema de escala salarial que los regía, […] a pesar de que la Constitución Política aplicable establecía la garantía de no retroactividad de las leyes[,] salvo en materia penal cuando fuera más favorable”.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que “otorgue plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado” y que declare la violación del artículo 25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio de las 233 presuntas víctimas del presente caso. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación, así como el pago de las costas y gastos.

  4. El 14 de abril de 2010 el representante de las presuntas víctimas[5], señor J.J.T.H. (en adelante “el representante”), presentó ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 40 del Reglamento. Además de lo indicado por la Comisión en la demanda, el representante solicitó que la Corte declare la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 21.1 y 21.2 (Derecho a la Propiedad Privada) en relación con el artículo 1.1. de la Convención Americana y precisó la solicitud de reparaciones, costas y gastos.

  5. El 22 de junio de 2010 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en los términos del artículo 41 del Reglamento. En dicho escrito el Estado señaló que “únicamente reconoce su responsabilidad internacional respecto a la violación del artículo 25 de la Convención Americana, en tanto se aplicó en forma retroactiva el Decreto Ley No. 25876”. En ese sentido, precisó que “[d]icho reconocimiento no implica una aceptación total de los argumentos presentados por las presuntas víctimas respecto al quantum del daño material”. Asimismo, indicó que “no [se] ha configurado la violación d[e los] artículo[s] 21.1 y 21.2 de la Convención”, ya que un Estado “puede legítimamente limitar o restringir el derecho a la propiedad pues no toda restricción implica necesariamente una vulneración”. El 25 de febrero de 2010 el Estado designó a la señora D.M.M. como Agente en el presente caso.

  6. El 19 y 23 de julio de...

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