Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de Noviembre de 2006. Caso La Cantuta Vs. Perú. Serie C No. 162

PonenteCançado Trindade
Fecha de Resolución29 de Noviembre de 2006
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoLa Cantuta Vs. Perú
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteRepública Dominicana

VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

  1. He votado en favor de la adopción, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la presente Sentencia en el caso La Cantuta versus Perú. Dada la importancia de las cuestiones en ella tratadas por la Corte, me veo en la obligación de agregar a la presente Sentencia este Voto Razonado, con mis reflexiones personales como fundamento de mi posición al respecto de lo deliberado por el Tribunal. Centraré mis reflexiones en cuatro puntos básicos, a saber: a) la recurrencia del crimen de Estado: la masacre de La Cantuta en el marco de una práctica criminal de Estado (tal como se desprende de la demanda ante la Corte Interamericana, de la determinación de los hechos por la Corte Interamericana, y del reconocimiento de responsabilidad agravada por el propio Estado demandado); b) la contribución de la Corte Interamericana al primado del Derecho hacia el fin de las autoamnistías; c) la agresión inadmisible a la Universitas; y d) la inadmisibilidad de violaciones del jus cogens.

    1. La Recurrencia del Crimen de Estado: La Masacre de La Cantuta en el Marco de una Práctica Criminal de Estado.

  2. La Demanda ante la Corte Interamericana.

  3. En la demanda del 14.02.2006 presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a esta Corte en el presente caso, la Comisión se refiere inter alia a una denuncia pública (del 05.05.1993) de un General del Ejército peruano (Sr. R.R.E.) en el sentido de que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del Perú había organizado un "escuadrón de la muerte", denominado Grupo Colina, "encargado de la eliminación física de terroristas", que perpetró la matanza de noviembre de 1991 de 14 personas en el caso de B.A. (conocido por esta Corte), así como las ejecuciones extrajudiciales de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad de La Cantuta (ocurridas en julio de 1992) (párr. 84), caso que también viene de decidir esta Corte. Los casos se insertan, en realidad, en una práctica sistemática planificada y ejecutada por agentes del Estado, según órdenes del más alto escalón del poder público estatal.

  4. La relación de los hechos constantes de la referida demanda presentada por la Comisión se basa, a su vez, en la amplia determinación de los hechos efectuada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, constante en su Informe Final del 2003. En el presente caso La Cantuta, los miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina invadieron el campus universitario, irrumpieron en las residencias de los profesores y estudiantes, secuestraron las víctimas (en la madrugada del 18.07.1992), los llevaron con "rumbo desconocido", y los ejecutaron. Las víctimas secuestradas en La Cantuta permanecieron desaparecidas hasta el 12.07.1993, cuando fueron ubicados restos mortales, presumiblemente de ellas, en fosas clandestinas, situadas en la quebrada de Chavilca, localidad de Cieneguilla (párrs. 54-58).

  5. Pero sólo se identificaron, hasta la fecha, los restos mortales de dos de las víctimas ejecutadas. Los exámenes periciales concluyeron que las víctimas - el profesor y los nueve estudiantes universitarios secuestrados de La Cantuta - habían sido ejecutadas con "disparos de armas de fuego en la cabeza" y que sus restos mortales habían sido "quemados en estado de putrefacción" (párrs. 68 y 61). En la madrugada misma del crimen (el 18.07.1992) se puso en práctica el engranaje estatal del encubrimiento de los hechos.

  6. La supracitada demanda presentada por la Comisión Interamericana a esta Corte señala que la CVR identificó "toda una estructura de poder organizado" mediante la cual lleva adelante, en el marco de una "estrategia contra-subversiva de los agentes del Estado", una "práctica sistemática" de "ejecuciones arbitrarias", que alcanzó sus más altos niveles de personas victimadas en los períodos 1983-1984 y 1989-1992 (párrs. 73, 70 y 76); además, "la práctica de la desaparición forzada fue un mecanismo de lucha contra-subversiva empleado de forma sistemática por los agentes del Estado entre 1988 y 1993", estimando asimismo que "los miembros de las Fuerzas Armadas" fueron aquellos "a quienes se les atribuye la mayor proporción (más de 60%) de las víctimas de desaparición forzada causada por agentes estatales en el período 1980-2000" (párr. 77).

  7. En seguida, la Comisión Interamericana transcribió, del Informe Final de la CVR, las "etapas" en que se perpetraba esta práctica macabra:

    "selección de la víctima, detención de la persona, depósito en un lugar de reclusión, eventual traslado a otro centro de reclusión, el interrogatorio, la tortura, el procesamiento de la información obtenida, la decisión de la eliminación, la eliminación física, la desaparición de los restos de la víctima, el uso de los recursos del Estado" (párr. 78).

  8. El Informe Final de la CVR, extensivamente citado en la demanda presentada por la Comisión Interamericana ante esta Corte, se refiere a una práctica criminal del Estado, abarcando un "circuito clandestino" de detenciones arbitrarias seguidas de ejecuciones extrajudiciales (párr. 150). El Grupo Colina era un grupo de exterminio inserto en la estructura del SIN (liderado por V.M.) para enfrentar presuntos "enemigos" del régimen del entonces P.A.F. (párrs. 96 y 85). El Grupo Colina operaba con recursos del Estado (párr. 80), y

    "cumplía una política de Estado consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas de las cuales se sospechaba que pertenecían a los grupos insurgentes, mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas" (párr. 89).

  9. La Determinación de los Hechos por la Corte Interamericana.

  10. En la presente Sentencia en el caso de La Cantuta, en el capítulo VII sobre los hechos probados, la Corte Interamericana determinó, tomando en cuenta el Informe Final de la CVR, que

    "Las ejecuciones arbitrarias constituyeron una práctica sistemática en el marco de la estrategia contra-subversiva de los agentes del Estado, especialmente en los momentos más intensos del conflicto (1983-1984 y 1989-1992)" (párr. 80(1)).

    Había toda una estructura de poder estatal organizado, y las ejecuciones extrajudiciales no constituían hechos aislados o esporádicos, sino un patrón de conducta por parte del Estado en el marco de su referida estrategia, llevando a una práctica verdaderamente criminal, con el empleo de recursos y medios materiales del propio Estado.

  11. El modus operandi, tal como identificado por la CVR y recapitulado por esta Corte, consistía en

    "'selección de la víctima, detención de la persona, depósito en un lugar de reclusión, eventual traslado a otro centro de reclusión, el interrogatorio, la tortura, el procesamiento de la información obtenida, la decisión de la eliminación, la eliminación física, la desaparición de los restos de la víctima y el uso de los recursos del Estado'. El denominador común en todo el proceso era 'la negación del hecho mismo de la detención y el no brindar información alguna de lo que sucedía con el detenido. Es decir, la persona ingresaba a un circuito establecido de detención clandestina, del cual con mucha suerte salía con vida'" (párr. 80(5)).

  12. En cuanto a las "modalidades empleadas para destruir evidencias" de los crímenes cometidos, la Corte recuerda que la propia CVR indicó que éstas incluían, entre otras, "la mutilación o incineración" de los restos mortales de las víctimas (párr. 80(7). En el presente caso de La Cantuta, la Corte dio por probado que los "restos óseos calcinados" encontrados en Cieneguilla correspondían a un "entierro secundario", por cuando ya "habían permanecido en otras fosas" y, luego de haber sido extraídos y quemados ("los cuerpos fueron quemados en estado de putrefacción"), fueron "depositados y enterrados en la zona de Chavilca" (párr. 85(34). O sea, la violación del principio de la dignidad de la persona humana se dio tanto en la vida como en la pos-vida.

  13. Es de conocimiento público y notorio que la detención ilegal, seguida de la ejecución extrajudicial, de las víctimas en los casos tanto de Barrios Altos como de La Cantuta, fueron perpetradas por el "escuadrón de la muerte" denominado "Grupo Colina". Este grupo de exterminio fue organizado directamente dentro de la estructura jerárquica de las fuerzas armadas del Estado peruano, y

    "cumplía una política de Estado consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes o contrarias al régimen del ex-Presidente A.F., mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas" (párr. 80(18).

  14. Un relato de la historia del "Grupo Colina" da cuenta de que el ex-Presidente A.F. y su asesor V.M. optaron de ese modo por combatir el terrorismo con la "guerra clandestina" del "terrorismo de Estado", realizando "secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales", y utilizando el "recurso avieso de trasladar las responsabilidades a escalones menores", eludiendo "sus responsabilidades directas"; sin embargo, el llamado "Grupo Colina" fue autorizado a actuar "desde la más alta instancia del Gobierno"[1]. Los crímenes de B.A. y La Cantuta formaron parte inequívoca, y fehacientemente comprobada, de una política de Estado[2]. Un examen del Informe Final de la CVR confirma con abundancia de detalles las operaciones criminales del "Grupo Colina", con referencias expresas y relatos de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta como parte de un patrón de conducta

    criminal por parte del Estado[3].

  15. De lo anteriormente expuesto, se desprende que se trata, pues, en el caso de La Cantuta, en el marco de esta estrategia estatal siniestra, incuestionablemente de un crimen de Estado, que además - como establecido por la presente Sentencia - contó con el encubrimiento estatal de los hechos y la obstrucción sistemática...

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