Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de Agosto de 2000. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Serie C No. 69

Fecha de Resolución:18 de Agosto de 2000
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Cantoral Benavides Vs. Perú
Acto:Fondo
Solicitante:República Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Cantoral Benavides Vs. Perú

Sentencia de 18 de agosto de 2000

(Fondo)

En el caso C.B.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

A.A.C.T., Presidente

Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente

Hernán Salgado Pesantes, Juez

Oliver Jackman, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Sergio García Ramírez, Juez

Carlos Vicente de R.R., Juez y

F.V.R., J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

R.P., S. adjunto,

de acuerdo con los artículos 29 y 55 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso.

I

introducción de la causa

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) invocó, al presentar la demanda, los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y 26 y siguientes del Reglamento entonces vigente.[1] La Comisión sometió dicha demanda ante la Corte para que ésta decidiera si el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) había violado los siguientes artículos de la Convención: 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 7.1 a 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1, 8.2, 8.2.d), 8.2.f), 8.2.g), 8.3 y 8.4 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), y los artículos 2 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención Interamericana contra la Tortura”). Según la demanda, dichas violaciones se habrían producido en perjuicio del señor L.A.C.B. por la privación ilegal de su libertad seguida de su retención y encarcelamiento arbitrarios, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación a las garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos hechos. En el escrito de alegato final, la Comisión agregó la supuesta violación de los artículos 8.2.c), 8.5 y 9 de la Convención Americana y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura.

    II

    competencia

  2. La Corte es competente para conocer del presente caso. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. El Perú es, además, Estado Parte en la Convención Interamericana contra la Tortura desde el 28 de marzo de 1991.

    III

    procedimiento ante la comisión

  3. El 18 de abril de 1994 fue interpuesta ante la Comisión Interamericana, por vía facsimilar, la denuncia correspondiente a los hechos de este caso, y el día 20 de los mismos mes y año se recibió en la Secretaría de dicha Comisión la denuncia original. El 24 de agosto de 1994 la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia, de acuerdo con el artículo 34 de su Reglamento.

  4. El 7 de septiembre de 1994 el Estado solicitó a la Comisión que se inhibiera de conocer el presente caso porque “había vencido en exceso el término de seis meses que establece el Artículo 46.1.b) de la Convención Americana”.

  5. El 25 de noviembre de 1994 los peticionarios informaron a la Comisión que estaba pendiente de resolverse, ante la Corte Suprema de Justicia del Perú, un recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia del 10 de octubre de 1994 emitida por el “Tribunal Especial sin rostro del Fuero Común”.

  6. El 15 de febrero de 1995 el Estado afirmó que la Comisión tenía “una imposibilidad legal” de conocer el caso “en virtud del no agotamiento de los recursos internos”. El 2 de marzo de 1995 la Comisión, en respuesta al Estado, señaló que no cabía invocar tal excepción en los supuestos del caso, “en los que una persona que ya ha sido juzgada y absuelta por un Tribunal Militar por la figura de ‘Traición a la patria’, se encuentra procesada y en vías de ser juzgada ante el Fuero Común por los mismos hechos, bajo el rótulo legal del delito de ‘Terrorismo’”.

  7. El 5 de marzo de 1996 la Comisión aprobó el Informe No. 15-A/96. Al día siguiente la Comisión se puso a disposición de las partes, de conformidad con el artículo 48.1.f) de la Convención Americana, a efecto de determinar si se podía llegar a una solución amistosa, por lo que decidió no notificar el Informe hasta que las partes respondieran a su oferta. Los peticionarios aceptaron someterse al indicado procedimiento bajo ciertas condiciones. El Estado, por su parte, solicitó el 1 de abril de 1996 una prórroga para pronunciarse sobre esa posibilidad; sin embargo, a pesar de haberla obtenido, omitió dar respuesta a la oferta de la Comisión.

  8. El 8 de mayo de 1996 la Comisión remitió al Estado el Informe No. 15-A/96, que en su parte dispositiva resolvió:

  9. Declarar que el Estado peruano es responsable de la violación, en perjuicio de L.A.C.B., del derecho a la libertad personal, a la integridad personal y a las garantías judiciales que reconocen, respectivamente, los artículos 7, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en concordancia con la falta de cumplimiento de las obligaciones emanadas del artículo 1.1.

  10. Recomendar al Estado peruano que, en consideración del análisis de los hechos y del derecho realizado por la Comisión, una vez recibida la notificación del presente Informe, proceda de inmediato a dejar en libertad a L.A.C.B..

  11. Recomendar al Estado del Perú que pague una indemnización compensatoria al reclamante, por el daño causado como consecuencia de los hechos denunciados y comprobados por la Comisión.

  12. Solicitar al Gobierno del Perú que informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, sobre las medidas que se hubiesen adoptado en el presente caso, de conformidad con las recomendaciones contenidas en los párrafos 2 y 3 de este dispositivo.

  13. Someter el presente caso a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si, en el plazo establecido en el párrafo precedente, el Estado peruano no diese cumplimiento a las recomendaciones que le formula la Comisión.

  14. El 5 de julio de 1996, mediante nota No. 7-5-M/204, el Estado remitió a la Comisión una copia del Informe preparado por el Equipo de Trabajo integrado por representantes de diversas dependencias del Estado y manifestó que durante el trámite del caso había indicado en reiteradas oportunidades que existían procesos judiciales en trámite, por lo que no se había agotado la jurisdicción interna. Además, indicó que había operado la caducidad del derecho invocado, de acuerdo con el artículo 46.1.b) de la Convención. Finalmente, señaló que no le era posible atender las recomendaciones contenidas en el Informe No. 15-A/96.

    IV

    procedimiento ante la corte

  15. La demanda en este caso fue sometida a la Corte el 8 de agosto de 1996. La Comisión Interamericana designó como sus delegados a los señores C.A.C. y J.J.E.; como su abogado al señor D.E.A., y como sus asistentes a los señores I.B.C., R.Q., J.M.V., V.K., A.D. y M.M., los cuales, según informó la Comisión a la Corte, también actuaban como representantes de la víctima. Por nota recibida en la Corte el 18 de junio de 1998 la señora M. comunicó su renuncia a participar en el presente caso.

  16. Mediante nota de 21 de agosto de 1996 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por su Presidente (en adelante “el Presidente”), notificó la misma al Estado.

  17. El 6 de septiembre de 1996 el Estado comunicó a la Corte la designación del señor M.C.B. como agente. El 4 de junio de 1998 designó como agente alterno al señor W.P.C..

  18. El 20 de septiembre de 1996 el Estado interpuso siete excepciones preliminares y solicitó a la Corte que las declarara fundadas o que, en su caso, las resolviera junto con la materia de fondo. Asimismo, solicitó un plazo adicional para “oponer nuevas excepciones en adición a las anteriores”, el cual no fue otorgado por la Corte.

  19. El 4 de octubre de 1996 el Estado designó al señor F.V.R. como J. ad hoc.

  20. El 12 de diciembre de 1996 el Estado presentó su contestación de la demanda.

  21. El 18 de marzo de 1997 la Corte solicitó al Estado, a pedido de la Comisión, el acta del Registro Personal practicado a L.A.C.B. el 6 de febrero de 1993 y el Atestado Policial Ampliatorio No. 049 DIVICOTE 3 - DINCOTE, de 26 de febrero de 1993. El 19 de mayo de 1997 el Estado presentó el Acta de Registro Personal citada y el 10 de abril del mismo año requirió que, por razones de economía procesal, se incorporara al presente caso el Atestado que había sido aportado en el trámite del caso L.T.. El 14 de abril del mismo año el P. resolvió favorablemente la citada solicitud.

  22. En escritos del 19 de mayo y el 23 de junio de 1997, el Estado informó que el señor L.A.C.B. había solicitado, el 9 de octubre de 1996, indulto ante la Comisión ad hoc creada por la Ley No. 26.655. Dicha Comisión era la encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión de indulto y derecho de gracia, para quienes se encontraran condenados por los delitos de terrorismo o traición a la patria. Dicha Comisión recomendó que se otorgara a C.B. el mencionado beneficio. El 15 de julio de 1997 el Estado informó que se había concedido el indulto solicitado mediante Resolución Suprema 078-97-JUS de 24 de junio de 1997. En razón de haberse producido la excarcelación del señor C.B., solicitó a la Corte el sobreseimiento de la causa. El Estado reiteró dicha solicitud los días 4 de noviembre de 1997 y 24 de abril de 1998.

  23. El 16 de octubre de 1997 la Comisión presentó sus observaciones a la solicitud del Estado relacionada con el sobreseimiento, y pidió a la Corte que la declarara improcedente.

  24. El 8 de junio de 1998 la Corte resolvió reservar el conocimiento de la “solicitud de sobreseimiento” del Estado para después de que se celebrara la audiencia pública sobre excepciones preliminares.

  25. El...

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