Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Septiembre de 1999. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Serie C No. 54

Fecha de Resolución:24 de Septiembre de 1999
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Ivcher Bronstein Vs. Perú
Acto:Competencia
Solicitante:República Dominicana
 
EXTRACTO GRATUITO

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú

Sentencia de 24 de septiembre de 1999

(Competencia)

En el caso I.B.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces (*):

A.A.C.T., Presidente

Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente

Oliver Jackman, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Sergio García Ramírez, J. y

C.V. de R.R., Juez

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

R.P., S. adjunto

de acuerdo con el artículo 29 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre competencia en relación con el supuesto retiro por la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte.

I

Introducción de la causa

  1. Este caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 31 de marzo de 1999. Se originó en la denuncia número 11.762, recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de marzo de 1997.

    II

    Hechos expuestos en la demanda

  2. En los siguientes párrafos, la Corte resume los hechos relevantes para el caso alegados por la Comisión en el escrito de demanda:

    a) Por resolución suprema emitida por el Presidente de la República del Perú el 27 de noviembre de 1984, se concedió la nacionalidad peruana al señor B.I.B. (en adelante “señor I.”), nacido en Israel, bajo condición de que renunciara a su nacionalidad israelí;

    b) el 6 de diciembre de 1984 el señor I. renunció a su nacionalidad israelí y, al día siguiente, el Ministro de Relaciones Exteriores le expidió su título de nacionalidad peruana;

    c) la nacionalidad peruana es un requisito indispensable para ser propietario de acciones de empresas concesionarias de canales televisivos en el Perú. A mediados del año 1992, el señor I. era propietario del 53.95 % de las acciones de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (en adelante “la Compañía”), empresa operadora del Canal 2 de la televisión peruana, y los hermanos S. y M.W.Z. (en adelante “los hermanos W.”) eran propietarios del 46% de las acciones de aquélla;

    d) en abril de 1997 el Canal 2 difundió, a través de su programa “Contrapunto”, denuncias sobre torturas cometidas por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú, así como reportajes relacionados con ingresos millonarios percibidos por el señor V.M.T., asesor de dicho Servicio de Inteligencia. Como consecuencia de estas denuncias, miembros de la Dirección Nacional de la Policía Fiscal sugirieron al señor I. que modificara su línea informativa;

    e) el 23 de mayo de 1997 se abrió “un proceso de la Dirección Nacional de Policía Fiscal contra el señor I.”, quien no concurrió por encontrarse fuera del país, razón por la cual se ordenó su detención. El mismo día el Ejecutivo expidió un decreto supremo que reglamentó la Ley de Nacionalidad y estableció la posibilidad de cancelar la nacionalidad a los peruanos naturalizados;

    f) el 3 de junio de 1997 el señor I. interpuso una acción de amparo, ante la amenaza que dicho decreto podría significar para su nacionalidad. La acción fue declarada improcedente el 20 de febrero de 1998. También se resolvió la improcedencia de otras demandas tendientes a la declaración de inconstitucionalidad del decreto mencionado;

    g) en junio de 1997, por resolución administrativa, el Gobierno peruano alteró la composición de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Posteriormente, la mencionada S. removió de sus cargos y reemplazó a los jueces que se desempeñaban como vocales especializados en derecho público;

    h) el 10 de julio de 1997, mientras el Canal 2 anunciaba la emisión de un reportaje sobre interceptaciones telefónicas realizadas a candidatos opositores al Gobierno, el Director General de la Policía Nacional expuso, en conferencia de prensa, conclusiones de un informe de la Dirección de Migraciones y Naturalización, según el cual no se había localizado el expediente que dio origen al título de nacionalidad peruana del señor I., ni se había demostrado que éste renunció a su nacionalidad israelí. El 11 de los mismos mes y año, el Director General de Migraciones y Naturalización emitió una resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor I.;

    i) como resultado de una demanda de amparo presentada por los hermanos W., el señor P.E., J.P. provisional designado en el Juzgado Especializado en Derecho Público, ordenó que se suspendiera el ejercicio de los derechos que el señor I. poseía como accionista mayoritario de la Compañía y su nombramiento como D. y P., se convocara a una Junta Extraordinaria de accionistas para elegir un nuevo directorio, se prohibiera la transferencia de las acciones del señor I. y se otorgara a los demandantes la administración provisional de la Compañía;

    j) resultaron infructuosas las acciones interpuestas por el señor I., a partir de julio de 1997, para obtener la revocación de la resolución que dejó sin efecto su título de nacionalidad y para suspender las consecuencias de la misma;

    k) el 19 de septiembre de 1997, el J.P.E., asistido por la fuerza pública del Perú, hizo entrega de la administración de la Compañía a los hermanos Winter e impidió el ingreso a ésta de los periodistas que laboraban en el programa “Contrapunto”; y

    l) en el padrón correspondiente al proceso electoral realizado en el Perú el 12 de octubre de 1998, apareció anulada la inscripción del señor I..

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  3. El 9 de junio de 1997 el congresista peruano J.D.C. comunicó a la Comisión la posibilidad de que se privara al señor I. de su nacionalidad peruana. El 16 de julio de 1997 el Decano del Colegio de Abogados de Lima, señor V.P. de la Barra, presentó una denuncia ante la Comisión, alegando que el Estado peruano había dejado sin efecto el título de nacionalidad peruana del señor I..

  4. El 18 de julio de 1997 la Comisión abrió el caso y solicitó información sobre éste al Estado peruano.

  5. El 26 de agosto de 1997 el señor I. pidió audiencia a la Comisión, que a partir de esta solicitud, lo consideró como peticionario principal y víctima de las violaciones alegadas.

  6. El Perú respondió a la Comisión el 12 de septiembre de 1997 y solicitó que se declarara inadmisible la denuncia.

  7. El 9 de octubre de 1997, durante el 97º Período de Sesiones de la Comisión, se realizó una audiencia sobre la admisibilidad de la denuncia.

  8. El 26 de febrero de 1998, durante el 98º Período de Sesiones de la Comisión, se celebró una segunda audiencia sobre la admisibilidad del presente caso.

  9. Mediante nota de 29 de mayo de 1998 la Comisión se puso a disposición de las partes para intentar una solución amistosa, y les pidió responder en un plazo de treinta días. Luego de una prórroga otorgada a solicitud del Estado, éste manifestó, el 31 de julio de 1998, que no consideraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa.

  10. El 8 de octubre de 1998, durante su 100º Período de Sesiones, la Comisión celebró una audiencia sobre aspectos de fondo.

  11. El 9 de diciembre de 1998, durante su 101º Período de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe número 94/98, que fue transmitido al Estado el 18 de los mismos mes y año. En dicho Informe, la Comisión concluyó que:

    [E]l Estado peruano privó arbitrariamente al señor I. de su nacionalidad peruana (en contravención a lo establecido en el artículo 20(3) de la Convención), como un medio de suprimirle la libertad de expresión (consagrada en el artículo 13 de la Convención), y vulneró también su derecho de propiedad (artículo 21 de la Convención), y sus derechos al debido proceso (artículo 8.1 de la Convención) y a un recurso sencillo y rápido ante un juez o tribunal competente (artículo 25 de la Convención), en contravención de la obligación genérica del Estado peruano de respetar los derechos y libertades de todos los individuos dentro de su jurisdicción, emergente del artículo 1.1 de la Convención Americana.

    Asimismo, la Comisión formuló las siguientes recomendaciones al Estado:

    A. Restablecer de inmediato al señor B.I.B. su “Titulo de Nacionalidad” peruana y reconocerle en forma plena e incondicional su nacionalidad peruana, con todos sus derechos y atributos correspondientes.

    B. Cesar los actos de hostigamiento y persecución contra el señor I.B., y abstenerse de realizar nuevos actos en contra de la libertad de expresión del señor I.B..

    C. Efectuar los actos que sean necesarios para que se restablezca la situación jurídica en el goce y ejercicio del derecho de propiedad del señor B.I.B. sobre acciones de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A, y en consecuencia recupere todos sus atributos como accionista y como administrador de dicha empresa.

    D. Indemnizar al señor I.B. por los daños materiales y morales que las actuaciones de los órganos administrativos y judiciales del Estado peruano le haya[n] ocasionado.

    E. Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias a fin de procurar evitar hechos de la misma naturaleza en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA