Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de Febrero de 1993. Caso Cayara Vs. Perú. Serie C No. 14

Fecha de Resolución 3 de Febrero de 1993
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoCayara Vs. Perú
ActoExcepciones Preliminares
SolicitanteRepública Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Cayara Vs. Perú

Sentencia de 3 de febrero de 1993

(Excepciones Preliminares)

En el caso Cayara,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

H.F.-Zamudio, Presidente

Sonia Picado Sotela, Vicepresidente

Rafael Nieto Navia, Juez

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Hernán Salgado Pesantes, Juez

Asdrúbal Aguiar-Aranguren, Juez

Manuel Aguirre Roca, J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta

de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento (en adelante “el Reglamento”) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas en los escritos y alegadas en la audiencia pública por el Gobierno del Perú (en adelante “el Gobierno” o “el Perú”).

I

  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) el 14 de febrero de 1992. El caso se refiere a las denuncias Nº 10.264, Nº 10.206, Nº 10.276 y Nº 10.446.

  2. La Comisión sometió este caso para que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”): 4 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7 (Derecho a la libertad personal), 8 (Garantías judiciales), 21 (Derecho a la propiedad privada) y 25 (Protección judicial), todos ellos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos),

    como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales, torturas, detención arbitraria, desapariciones forzadas de personas y daños contra la propiedad pública y de ciudadanos peruanos, víctimas de las acciones de miembros del Ejército del Perú que se inician el 14 de mayo de 1988, en el distrito (sic) de Cayara, Provincia de V.F., Departamento de Ayacucho [. . .]

    También solicita la Comisión que la Corte decida que el Perú no cumplió con los términos del artículo 1.1 de la Convención al no respetar y garantizar el ejercicio de los derechos enunciados anteriormente; que la Corte determine las reparaciones e indemnizaciones, de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención, a que tienen derecho las víctimas o sus familiares, y que requiera del Gobierno una investigación exhaustiva de los hechos objeto de la demanda, para individualizar a los responsables y someterlos a proceso judicial. En la demanda se identifica a 40 personas como víctimas de ejecuciones arbitrarias y de desapariciones, a ocho personas como torturadas y se mencionan los daños ocasionados tanto en propiedades privadas como en la pública.

  3. La Comisión, al presentar el caso, invocó los artículos 50 y 51 de la Convención y designó como sus delegados a los doctores M.T.B.C., P., y E.M.R., Secretaria ejecutiva. Asimismo designó como asesores a los señores F.S. Garrido, M.T., P.R.R., J.Z., J.H., W.T., P.A., J.E.M., C.C. y J.M.V..

  4. El 28 de febrero de 1992 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó la demanda al Gobierno y le informó que disponía de un plazo de tres meses para responder por escrito la demanda (art. 29.1 del Reglamento) y de un plazo de 30 días siguientes a la notificación de la demanda, para oponer excepciones preliminares (art. 31.1 del Reglamento). El Perú recibió la demanda el 3 de marzo de 1992 y el 16 de marzo siguiente comunicó a la Corte la designación del Dr. A.E.C. como agente. El 2 de junio de 1992 presentó la contestación de la demanda. La demanda fue asimismo comunicada a las personas a que se refiere el artículo 28.1 del Reglamento.

  5. El 15 de abril de 1992 el Perú nombró como J. ad hoc al Dr. M.A.R..

  6. El 26 de marzo de 1992 el agente interpuso las siguientes excepciones preliminares:

    a. incompetencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

    b. litis finitio ;

    c. caducidad de la demanda;

    d. inadmisibilidad de la demanda por privación del derecho de defensa al Estado peruano;

    e. inadmisibilidad de la demanda por nulidad de la resolución Nº 1/91 de la Comisión;

    f. inadmisibilidad de la demanda por nulidad del segundo informe 29/91 de la Comisión;

    g. nulidad por estoppel en el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

    h. inadmisibilidad de la demanda por admisión extemporánea de las réplicas de los reclamantes;

    i. inadmisibilidad de la demanda por admisión extemporánea de Amnistía Internacional en calidad de co-peticionaria;

    j. inadmisibilidad de la demanda por acumulación indebida de cuatro casos ante la Comisión;

    k. inadmisibilidad de la demanda por parcialidad manifiesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y;

    l. incompetencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    La Secretaría transmitió las excepciones preliminares a la Comisión al día siguiente y le recordó que disponía de un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de las mismas para presentar alegatos escritos sobre ellas. Las observaciones de la Comisión fueron recibidas en la Secretaría el 29 de abril de 1992 y transmitidas a las personas a que se refiere el artículo 28.1 del Reglamento.

  7. En el escrito de 26 de marzo de 1992 el agente solicitó, con base en el artículo 31 del Reglamento, la suspensión del procedimiento sobre el fondo hasta que se resolvieran dichas excepciones. Por instrucciones del Presidente la Secretaría informó al Gobierno el 22 de abril de 1992 que el procedimiento sobre el fondo únicamente se suspendería si la Corte en pleno así lo dispusiera y que mientras tanto los plazos seguirían corriendo normalmente.

  8. El 27 de mayo de 1992 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Comisión Permanente de la Corte (en adelante “la Comisión Permanente”), informó a las partes que se celebraría una audiencia pública en la sede de la Corte el día 24 de junio, a las 10:00 horas, sobre las excepciones preliminares presentadas por el Perú y las observaciones que sobre las mismas presentó la Comisión. El Presidente convocó a dicha audiencia pública mediante resolución de 19 de junio de 1992.

  9. En su escrito de excepciones preliminares y, posteriormente, por nota de 27 de mayo de 1992, el Gobierno solicitó que la Secretaría certificara “el ingreso de la primera demanda relativa al CASO CAYARA el 30 de Mayo de 1991 y de su posterior extracción” así como “[e]l mérito de la copia del acta de la Sesión de la Corte Interamericana que resolvió acceder al pedido de la demandante de extraer la demanda interpuesta”. Asimismo solicitó que la Corte requiriera a la Comisión enviar, dentro de un plazo señalado por la Corte, “copia del acta de la Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 27 de Octubre de 1991 en que se aprobó la Resolución 1/91 y el segundo informe 29/91 [. . .] bajo apercibimiento de tenerse por cierto que se aprobó fuera de Período de Sesiones”. El 28 de mayo de 1992 la Secretaría comunicó al Gobierno que por disposición de la Comisión Permanente, su pedido para que fueran diligenciados los documentos ofrecidos con el escrito de excepciones preliminares y se solicitara el acta a la Comisión no era materia que pudiera ser atendida por el Presidente sino por la Corte en pleno. Ese mismo día el Perú insistió en que se ordenaran las pruebas pendientes ya que para el 24 de junio de 1992, fecha en que se realizaría la audiencia pública, “no deberá haber pruebas pendientes ya que de otro modo, no se explica cómo la Corte podrá ‘decidir después’ ”.

  10. El 23 de junio de 1992 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, certificó lo siguiente:

  11. Que el lunes 3 de junio de 1991 ingresó, vía facsímil, una carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 30 de mayo de 1991, con el objeto de ‘transmitir ...el Informe No. 29/91 relativo a los casos 10.264, 10.206, 10.276 y 10.446 contra el Gobierno del Perú...’ en virtud de que ‘[d]urante su 79° período de sesiones, la Comisión aprobó el informe en mención, el 20 de febrero de 1991 y dispuso someterlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de los artículos 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 50 del Reglamento de la CIDH’.

  12. Que el viernes 7 de junio de 1991 la Secretaría de la Corte recibió vía courier el expediente.

  13. Que el miércoles 12 de junio de 1991 la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó telefónicamente al Secretario de la Corte para informarle que vendría a la Corte lo antes posible el señor L.J., abogado de la Comisión, para tratar el posible retiro de (los) caso(s). El señor J. vino a la Corte el 18 de junio de 1991.

  14. Que mediante nota de 20 de junio de 1991 adjunta, recibida en la Secretaría el 24 del mismo mes, la Comisión Interamericana manifestó que ‘ha decidido, por ahora retirar el caso de la Corte, a fin de volverlo a considerar y eventualmente presentarlo de nuevo...’. La Secretaría de la Corte acusó recibo de esta nota, previa consulta con la Comisión Permanente.

  15. No existe acta de la Corte plena sobre este particular.

  16. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte el día 24 de junio de 1992.

    Comparecieron ante la Corte

    por el Gobierno del Perú:

    A.E.C., agente

    J.V.E., Embajador

    Eduardo Barandiarán, Ministro Consejero de la Misión Diplomática del Perú en Costa Rica

    M.U.T.;

    por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

    W.M.R., delegado

    E.M.R., delegada

    J.H., asesora

    W.T., asesor

    J.E.M., asesor

    J.M.V., asesor

    M.B.-Donn, asesora.

  17. En dicha audiencia la Comisión suministró la información solicitada por el Gobierno (supra 9) sobre la sesión de la Comisión del 27 de octubre de 1991 en la que aprobó la resolución 1/91 y el segundo informe Nº 29/91. La delegada Dra. E.M.R. manifestó que la Comisión decidió

    en ocasión de una visita ‘in loco’ de la Comisión al Perú, aprobar la Resolución 1/91 e inmediatamente notificarla a ese...

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