Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Noviembre de 2010. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Serie C No. 218

Fecha de Resolución:23 de Noviembre de 2010
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Vélez Loor Vs. Panamá
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Paraguay
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO V.L. vs. Panamá

SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2010

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso V.L.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

|I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |párrs. 1-6 |

|II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |párrs. 7-12 |

|III. EXCEPCIONES PRELIMINARES |párr. 13 |

|Falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna |párrs. 14-28 |

|Falta de competencia de la Corte ratione materiae para conocer de un alegado incumplimiento de la Convención |párrs. 29-36 |

|Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura | |

|IV. ASUNTOS PREVIOS |párr. 37 |

|Inadmisibilidad ratione materiae de nuevas pretensiones |párrs. 38-51 |

|por parte de las representantes | |

|La legitimación de CEJIL para obrar en representación de |párrs. 52-56 |

|la presunta víctima respecto de las supuestas violaciones | |

|de las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura | |

|V. COMPETENCIA |párr. 57 |

|VI. RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD |párrs. 58-70 |

|INTERNACIONAL | |

|VII. PRUEBA |párr. 71 |

|1. Prueba documental, testimonial y pericial |párrs. 72-73 |

|2. Admisión de la prueba documental |párrs. 74-80 |

|Admisión de las declaraciones de la presunta víctima, de |párrs. 81-89 |

|la prueba testimonial y pericial | |

|VIII. FONDO |párr. 90 |

|VIII-1. derecho a la libertad personal, garantíaS judiciales, principio de legalidad y PROTECCIÓN JUDICIAL en |párrs. 91-101 |

|relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de | |

|derecho interno | |

|a) Aprehensión inicial por la Policía de Tupiza el 11 de noviembre de 2002 |párrs. 102-111 |

|b) Orden de detención 1430 de 12 de noviembre de 2002 |párrs. 112-118 |

|c) Recursos efectivos para cuestionar la legalidad de la detención |párrs. 119-139 |

|d) Procedimiento ante la Dirección Nacional de Migración y Naturalización entre el 12 de noviembre y el 6 de |párrs. 140-148 |

|diciembre de 2002 | |

|e) Derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular |párrs. 149-160 |

|f) Privación de libertad en aplicación del artículo 67 del Decreto Ley 16 de 1960 |párrs. 161-172 |

|g) Notificación de la Resolución 7306 de 6 de diciembre de 2002, y recursos respecto del fallo sancionatorio |párrs. 173-181 |

|h) Ilegalidad del lugar de reclusión de extranjeros sancionados en aplicación del Decreto Ley 16 de 1960 |párrs. 182-188 |

|i) Conclusión |párrs. 189-191 |

|Precisiones sobre el artículo 2 de la Convención Americana |párrs. 192-195 |

|VIII-2. derecho a la integridad personal en relación con LAS obligaciOnES de respetar Y GARANTIZAR los derechos|párrs. 196-205 |

|y lAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA | |

|Necesidad de que las personas detenidas por su situación migratoria permanezcan en lugares distintos a los |párrs. 206-210 |

|destinados a las personas acusadas o condenadas por la comisión de delitos penales | |

|Condiciones de detención en la Cárcel Pública de La Palma y en el Centro Penitenciario La Joyita |párr. 211 |

|1) Suministro de agua en La Joyita |párrs. 212-217 |

|2) Asistencia médica |párrs. 218-227 |

|Deber de iniciar de oficio y de inmediato una investigación respecto de los alegados actos de tortura |párrs. 228-245 |

|VIII-3. NO DISCRIMINACIÓN E IGUAL PROTECCIÓN ANTE LA LEY |párrs. 246-254 |

|IX. REPARACIONES |párrs. 255-258 |

|A. P. Lesionada |párr. 259 |

|Medidas de rehabilitación, de satisfacción, obligación de investigar y garantías de no repetición |párrs. 260-261 |

|1. Medidas de rehabilitación |párrs. 262-264 |

|2. Medidas de Satisfacción |párrs. 265-266 |

|3. Obligación de investigar los alegados actos de |párrs. 267-270 |

|tortura y otras afectaciones cometidas en perjuicio | |

|del señor V.L. e identificar, juzgar y, en su | |

|caso, sancionar a los responsables | |

|4. Garantías de no repetición |párrs. 271-298 |

|C. Indemnizaciones compensatorias | |

|1. Daño material |párrs. 299-307 |

|2. Daño inmaterial |párrs. 308-314 |

|D. C. y Gastos |párrs. 315-320 |

|E. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |párrs. 321-326 |

|X. PUNTOS RESOLUTIVOS |párr. 327 |

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

  1. EL 8 DE OCTUBRE DE 2009 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA COMISIÓN INTERAMERICANA”) PRESENTÓ, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 51 Y 61 DE LA CONVENCIÓN, UNA DEMANDA CONTRA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “PANAMÁ”) EN RELACIÓN CON EL CASO 12.581, J.T.V.L., ORIGINADO MEDIANTE PETICIÓN RECIBIDA EN LA COMISIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2004 Y REGISTRADA BAJO EL NO. P-92/04. EL 17 DE MARZO DE 2005 EL SEÑOR J.V. SE CONSTITUYÓ COMO ABOGADO DEL PETICIONARIO. EL 21 DE OCTUBRE DE 2006 LA COMISIÓN DECLARÓ ADMISIBLE LA PETICIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DEL INFORME DE ADMISIBILIDAD NO. 95/06. EL 25 DE MAYO DE 2007 EL SEÑOR VÉLEZ LOOR CAMBIÓ SU REPRESENTACIÓN LEGAL AL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (EN ADELANTE “CEJIL”). EL 27 DE MARZO DE 2009 LA COMISIÓN APROBÓ EL INFORME DE FONDO NO. 37/09[2], EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONVENCIÓN. EL 8 DE ABRIL DE 2009 SE NOTIFICÓ AL ESTADO EL REFERIDO INFORME Y SE LE CONCEDIÓ UN PLAZO DE DOS MESES PARA QUE INFORMARA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN[3]. DESPUÉS DE CONSIDERAR QUE PANAMÁ NO HABÍA ADOPTADO SUS RECOMENDACIONES, LA COMISIÓN DECIDIÓ SOMETER EL PRESENTE CASO A LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE. LA COMISIÓN DESIGNÓ AL SEÑOR PAOLO CAROZZA, ENTONCES MIEMBRO DE LA COMISIÓN, Y A SU SECRETARIO EJECUTIVO, SANTIAGO A. CANTON, COMO DELEGADOS, Y A LAS SEÑORAS ELIZABETH ABI-MERSHED, SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA, S.S.G.E.I.M.Y.A.S.M.F., COMO ASESORES LEGALES.

  2. La demanda se relaciona con la alegada detención en Panamá del señor J.T.V.L., de nacionalidad ecuatoriana, y su posterior procesamiento por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas garantías y sin la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa; la alegada falta de investigación de las denuncias de tortura presentadas por el señor V.L. ante autoridades panameñas, así como con las supuestas condiciones inhumanas de detención a las cuales habría estado sometido en diferentes centros penitenciarios panameños desde el momento de su privación de libertad el 11 de noviembre de 2002, hasta su deportación a la República del Ecuador el 10 de septiembre de 2003.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara al Estado responsable por la violación de los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, así como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “Convención contra la Tortura”), todos en perjuicio de J.T.V.L.. Por último, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación, así como el pago de las costas y gastos.

  4. El 9 de enero de 2010 las señoras V.K., A.N., G. De León y M.M., de CEJIL, organización representante de la presunta víctima (en adelante “las representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 24 del Reglamento. Las representantes sostuvieron que el Estado era responsable por la violación de los mismos derechos alegados por la Comisión, aunque relacionadas con los artículos 24, 1.1 y 2 de la Convención. Además, alegaron la violación del artículo 2 de la Convención contra la Tortura. Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado que adoptase determinadas medidas de reparación.

  5. El 23 de abril de 2010[4] el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En dicho escrito el Estado interpuso dos excepciones preliminares relacionadas con la demanda de la Comisión, a saber, (i) falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y (ii) falta de competencia de la Corte ratione materiae para conocer de un alegado incumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (infra Capítulo III). Asimismo, al presentar observaciones de manera separada sobre el escrito de las representantes, el Estado planteó las siguientes cuestiones, que denominó como asuntos previos: (i) inadmisibilidad ratione materiae de nuevas pretensiones por parte de las representantes, y (ii) legitimación de CEJIL para obrar en representación de la presunta víctima respecto de las supuestas violaciones de las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura (infra Capítulo IV). En dicho escrito el Estado expresó además su oposición y negativa a determinadas solicitudes de la Comisión y las representantes, y realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional (infra Capítulo VI). El Estado solicitó a la Corte que declarase que Panamá no tenía obligación de reparar daños y costas sino por las violaciones que expresamente había declarado aceptar. El 11 de diciembre de 2009 el Estado nombró a la señora I.Q. de B. como su Agente y al señor V.F.S. como su Agente Alterno.

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