Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2010. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Serie C No. 216

Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2010
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Rosendo Cantú y otra Vs. México
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Nicaragua

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO R.C. Y OTRA VS. MÉXICO

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2010

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso R.C. y otra,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

A.C.E., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 30, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 2 de agosto de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), originada en la petición presentada el 10 de noviembre de 2003 por V.R.C. (en adelante “la señora R.C.” o “la presunta víctima”), la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C. (en adelante también “Tlachinollan”) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.. El 21 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana emitió el Informe de Admisibilidad No. 93/06[2] y el 27 de marzo de 2009 aprobó el Informe de Fondo No. 36/09[3], en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual realizó una serie de recomendaciones para el Estado. Este último Informe fue notificado a México el 2 de abril de 2009 y se le concedió un plazo de dos meses para que informara sobre las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones. El 7 de mayo de 2009 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar su informe. La Comisión otorgó la prórroga solicitada el 17 de junio de 2009 y solicitó al Estado que le informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus recomendaciones. Transcurrido el plazo “sin que el Estado presentara información sobre la implementación de las recomendaciones”, el 31 de julio de 2009, la Comisión decidió someter el caso a la Corte. La Comisión designó como delegados al entonces Comisionado F.M. y a su Secretario Ejecutivo, S.A.C., y como asesoras legales a la Secretaria Ejecutiva Adjunta, E.A.-Mershed y a las abogadas I.M., R.C., F.M. y L.C., especialistas de la Secretaría.

Según indicó la Comisión Interamericana, la demanda se refiere a la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la “violación [sexual] y tortura” en perjuicio de la señora R.C. ocurrida el 16 de febrero de 2002, por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables” de esos hechos, por “las consecuencias de los hechos del caso en la hija de la [presunta] víctima”, por “la falta de reparación adecuada [en] favor de la [presunta] víctima y sus familiares”, por “la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos”, y por “las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud”.

Por lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora R.C.. También solicitó se declare la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 5 (Integridad Personal) de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la niña Y.B.R., hija de la señora R.C.. Asimismo, señaló que México es responsable por la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también “la Convención de Belém do Pará”) y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “la Convención contra la Tortura”), en perjuicio de la señora R.C.. Con base en lo anterior, la Comisión solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

El 28 de octubre de 2009 la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa[4] (en adelante también “OPIM”), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante también “CEJIL”, todos ellos en adelante “los representantes”) remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 24 del Reglamento. Los representantes coincidieron sustancialmente con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana y añadieron en su solicitud la declaración de violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de la señora R.C.; el artículo 24 (Igualdad ante la Ley) en relación con los demás derechos alegados y el artículo 2 de la Convención (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) en relación con los artículos 8 y 25 de la misma, 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura y 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de la señora R.C.. Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación, así como el pago de determinadas costas y gastos.

El 17 de febrero de 2010 el Estado presentó un escrito en el cual interpuso una excepción preliminar, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). México requirió a la Corte que considere fundada la excepción preliminar y declare su falta de competencia para determinar violaciones a la Convención de Belém do Pará. Asimismo, solicitó al Tribunal que declare la inexistencia de violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana y en la Convención contra la Tortura alegados por la Comisión y los representantes. El Estado designó como Agente a la señora Z.G. y R..

El 23 de abril de 2010 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

La demanda de la Comisión fue notificada a los representantes y al Estado el 27 de agosto de 2009[5]. Posteriormente a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, los representantes remitieron información sobre supuestos hechos supervinientes, sobre los que la Comisión y el Estado tuvieron oportunidad de pronunciarse. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 4 y 5), entre otros remitidos por las partes, mediante resolución de 23 de abril de 2010 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (en adelante también “affidávit”), las declaraciones de tres testigos, propuestos por la Comisión y por los representantes, así como los dictámenes de seis peritos, propuestos por la Comisión y por los representantes[6]. Además, en aras de la economía procesal, el P. admitió la incorporación al presente caso de los affidávits de dos testigos y dos peritos, propuestos por la Comisión y por los representantes, rendidos en el proceso del caso F.O. y otros Vs. México[7]. En relación con lo anterior, las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, el P. convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración de una de las presuntas víctimas y un testimonio, ambos propuestos por la Comisión y por los representantes, y el dictamen pericial de una perita propuesta por los representantes, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y el fondo, las reparaciones y las costas[8]. En la citada audiencia pública, atendiendo a las particularidades del caso, se recibió la declaración de la señora R.C. en forma privada[9].

La audiencia pública fue celebrada el 27 de mayo de 2010 durante el LXXXVII Período Ordinario de Sesiones de la Corte[10].

Por otra parte, el Tribunal recibió once escritos en calidad de amicus curiae de las siguientes personas e instituciones: i) tres alumnos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en relación con el derecho de acceso a la justicia por parte de la población indígena en el estado de Guerrero, la jurisdicción penal militar y posibles reparaciones[11]; ii) el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, sobre la violación sexual como tortura, la justicia militar y el tratamiento médico que deben recibir las mujeres víctimas de violencia[12]; iii) la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, referente a la importancia del contexto en el presente caso[13]; iv) las organizaciones Bar Human Rights Commitee y Solicitors’ International Human Rights Group, respecto a la violación sexual como tortura y los estándares de investigación en casos de violación sexual[14]; v) la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (“WOLA” por sus siglas en inglés), en relación con la militarización en...

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