Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Mayo de 2010. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Serie C No. 212

Fecha de Resolución:25 de Mayo de 2010
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Chitay Nech y otros Vs. Guatemala
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Haití

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala

Sentencia de 25 de mayo de 2010

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el Caso Chitay Nech y otros,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

M.E.S.G., J. ad hoc;

presentes además,

P.S.A., S.;

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38, 59 y 61 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)((, dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y objeto de la controversia

  1. El 17 de abril de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 2 de marzo de 2005[1] por P.C.R. (en adelante “P.C.” o “P.”), A.S. Garrido, A.O.E.B. y la Asociación Azmitia Dorantes para el Desarrollo y Fomento Integral (AADDFI). La Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 7/07, en el cual declaró la admisibilidad del caso. Con posterioridad, el 31 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 90/08, en los términos del artículo 50 de la Convención[2]. El informe recomendó al Estado que, entre otras medidas, realizara una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta con el objeto de juzgar y sancionar a los responsables, así como que reconociera su responsabilidad internacional por los hechos. Este informe fue notificado al Estado el 17 de noviembre de 2008. Después de considerar que Guatemala no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al señor V.A., entonces miembro de la Comisión, al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, como D., y a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, K.I.Q.O. e I.M., como asesoras legales.

  2. La demanda se relaciona con la alegada desaparición forzada del dirigente político indígena maya kaqchikel, F.C.N. (en adelante “F.C.N.” o “F.C.” o “el señor C.N.”), ocurrida a partir del 1 de abril de 1981 en la Ciudad de Guatemala y la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de sus familiares. Dicha desaparición fue ejecutada por hombres armados que bajaron de un vehículo. El señor C.N. opuso resistencia hasta que uno de los hombres encañonó a su hijo menor de edad, E.C.R. (en adelante “Estermerio Chitay” o “E.”), quien le acompañaba, por lo que dejó de resistirse y subió al vehículo. Según la demanda, ese mismo día fue interpuesta una denuncia ante la Policía Nacional -la cual no levantó acta alguna-. El día 12 de octubre de 2004 fue interpuesto un recurso de exhibición personal, el cual fue declarado improcedente. Posteriormente, el 2 de marzo de 2009 la Directora Ejecutiva de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (en adelante “COPREDEH”) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la desaparición forzada del señor C.N.. No obstante, según ha sido alegado, aún no han sido investigados los hechos ni juzgados y sancionados los responsables después de 29 años de acaecida la referida desaparición forzada, y todavía se desconoce su paradero.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos: a) 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 23 (Derechos Políticos) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, así como los artículos I y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”), en perjuicio de F.C.; b) 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de ese tratado, en perjuicio de F.C. y sus hijos, a saber, Encarnación, P., E., Estermerio y M.R., todos de apellidos C.R.; c) 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 17 (Protección a la Familia) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Encarnación, P., E., Estermerio y M.R., todos de apellidos C.R., y d) 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del entonces menor de edad E.C.. Por último, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos.

  4. El 17 de julio de 2009 la señora A.O.E.B. y el señor C.M.P.M., representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de lo indicado por la Comisión, los representantes sostuvieron, inter alia, que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de F.C., su esposa M.R.Q., su cuñada A.R.Q., y sus hijos Encarnación, P., E., Estermerio y M.R., todos de apellidos C.R.. Asimismo, sostuvieron que es responsable de las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de ese instrumento, así como de los artículos 5 y 17 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los hijos de F.C., así como también en perjuicio de M. y Amada, ambas de apellidos R.Q.. En cuanto a la alegada violación del artículo 19 de la Convención, solicitaron que sea declarada en perjuicio de los entonces niños E., Estermerio y M.R., de apellidos C.R.. Finalmente, los representantes solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso incurridos a lo largo del proceso desde la petición planteada en la Comisión hasta las diligencias que se lleven a cabo ante la Corte.

  5. El 19 de octubre de 2009 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). En dicho escrito el Estado manifestó que “acepta[ba] parcialmente la demanda[.]” No obstante, negó su responsabilidad internacional respecto de la presunta violación de los artículos 3, 8 y 25 de la Convención. Asimismo, el Estado interpuso dos excepciones preliminares, una sobre la falta de agotamiento de los recursos internos en relación con los artículos 21 y 22 de la Convención alegados por los representantes, y otra sobre la “objeción a convenir en una solución amistosa”. El 12 de junio de 2009 el Estado nombró a la señora D.M.D.S. como Agente del Estado y a la señora M.E. de J.R.L. como Agente Alterna.

  6. Los días 4 y 9 de diciembre de 2009 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos sobre el allanamiento y las excepciones preliminares interpuestos por el Estado, de conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento.

    II

    Procedimiento ante la Corte

  7. La demanda fue notificada al Estado[3] y a los representantes el 15 de mayo de 2009. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidencia de la Corte (en adelante “la Presidencia”) ordenó, mediante Resolución de 21 de diciembre de 2009[4], la recepción de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por una presunta víctima, cinco testimonios y tres peritajes[5], ofrecidos oportunamente por las partes[6]. Asimismo, mediante la misma Resolución se convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de tres presuntas víctimas[7] y tres peritos propuestos, según el caso, por la Comisión, los representantes y el Estado, así como los alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Presidencia fijó plazo hasta el 3 de marzo de 2010 para que las partes presentaran sus respectivos escritos de alegatos finales.

  8. El día 20 de diciembre de 2009 los representantes interpusieron una recusación respecto a la participación de la señora M.E.S.G. como J. ad hoc en el presente caso, invocando que la calidad de Directora Ejecutiva de la Comisión de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, sería incompatible con el cargo de Jueza ad hoc. El 25 de enero de 2010[8] la Corte decidió rechazar la recusación interpuesta[9].

  9. La audiencia pública fue celebrada el 2 de febrero de 2010 durante el LXXXVI Período Ordinario de Sesiones de la Corte, en la sede del Tribunal[10].

  10. Los días 25 de febrero y 26 de marzo de 2010 la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones de la Presidencia, y de conformidad con el artículo 47 del Reglamento, requirió a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado, según sea el caso, que brindaran cierta información o documentación como prueba para mejor resolver.

  11. El 3 de marzo de 2010 la Comisión y el Estado remitieron sus alegatos finales...

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