Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de Julio de 2011. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Serie C No. 228

Fecha de Resolución 5 de Julio de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoMejía Idrovo Vs. Ecuador
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteEl Salvador

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO M.I. VS. ECUADOR

SENTENCIA DE 5 DE JULIO DE 2011

EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS

En el caso M.I.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos( (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

E.V.G., J..

presente((, además,

P.S.A., S.,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 30, 32, 38, 56, 57, 58 y 61 del Reglamento de la Corte((( (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador

  1. Introducción a la Causa y objeto de la Controversia 3

  2. Procedimiento ante la Corte 4

  3. Excepciones Preliminares 5

    A. Tribunal de Alzada o de Cuarta Instancia 5

    B. Falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna 8

  4. Competencia 10

  5. Prueba 10

    A. Declaración de la presunta víctima y prueba pericial 11

    B. Admisión de la prueba documental 11

    C. Admisión de la declaración de la presunta víctima y la prueba pericial 13

  6. Artículos 8 y 25 de la Convención Americana 13

    A. Hechos Relevantes 13

    B. Garantías del proceso en los trámites ante el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre, y ante el Tribunal Constitucional (Artículo 8 de la Convención Americana) 20

    a) Falta de motivación ante el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre 20

    b) Irregularidades en el trámite ante el Tribunal Constitucional 21

    C. Protección Judicial y tutela judicial efectiva en la ejecución de fallos (Artículo 25 de la Convención Americana) 25

    1. Efectividad del recurso de inconstitucionalidad (Artículo 25.1 de la Convención Americana) 26

    2. Tutela judicial efectiva en la ejecución de fallos internos (Artículos 25.2.c) de la Convención Americana) 29

  7. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno e Igualdad ante la Ley (Artículos 2 y 24 de la Convención Americana ) 32

  8. Reparaciones (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 35

    A. Parte Lesionada 36

    B. Medidas de reparación integral: restitución y satisfacción 37

    C. Otras medidas de reparación solicitadas 39

    D. Indemnización Compensatoria por daños materiales e inmateriales 39

    E. Costas y Gastos 42

    F. Modalidades de cumplimiento de los pagos ordenados 44

  9. Puntos Resolutivos 44

    Introducción a la Causa y objeto de la Controversia

    1. EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA COMISIÓN INTERAMERICANA”) PRESENTÓ, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 51 Y 61 DE LA CONVENCIÓN, UNA DEMANDA CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “ECUADOR”) EN RELACIÓN CON EL CASO M.I. VS. ECUADOR. LA PETICIÓN INICIAL FUE PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2002 POR LA COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CEDHU”). EL 17 DE MARZO DE 2009 LA COMISIÓN ADOPTÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO NO. 07/09[1], EN EL CUAL DECLARÓ LA ADMISIBILIDAD DEL CASO Y RECOMENDÓ AL ESTADO QUE ADOPTARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO EFECTIVO A LA RESOLUCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EMITIDA EL 12 DE MARZO DE 2002 POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR[2] Y REPARAR EL DAÑO CAUSADO A J.A.M.I. (EN ADELANTE “CORONEL MEJÍA IDROVO”, “SEÑOR MEJÍA IDROVO” O “PRESUNTA VÍCTIMA”). DEBIDO QUE EN CONCEPTO DE LA COMISIÓN LAS RECOMENDACIONES NO FUERON ADOPTADAS DE MANERA SATISFACTORIA POR PARTE DEL ESTADO, DECIDIÓ SOMETER EL PRESENTE CASO A LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE. LA COMISIÓN DESIGNÓ COMO DELEGADOS A LA SEÑORA LUZ P.M., COMISIONADA, Y AL SEÑOR SANTIAGO A. CANTON, SECRETARIO EJECUTIVO, Y COMO ASESORAS LEGALES A LAS SEÑORAS ELIZABETH ABI-MERSHED, SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA, Y K.I.Q.O., ESPECIALISTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.

    2. Los hechos alegados por la Comisión se refieren a que el Estado incumplió un fallo dictado por el Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos mediante los cuales se decretó la disponibilidad y baja del ejército del señor M.I. y dispuso la reparación de los daños.

    3. La Comisión solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado porque ha incumplido con sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor M.I., ya que habían transcurrido más de siete años desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de marzo de 2002 que ordenó al Estado reparar los daños causados a la presunta víctima, sin que el Estado haya cumplido con esa orden.

    4. El 13 de marzo de 2010 la señora E.M. y el señor C.D., integrantes de la CEDHU, en representación de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión ampliando la información sobre los mismos. En general coincidieron con lo alegado jurídicamente por la Comisión. No obstante, solicitaron además que se declare la violación de los artículos 24 (Derecho a la Igualdad) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio del señor M.I.. Por último, solicitaron diversas medidas de reparación.

    5. El 24 de junio de 2010 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El Estado en su contestación se refirió a los alegatos de hecho y de derecho presentados por la Comisión y los representantes, y solicitó a la Corte que acepte las excepciones preliminares planteadas y declare que el Estado no ha violado los artículos 8.1, 25, 24, 2 y 1.1 de la Convención Americana, “por cuanto garantizó y garantiza la protección de los derechos humanos, y sus garantías correlativas”, y se refirió a las medidas de reparación. Asimismo, el Estado interpuso dos excepciones preliminares, una sobre “argumento de Tribunal de Alzada o de Cuarta Instancia”, y otra sobre “No agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”. El Estado designó a E.R., Director Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, Agente y a los señores R.D. y A.F.G., como Agentes Alternos.

    6. Los días 19 y 21 de agosto de 2010 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, y solicitaron a la Corte que las desestime y prosiga con el fondo del caso.

      Procedimiento ante la Corte

    7. LA DEMANDA FUE NOTIFICADA AL ESTADO[3] Y A LOS REPRESENTANTES EL 18 DE ENERO DE 2010.

    8. Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2010, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir una declaración de un perito rendida ante fedatario público (affidávit), y convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de la presunta víctima y los peritos propuestos por la Comisión y el Estado, así como los alegatos orales de las partes sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, y además fijó plazo hasta el 28 de marzo de 2011 para que las partes presentaran sus alegatos finales escritos.

    9. El 19 de enero de 2011 los representantes remitieron una “declaración juramentada” del peritaje del señor V.H.L.V., siete días después de vencido el plazo para su remisión, ya que de acuerdo con el punto resolutivo segundo de la Resolución del Presidente de 2 de diciembre de 2010, se había ordenado su presentación a más tardar el 12 de enero de 2011. Siguiendo instrucciones del Presidente se informó a los representantes que se había desestimado la referida declaración pericial por su presentación extemporánea.

    10. La audiencia pública fue celebrada el 28 de febrero de 2011 durante el 96 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede[4].

    11. El 28 de marzo de 2011 la Comisión, los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos. Los días 5 y 15 de abril de 2011 los representantes y el Estado remitieron, respectivamente, los anexos anunciados en sus escritos de alegatos finales escritos.

    12. El 5 de abril de 2011 la Comisión Interamericana remitió el documento titulado “La Justicia Constitucional Ecuatoriana en la Constitución de 2008” de autoría del perito J.V..

    13. El 26 de abril de 2011 se concedió a las partes un plazo hasta el 4 de mayo de 2011 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes, según sea el caso, a los anexos remitidos por el Estado y los representantes junto con los alegatos finales (supra párr. 11). El 4 de mayo de 2011 la Comisión y los representantes presentaron sus observaciones. El Estado no remitió observaciones al respecto. El 16 de mayo de 2011 el Estado manifestó que los representantes transgredieron la disposición de la Corte, ya que no se pronunciaron sobre los anexos presentados junto con los alegatos finales del Estado, sino que en su lugar se pronunciaron sobre los alegatos escritos del Estado, violando el principio de lealtad procesal y solicitó se deje sin efecto la intervención de los representantes. Posteriormente, el 20 de junio de 2011 el Estado suministró información reciente sobre el nuevo procedimiento de calificación de la presunta víctima. Al respecto, el 24 de junio de 2011 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P., solicitó a la Comisión y representantes “si lo estimaran conveniente” remitieran observaciones al referido escrito estatal. El 28 de junio de 2011 tanto los representantes como la Comisión remitieron sus respectivos escritos al respecto.

      Excepciones...

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