Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2007. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Serie C No. 171

Fecha de Resolución28 de Noviembre de 2007
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoAlbán Cornejo y otros. Vs. Ecuador
ActoFondo Reparaciones y Costas
SolicitanteEl Salvador

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Albán Cornejo y otros

vs. Ecuador

Sentencia de 22 de noviembre de 2007

(Fondo, R. y Costas)En el caso A.C. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.; y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia1. El 5 de julio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”), la cual se originó en la denuncia No. 12.406, remitida a la Secretaría de la Comisión el 31 de mayo de 2001, y complementada el 27 de junio de 2001, por C.S.C.A. de A. (en adelante “Carmen Cornejo de Albán” o “señora C. de A., en su nombre y el de su esposo, B.W.A.S. (en adelante “B.A.S.” o “señor A.S.”). El 23 de octubre de 2002 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 69/02[1] y el 28 de febrero de 2006 aprobó el Informe de Fondo No. 7/06[2], en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones, que en concepto de la Comisión no fueron adoptadas de manera satisfactoria por parte del Estado, razón por la cual aquella decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte[3].

  1. De acuerdo a los hechos invocados por la Comisión Interamericana, L.S.A.C. (en adelante “L.A.” o “señorita A.C.”) ingresó el 13 de diciembre de 1987 al Hospital Metropolitano, institución de salud de carácter privado, situada en Quito, Ecuador, debido a un cuadro clínico de meningitis bacteriana. El 17 de diciembre de 1987 durante la noche, la señorita A.C. sufrió un fuerte dolor. El médico residente le prescribió una inyección de diez miligramos de morfina. El 18 de diciembre de ese mismo año, mientras permanecía bajo tratamiento médico, la señorita A.C. murió, presuntamente por el suministro del medicamento aplicado. Con posterioridad a su muerte, sus padres, C.C. de A. y B.A.S. (en adelante “presuntas víctimas” o “padres de L.A.” o “padres de la señorita A.C.” o “padres”) acudieron ante el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha (en adelante “Juzgado Octavo de lo Civil”) para obtener el expediente médico de su hija, y ante el Tribunal de Honor del Colegio Médico de Pichincha (en adelante “Tribunal de Honor”). Después los padres presentaron una denuncia penal ante las autoridades estatales para que investigaran la muerte de su hija. Como consecuencia de lo anterior, dos médicos fueron investigados por negligencia en la práctica médica, y el proceso seguido en contra de uno de ellos fue sobreseído el 13 de diciembre de 1999, al declararse prescrita la acción penal. Respecto al otro médico, su situación jurídica se encuentra pendiente de resolución judicial.

  2. La demanda de la Comisión hace referencia a que el Estado no ha asegurado el acceso efectivo a las garantías y protección judiciales de C.C. de A. y B.A.S., quienes “en su interés [por] esclarecer el homicidio de su hija, [L.A., por años han buscado justicia y [la] sanción de los responsables mediante el recabo de indicios respecto de la muerte de aquélla y el intento de obtener la atención formal de las autoridades respecto al caso”. Asimismo, la Comisión señaló en la demanda que en el ordenamiento interno y en la práctica del Ecuador no existen normas o mecanismos adecuados que permitan promover la persecución penal cuando se afectan bienes jurídicos y su vulneración requiere el ejercicio de la acción pública, lo que a criterio de la Comisión causó un perjuicio a la parte lesionada en el presente caso.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con los artículos 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) y 1.1 (Obligación de Respetar Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de C.C. de A. y de B.A.S.. Asimismo, solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

  4. El 14 de octubre de 2006 los señores F.S.C. y A.P.V.[4], de las Clínicas Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, en su condición de representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Los representantes solicitaron al Tribunal que declare que el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de L.A.; y los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), 17 (Protección a la Familia) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en perjuicio de C.C. de A. y B.A.S.. Los representantes alegaron la violación de estos artículos en conjunto con el artículo 1.1 (Obligación del Estado de Adoptar Disposiciones de Derecho) y el artículo 2 (Obligación del Estado de Respetar los Derechos) de la Convención Americana. Por último, solicitaron a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación y el pago de costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

  5. El 15 de diciembre de 2006 el Estado[5] contestó la demanda y presentó sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “la contestación de la demanda”). Indicó que no había violado el artículo 4 (Derecho a la Vida), ni los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos de la Convención Americana, y “reafirm[ó] su voluntad de satisfacer el derecho a la verdad de las presuntas víctimas sin reconocer que se hayan violado los derechos protegidos por los artículos 4, 13, y 17 de la Convención Americana”. Respecto al artículo 5 de la Convención, en los alegatos finales escritos el Estado solicitó que se rechazara la pretensión. Por último, objetó las cantidades de dinero solicitadas por los representantes por concepto de indemnización, costas y gastos.

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, ya que Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.

    III

    Procedimiento ante la Corte

  7. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado[6] y a los representantes el 17 de agosto de 2006. Durante el proceso ante este Tribunal, además de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 5 y 6), el Presidente de la Corte[7] (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), un testimonio y un peritaje ofrecidos por la Comisión y los representantes, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, considerando las circunstancias particulares del caso, el P. convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar la declaración de una de las presuntas víctimas y recibir un peritaje, así como los alegatos finales de las partes sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue efectuada el 16 de mayo de 2007 durante el XXX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte celebrado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala[8], durante la cual el Estado realizó un allanamiento parcial de responsabilidad (infra párr. 10). El 6 de junio de 2007 la Comisión y el Estado presentaron sus escritos de alegatos finales sobre fondo y eventuales reparaciones y costas. Los representantes presentaron los días 14 y el 26 de junio de 2007 el escrito de alegatos finales y sus anexos, respectivamente. El 3 de agosto de 2007 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P., requirió a la Comisión, a los representantes y al Estado, de conformidad con el artículo 45.2 del Reglamento, la remisión de determinada normativa y documentación a efectos de ser considerada como prueba para mejor resolver. Los días 16 de agosto, y 12 y 13 de septiembre de 2007 el Estado remitió parte de la prueba para mejor resolver y el 20 de agosto de 2007 la Comisión presentó la prueba requerida. Los días 18 y 20 de agosto de 2007 los representantes remitieron parte de dicha prueba. El 20 de septiembre de 2007 se solicitó a los representantes, siguiendo instrucciones del P., que remitieran los comprobantes de los egresos que alegan que las presuntas víctimas habrían realizado por concepto de costas y gastos, los cuales fueron remitidos los días 27 de septiembre y 18 de octubre de 2007.

  8. En la Resolución de 15 de marzo de 2007, el Presidente requirió a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado la presentación de los alegatos finales escritos, el 6 de junio de 2007, cuyo plazo era improrrogable. Tanto la Comisión como el Estado remitieron los referidos alegatos finales el día 6 de junio de 2007. Los representantes, por su parte, remitieron su escrito de alegatos finales y sus anexos el 14 y 26 de junio de 2007, respectivamente. Consecuentemente, este Tribunal los inadmite...

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