Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Octubre de 2012. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Serie C No. 251

Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Surinam

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO NADEGE DORZEMA Y OTROS VS. REPÚBLICA DOMINICANA

SENTENCIA DE 24 DE OCTUBRE DE 2012

(Fondo, R. y Costas)

En el caso N.D. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”), integrada por los siguientes jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

CASO NADEGE DORZEMA Y OTROS VS. REPÚBLICA DOMINICANA

ÍNDICE

| |Párrafos |Página |

|INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1 – 3 |4 |

|PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |4 - 11 |5 |

|COMPETENCIA |12 |7 |

|PRUEBA…….. |13 – 25 |7 |

|Prueba documental, testimonial y pericial |14 |7 |

|Admisión de la prueba |15 – 25 |8 |

|Admisión de la prueba documental |15 – 24 |8 |

|Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas y de la prueba testimonial |25 |10 |

|CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS |26 – 37 |10 |

|Alegatos |27 – 28 |10 |

|Consideraciones de la Corte |29 – 37 |12 |

|Solicitud de ampliación del número de presuntas víctimas sobrevivientes |29 – 35 |12 |

|Solicitud de ampliación del número de familiares de las presuntas víctimas fallecidas |36 |13 |

|Solicitud de inclusión de los familiares de las víctimas sobrevivientes como presuntas víctimas |37 |13 |

|HECHOS PROBADOS |38 – 65 |14 |

|Antecedentes contextuales |38 – 40 |14 |

|Hechos del caso |41 – 65 |15 |

|Persecución e incidente |41 – 49 |15 |

|Reacción de las autoridades frente al incidente |50 – 53 |19 |

|Detención y expulsión |54 – 55 |20 |

|Sobre el proceso en la jurisdicción militar |56 – 62 |21 |

|Sobre el proceso tramitado en la jurisdicción ordinaria |63 – 65 |23 |

|DERECHOS AFECTADOS |66 |24 |

|VII-1. DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL |67 – 117 |24 |

|Alegatos |68 – 76 |25 |

|Consideraciones de la Corte |77 – 117 |26 |

|Acciones preventivas: legalidad y excepcionalidad del uso de la fuerza en relación con el deber de garantía |79 – 82 |27 |

|Acciones concomitantes a los hechos: legalidad, necesidad y proporcionalidad en relación con el deber de respeto. |83 – 98 |28 |

|El uso de la fuerza en el caso |85 – 91 |29 |

|Privación arbitraria de la vida |92 |30 |

|Ejecuciones extrajudiciales |93 - 97 |31 |

|Afectaciones a la integridad personal de los sobrevivientes |98 |31 |

|Acciones posteriores a los hechos: debida diligencia y humanidad en relación con el deber de garantía del derecho a la |99 – 117 |32 |

|vida y a la integridad personal | | |

|Debida diligencia |101 – 105 |32 |

|Trato a los sobrevivientes |106 – 110 |34 |

|Tratamiento a las personas fallecidas y sus cadáveres |111 – 117 |35 |

|VII-2. DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN |118 – 178 |36 |

|Derecho a la libertad personal |119 – 144 |37 |

|Alegatos |119 – 123 |37 |

|Consideraciones de la Corte |124 – 144 |38 |

|Libertad de circulación, expulsión colectiva y derecho a las garantías judiciales…………………… |145 – 178 |44 |

|Alegatos |146 – 149 |44 |

|Consideraciones de la Corte |150 – 178 |45 |

|Protección a migrantes |152 – 155 |45 |

|Debido proceso en casos de deportación o expulsión |156 – 159 |46 |

|Garantías mínimas al migrante sujeto de expulsión o deportación |160 – 167 |47 |

|Expulsión colectiva |168 – 175 |49 |

|Conclusiones |176 – 178 |50 |

|VII-3. DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL |179 – 201 |51 |

|Alegatos |180 – 182 |51 |

|Consideraciones de la Corte |183 – 201 |52 |

|La jurisdicción militar no pude ser el fuero competente en materia de derechos humanos |187 – 198 |53 |

|Impunidad de los infractores y acceso a la justicia |199 – 201 |55 |

|VII-4. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO | 202 – 217 |56 |

|Alegatos | 203 – 206 |56 |

|Consideraciones de la Corte |207 – 217 |56 |

|Reformas legislativas |212 – 215 |58 |

|Conclusiones |216 – 217 |59 |

|VII-5. DEBER DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD ANTE LA LEY |218 – 238 |59 |

|Alegatos |219 – 223 |59 |

|Consideraciones de la Corte |224 – 238 |60 |

|Discriminación en el presente facto |228 – 236 |62 |

|Conclusiones |237 - 238 |65 |

|REPARACIONES |239 – 306 |65 |

|Parte lesionada |244 |66 |

|Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables |245 – 253 |66 |

|Reapertura de la investigación y determinación de responsabilidades individuales |245 – 249 |66 |

|Identificación y repatriación de los restos mortales de |250 – 253 |68 |

|las víctimas | | |

|Medidas de reparación integral: rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición |254 – 279 |68 |

|Rehabilitación |255 – 261 |68 |

|Satisfacción |262 – 265 |69 |

|Garantías de no repetición |266 – 279 |70 |

|Indemnización compensatoria |280 – 289 |72 |

|Daño material e inmaterial |280 – 289 |72 |

|Costas y gastos |290 – 297 |75 |

|Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas |298 – 301 |77 |

|Modalidades de cumplimiento de los pagos ordenados |302 – 306 |77 |

|IX. PUNTOS RESOLUTIVOS………...................................................................... |307 |78 |

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

Sometimiento y sinopsis del caso. – El 11 de febrero de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, el caso 12.688 contra el Estado de República Dominicana (en adelante “el Estado” o “República Dominicana”), fundándose en lo que describió como “el uso excesivo de fuerza de militares en contra de un grupo de haitianos, en el cual perdieron la vida siete personas y resultaron heridas varias más”. La Comisión expresó, además, lo siguiente:

  1. “[l]os hechos fueron puestos en conocimiento directo de la justicia militar la cual, luego de varios años de proceso y pese a la solicitud de los familiares de los ejecutados de ser sometido a la jurisdicción ordinaria, absolvió a los militares involucrados”;

  2. “algunas de las víctimas sobrevivientes sufrieron violación a su libertad personal y violaciones a las garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de República Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de migrantes”;

  3. a nivel interno existe una “denegación de justicia desde la comisión de los hechos en perjuicio de las víctimas ejecutadas, así como respecto de los sobrevivientes y la consecuente impunidad”, y

  4. “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto más general de discriminación en contra de las personas haitianas o de origen haitiano en la República Dominicana, así como de deportaciones de haitianos de la República Dominicana”.

    La Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Por otra parte, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de ciertas medidas de reparación.

    Trámite ante la Comisión. – El trámite del caso ante la Comisión Interamericana fue el siguiente:

  5. La petición inicial fue presentada el 28 de noviembre de 2005 por el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (representado por Chérubin Tragelus) y por el Centro Cultural Dominicano Haitiano (representado por A.P.E.. El 23 de octubre de 2006 se acreditó como co-peticionaria a la Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Université du Québec à Montréal (UQAM) (representada por B.D. y C.H.)[3];

  6. El 22 de diciembre de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 95/08;

  7. El 2 de noviembre de 2010 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 174/10, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “Informe de Fondo”). En dicho informe, la Comisión concluyó que República Dominicana es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, no discriminación, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 2, 4, 5, 7, 24, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas que se detallan a lo largo del informe, y

  8. El Informe de Fondo fue notificado a República Dominicana mediante una comunicación de 11 de noviembre de 2010, en la que se le otorgaba un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, y posteriormente concedió una prórroga del plazo. La Comisión señaló que el plazo y su prórroga habían transcurrido sin que el Estado diera cumplimiento a las recomendaciones, y por tanto sometió el caso a la Corte en virtud de la necesidad de obtener justicia y una justa reparación. La Comisión Interamericana designó como delegados a los señores R.E.G., Comisionado, y a su entonces S.E.S.A.C., y como asesores legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, K.Q.O. e I.M.C., abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

    II

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    Notificación al Estado y a los representantes. – El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado al Estado y a los representantes el 24 de mayo de 2011.

    Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 26 de julio de 2011 las organizaciones representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de...

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