Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de Septiembre de 2005. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Serie C No. 130

Ponente:Cançado Trindade
Fecha de Resolución: 8 de Septiembre de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana
Solicitante:Surinam

VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

  1. Al votar a favor de la adopción de la presente Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y B. versus República Dominicana, con la cual estoy básicamente de acuerdo, me veo en la obligación de agregar, en el presente Voto Razonado, algunas breves reflexiones personales sobre el tema central del cas d'espèce, por cuanto es esta la primera vez en su historia que la Corte Interamericana se pronuncia, en la resolución de un caso contencioso, sobre el derecho a la nacionalidad bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. P., pues, abordar en el presente Voto tres puntos medulares, - a los cuales atribuyo particular relevancia, - de la materia en aprecio, a saber: a) los avances normativos en materia de nacionalidad y la preocupante persistencia de las causas de la apatridia; b) la reacción del Derecho a la alarmante diversificación de las manifestaciones de la apatridia; y c) el amplio alcance de los deberes generales de protección (artículos 1(1) y 2) de la Convención Americana.

    1. Los Avances Normativos en Materia de Nacionalidad

    y la Preocupante Persistencia de las Causas de la Apatridia.

  2. A lo largo de las tres últimas décadas, he venido señalando que no existe materia que, por su naturaleza intrínseca, pertenezca al dominio reservado del Estado, o a su competencia nacional exclusiva. El locus classicus para el examen de la cuestión sigue residiendo en el célebre obiter dictum de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional en su Opinión Consultiva sobre los Decretos de Nacionalidad en Túnez y Marruecos (1923), según el cual la determinación si un asunto recae o no únicamente en la jurisdicción de un Estado es una cuestión relativa, que depende del desarrollo de las relaciones internacionales[1]. En realidad, dicho desarrollo, en materia del derecho a la nacionalidad, ha efectivamente substraído la materia de la competencia nacional exclusiva, y la ha alzado ya hace mucho al plano del orden jurídico internacional.

  3. En definitiva, el tema de la nacionalidad no puede ser considerado desde la sola óptica de la pura discrecionalidad estatal, pues sobre él inciden principios generales del derecho internacional así como deberes que emanan directamente del derecho internacional, como, v.g., el deber de protección. E., pues, a mi juicio, enteramente superadas ciertas construcciones en materia de nacionalidad (original o adquirida) de la doctrina tradicional y estatocéntrica, tales como, v.g., la de la potestad estatal ilimitada, la de la voluntad estatal exclusiva, la del interés único del Estado, así como la teoría contractualista (una variante del voluntarismo). Para dicha superación han decisivamente contribuido el advenimiento e impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

  4. Aún en el plano del derecho interno, la adquisición de nacionalidad es una cuestión de ordre public, que condiciona y reglamenta las relaciones entre los individuos y el Estado, mediante el reconocimiento y la observancia de derechos y deberes recíprocos. La atribución de nacionalidad, materia de orden público, tiene siempre presentes, en el plano del derecho interno, principios y deberes emanados del derecho internacional, en testimonio de la interacción o interpenetración de los ordenamientos jurídicos nacional e internacional.

  5. Ya más de un cuarto de siglo antes de la adopción de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961), se señaló (aunque ateniéndose sólo a la necesidad de avances en el derecho internacional convencional y dejando de tomar en cuenta también el derecho internacional general) que urgía abordar el problema de los apátridas (tanto los siempre desposeídos de nacionalidad como los que la tuvieran y la perdieron) teniendo presente que la propia organización de la comunidad internacional presuponía que la condición normal de todos los individuos era tener una nacionalidad, y que la apatridia representaba, pues, una anomalía con consecuencias desastrosas para los que se encontraban en esta situación[2].

  6. Al fin y al cabo, el derecho internacional, el jus gentium, desde los escritos de sus "fundadores", fue concebido como abarcando no solamente los Estados sino también los individuos (titulares de derechos y portadores de obligaciones emanados directamente del derecho de gentes), y ya en el derecho internacional clásico el régimen de la nacionalidad pasó a regirse por los principios básicos del jus soli y del jus sanguinis[3] (a veces combinados de varios modos, sin excluirse uno al otro). Dicho régimen pasó a proporcionar a los individuos un importante medio para proteger los derechos que les son inherentes, al menos a nivel del derecho interno; trátase de derechos de cada individuo (quien es el dominus litis al buscar su protección) y no del Estado, cuya raison d'être encuéntrase en ciertos principios básicos, como el de la inviolabilidad de la persona humana[4].

  7. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se tornó evidente que el régimen de nacionalidad ni siempre era suficiente a los efectos de protección en todas y cualesquiera circunstancias (como evidenciado, v.g., por la situación de los apátridas). A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y hasta la fecha, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha buscado remediar esa insuficiencia o laguna, al desnacionalizar la protección (y abarcar así a todo ser humano, inclusive los...

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