Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Julio de 2007. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Serie C No. 165

Fecha de Resolución 4 de Julio de 2007
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoEscué Zapata Vs. Colombia
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteCosta Rica

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Escué Zapata Vs. Colombia

Sentencia de 4 de julio de 2007

(Fondo, R. y Costas)En el caso E.Z.,la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

D.E.L.M., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 16 de mayo de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia No. 10.171, remitida a la Secretaría de la Comisión el 26 de febrero de 1988 por la señora E.Z.E.[1]. El 24 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad y fondo No. 96/05 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones para el Estado. El 16 de mayo de 2006 la Comisión consideró “la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento” de las recomendaciones, y decidió por unanimidad someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte[2].

  2. La Comisión indicó en su demanda que “el 1[] de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del Ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor G.E. [Zapata]”. Según la Comisión, una vez ahí, los militares lo amarraron y sacaron de su casa a golpes. La Comisión señaló que luego de que se llevaran a la presunta víctima, su madre se dirigió a la vivienda de unos familiares y escuchó disparos. Tiempo después encontró su cuerpo sin vida en las inmediaciones de un caserío ubicado en el resguardo Jambaló. La Comisión sostuvo que el cuerpo del señor E.Z. mostraba signos de maltrato. Asimismo, alegó una falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como una supuesta denegación de justicia.

  3. La Comisión señaló que G.E.Z. “era un Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena de Jambaló […] que se dedicaba a la agricultura al igual que los demás miembros de su [C]omunidad[, así como] a la defensa del territorio […] indígena”. Según la demanda, la ejecución del señor E.Z. se inscribió dentro de un “patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en esa zona del país, y sus líderes”.

  4. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor G.E.Z.; por la violación del derecho contemplado en el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima; y por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la presunta víctima y sus familiares. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación.

  5. El 18 de septiembre de 2006 la Corporación Colectivo de Abogados “J.A.R.”, representantes de la presunta víctima y sus familiares en el presente caso (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento. Los representantes señalaron que compartían, “en lo fundamental, los argumentos de hecho y de derecho de la demanda interpuesta por la Comisión”. Sin embargo, solicitaron que la Corte declarara que, además de las violaciones alegadas por la Comisión, el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 11.2 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 23 (Derechos Políticos) de la Convención Americana, supuestamente porque los militares habrían hurtado bienes de la vivienda familiar de la presunta víctima y de la “tienda comunitaria”, y porque se habría impedido al señor E.Z. continuar con el cargo que la Comunidad le habría confiado conforme a sus propias tradiciones y formas de elección. En virtud de ello, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

  6. El 17 de noviembre de 2006 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”)[3], en el cual confesó parcialmente los hechos y se allanó parcialmente a determinadas pretensiones de derecho y de reparaciones alegadas por la Comisión y los representantes, cuyos alcances y contenido serán determinados en el capítulo correspondiente (infra párrs. 11 a 21).II

    Competencia

  7. La Corte Interamericana es competente para conocer el caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, en razón de que Colombia es Estado Parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.III

    Procedimiento ante la Corte

  8. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado[4] y a los representantes el 17 de julio de 2006. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 5 y 6), el Presidente de la Corte[5] (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), testimonios y peritajes ofrecidos por la Comisión, los representantes y el Estado, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el P. convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos familiares de la presunta víctima, dos testigos y una perito, así como los alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue celebrada los días 29 y 30 de enero de 2007 durante el LXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte[6].

  9. El 1 de marzo de 2007 las partes remitieron sus respectivos escritos de alegatos finales.

  10. El 10 de abril de 2007 la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. y con base en el artículo 45.2 del Reglamento, requirió a los representantes y al Estado la presentación de determinada información y documentación en calidad de prueba para mejor resolver, las cuales fueron remitidas dentro del plazo establecido.IV

    Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado

  11. En su contestación a la demanda el Estado reconoció, como ya lo habría hecho ante la Comisión[7], “su responsabilidad internacional por la violación a los derechos a las Garantías Judiciales (artículo 8.1) y a la Protección Judicial (artículo 25.1), respecto de la [presunta] víctima y sus familiares, por cuanto ya había transcurrido un tiempo excesivo desde el momento de la muerte del señor E. [Zapata] sin que se hubiera resuelto […] el caso”. Asimismo, el Estado hizo un “reconocimiento de responsabilidad internacional […] respecto de la violación de los [derechos consagrados en los] artículos 4.1, 5 y 7[,] en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención, respecto del señor G.E.Z. y del artículo 5, en conexidad con el artículo 1.1, del mismo instrumento internacional, respecto de sus familiares”. No obstante lo anterior, el Estado discrepó “del contexto que se ha querido presentar en la demanda y en el escrito […] de los representantes” y de la calidad de Cabildo Gobernador que la Comisión y los representantes asignan al señor E.Z.. Además, controvirtió las alegadas violaciones a los derechos contemplados en los artículos 11.2, 21 y 23 de la Convención, y algunas pretensiones sobre reparaciones.

  12. Durante la audiencia pública celebrada en el presente caso (supra párr. 8), el señor C.O., Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, se dirigió directamente a las señoras E.Z. y M.E., madre e hija del señor G.E.Z., presentes en la sala, y manifestó lo siguiente:

    E. y M. […] me corresponde a mí, en nombre del Estado colombiano, pedirles a ustedes perdón por lo ocurrido, y pedirles [esto] porque se han visto ustedes involucradas en circunstancias que, en el devenir del país, han causado un grave daño a su familia, a su vida, al desarrollo de su propia personalidad y ha tenido consecuencias importantes en la posibilidad de tener condiciones óptimas de vida. La sociedad colombiana hace por mi intermedio un pedido de perdón y de solidaridad a ustedes, manifestándoles que todo el daño que se ha causado quizás no lo podamos reparar, pero haremos todo lo que en nuestras manos esté para poder acompañarlas a ustedes y hacer lo que como sociedad nos corresponde para reparar a aquellas personas que se han visto afectadas por hechos que nunca debieron ocurrir y por acciones de agentes del Estado que irresponsablemente y con clara violación de su autoridad incurren en hechos que afectan a ciudadanos que como ustedes nunca debieron haber sufrido el rigor de los hechos que les ha correspondido. […]

    El Estado de Colombia lamenta profundamente la violación de los derechos del señor G.E.Z., a la libertad e integridad personales, la vida y garantía y...

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