Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Serie C No. 148

Fecha de Resolución: 1 de Julio de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de las Masacres de Ituango Vs. Colombia
Solicitante:Costa Rica
 
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Corte Interamericana De Derechos Humanos

Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia

Sentencia de 1 de julio de 2006

En el caso de las Masacres de Ituango,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.; y

D.G.-Sayán, J.;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 30 de julio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en las denuncias número 12.050 (La Granja) y 12.266 (El Aro), respecto del Municipio de Ituango, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 14 de julio de 1998 y el 3 de marzo de 2000, respectivamente. El 11 de marzo de 2004 la Comisión dispuso la acumulación de los casos (infra párr. 10).

  2. En su demanda, la Comisión se refirió a los hechos ocurridos en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia. La Comisión alegó que la “responsabilidad del […] Estado […] se deriva[ba] de los [presuntos] actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que [presuntamente] perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese Municipio asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”. Asimismo, la Comisión señaló que “[t]ranscurridos más de ocho años desde la incursión en el corregimiento de La Granja y más de seis años desde la incursión armada en el corregimiento de El Aro, el Estado colombiano no ha[bía] cumplido a[ú]n en forma sustancial con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y reparar adecuadamente a las [presuntas] víctimas y sus familiares”.

  3. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decida si el Estado es responsable por la supuesta violación de los siguientes derechos establecidos en los siguientes artículos de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma:

    a) 4 (Derecho a la Vida), en perjuicio de las siguientes diecinueve (19) personas: los señores W.V.G., G.A., H.H.C.G., J.S., A.S., J.D.M., O.F.D., W. de J.R.T., O. de J.O.C., F.A.Z.Z., O. de J.T.J., O.I.G.N., G.A.M.P., N. de J.P.C., L.M.M., D.L.A., A.C., M.A.A.O. y R.A.B.;

    b) 19 (Derechos del Niño), en perjuicio del menor W. de J.R.T.;

    c) 7 (Derecho a la Libertad Personal), en perjuicio de las siguientes tres (3) personas: los señores J.S., M.A.A.O. y R.A.B.;

    d) 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de las siguientes dos (2) personas: los señores M.A.A. y R.A.B.;

    e) 21 (Derecho a la Propiedad Privada), en perjuicio de las siguientes seis (6) personas: los señores L.H.M., L.M., F.O.P. Posada, O.A.T.J., R.A.B.E. y B.M.J.L.; y

    f) 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en perjuicio “de todas las [presuntas] víctimas y sus familiares”.

  4. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adopte una serie de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

    II

    Competencia

  5. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que Colombia es Estado Parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

    a. Trámite del caso 12.050 (La Granja)

  6. El 14 de julio de 1998 la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (en adelante “GIDH”) y la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante “CCJ”, y al referirse a ambas organizaciones “los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares” o “los representantes”), en contra del Estado por los supuestos hechos ocurridos en La Granja. El 9 de septiembre de 1998 la Comisión, de conformidad con su Reglamento, abrió un trámite bajo el número 12.050 y solicitó al Estado la información pertinente.

  7. El 2 de octubre de 2000 la Comisión aprobó el informe No. 57/00, mediante el cual declaró admisible el caso. El 23 de octubre de 2000 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.

    b. Trámite del caso 12.226 (El Aro)

  8. El 3 de marzo de 2000 la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por los representantes en contra del Estado por los supuestos hechos ocurridos en El Aro. El 11 de abril de 2000 la Comisión, de conformidad con su Reglamento, abrió un trámite bajo el número 12.226 y solicitó al Estado la información pertinente.

  9. El 10 de octubre de 2001 la Comisión aprobó el informe No. 75/01, mediante el cual declaró admisible el caso. El 14 de noviembre de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.

    c. Acumulación de los casos 12.050 (La Granja) y 12.226 (El Aro)

  10. En vista de la identidad entre los peticionarios de los casos 12.050 y 12.266, así como el contexto que precedió los hechos denunciados en ambos casos, la relación secuencial de las violaciones denunciadas y su impacto en dos corregimientos del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia, la Comisión procedió a acumular ambos casos para efectos de la decisión sobre el fondo.

  11. El 11 de marzo de 2004, al no llegar a soluciones amistosas en dichos casos, la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, aprobó el Informe acumulado No. 23/04, mediante el cual señaló que el Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos consagrados en los siguientes artículos de dicho instrumento:

    a) 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los señores W.V.G., G.A. (viuda de García) y H.H.C.G., quienes perdieron la vida en los hechos ocurridos en el corregimiento de La Granja;

    b) 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en perjuicio del señor J.S.;

    c) 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en perjuicio de A.S., J.D.M., O.F.D., O. de J.O.C., F.A.Z.Z., O. de J.T.J., O.I.G.N., G.A.M.P., N. de J.P.C., L.M.M., D.L.A. y A.C., sumados al artículo 19 (Derechos del Niño) del mismo tratado, en perjuicio del niño W. de J.R.T., quienes perdieron la vida en los hechos ocurridos en el corregimiento de El Aro;

    d) 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), en perjuicio de M.A.A. y R.A.B.; y

    e) 21 (Derecho a la Propiedad) de la Convención Americana, “en perjuicio de las familias identificadas […] en el párrafo 98 [de dicho informe] damnificadas por los incendios y el robo de semovientes instigado por los grupos paramilitares en El Aro, con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado”. Las familias identificadas por los peticionarios y que aparecen en el párrafo 98 del referido informe son: “J.M.R. y familia, J.E.A. y familia, D.T.J. y familia, M.R.P. y familia, M.E.O. y familia, R.M.N. y familia, L.M. y familia, M.L.A. y familia, M.G.G. y familia, M.O.C. y familia, M.Z. y familia, O.P. y familia, L.H.M. y familia, J.D.G. y familia, A.E.P. y familia, M.R.P. de A. y familia, J.E.M.R. y familia, O.A.T.J. y familia, R.A.B. y familia, J.G. y familia, B.M.J.L. y familia, G.L. y familia, R. Posada y familia, como víctimas de la violación del derecho a la propiedad privada. Sin embargo [los representantes] no aclara[ron] la relación individual o colectiva de estas personas con los bienes destruidos o sustraídos como consecuencia del accionar de grupos paramilitares y agentes del Estado”.

  12. En dicho informe, la Comisión formuló determinadas recomendaciones.

  13. El 30 de abril de 2004 la Comisión transmitió el informe de fondo al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas en el mismo.

  14. El 30 de julio de 2004 la Comisión, ante el incumplimiento del Estado colombiano con las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, decidió someter el caso a la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  15. La Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana el 30 de julio de 2004 (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a la señora S.V. y al señor S.A.C., y como asesores legales al señor A.D. y a las señoras V.G., N.C. y L.C..

  16. El 15 de septiembre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el...

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