Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Febrero de 2000. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Serie C No. 67

Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2000
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Las Palmeras Vs. Colombia
Acto:Excepciones Preliminares
Solicitante:Costa Rica

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Las Palmeras Vs. Colombia

Sentencia de 4 de febrero de 2000

(Excepciones Preliminares)

En el caso Las Palmeras,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), integrada de la siguiente manera:*

A.A.C.T., Presidente;

M.P.G., V.;

H.S.P., J.;

O.J., J.;

A.A.B., J.;

S.G.R., J., y

J.A.B., J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S., y

R.P., S. adjunto,

de acuerdo con el artículo 36.6 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”).

I

introducciÓn a la causa

  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 6 de julio de 1998. La demanda de la Comisión tiene su origen en una denuncia (No. 11.237) recibida en su Secretaría y fechada en Bogotá el 27 de enero de 1994.

    II

    hechos expuestos en la demanda

  2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda los hechos en que funda su reclamación.

    El 23 de enero de 1991 el Comandante Departamental de la Policía de Putumayo habría ordenado a miembros de la Policía Nacional llevar a cabo una operación armada en la localidad de Las Palmeras, Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo. La Policía Nacional estaría apoyada por efectivos del Ejército.

    En la mañana de ese mismo día, se encontrarían en la escuela rural de Las Palmeras unos niños que esperaban el comienzo de las clases y dos trabajadores que reparaban un tanque. Estos serían J.M.C.G. y A.P.. En un terreno lindero se hallarían los hermanos W. y E.C. ordeñando una vaca. El maestro H.J.C.M. estaría por llegar a la escuela.

    Las fuerzas del Ejército habrían abierto fuego desde un helicóptero y habrían herido al niño E.Q.M., de seis años, que se dirigía a la escuela.

    La Policía habría detenido en la escuela y en sus alrededores al maestro C.M., a los trabajadores C.G. y P., a los hermanos W. y E.C. y a otra persona no identificada que podría ser M.O. o H.L.J.. La Policía Nacional habría ejecutado extrajudicialmente por lo menos a seis de estas personas.

    Los miembros de la Policía Nacional y del Ejército habrían realizado numerosos esfuerzos para justificar su conducta. En este orden de ideas, se habría vestido con uniformes militares los cadáveres de algunas de las personas ejecutadas, se habría quemado sus ropas y se habría amedrentado a los testigos del caso. Igualmente, la Policía Nacional habría presentado siete cadáveres como pertenecientes a subversivos muertos en un presunto enfrentamiento. Entre esos cadáveres se encontrarían seis cuerpos de las personas detenidas por la Policía y un séptimo, cuyas circunstancias de muerte no habrían sido esclarecidas.

    Como consecuencia de los hechos descritos, se habrían iniciado procesos de carácter disciplinario, administrativo y penal. El proceso disciplinario realizado por el Comandante de la Policía Nacional de Putumayo se habría fallado en cinco días y se habría absuelto a todos los que participaron en los hechos de la localidad de Las Palmeras. Asimismo, se habrían iniciado dos procesos administrativos en los que se habría reconocido expresamente que las víctimas del operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado y que el día de los hechos estaban realizando sus tareas habituales. Esos procesos habrían permitido comprobar que la Policía Nacional habría ejecutado extrajudicialmente a las víctimas cuando estaban en estado de indefensión. En cuanto al proceso penal militar, después de siete años aún se encontraría en la etapa de investigación y todavía no se habría acusado formalmente a ninguno de los responsables de los hechos.

    III

    procedimiento ante la comisiÓn

  3. El 27 de enero de 1994 la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones de derechos humanos en agravio de los señores A.P.O., H.J.C.M., J.M.C.G., E.C.R., W.H.C.R., una persona no identificada, que podría ser M.O. o H.L.J., y otra persona que tampoco ha sido identificada y que murió en circunstancias desconocidas. El 16 de febrero siguiente la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y solicitó la correspondiente respuesta.

  4. El Estado respondió el 25 de mayo de 1994. El escrito fue transmitido a los peticionarios, quienes presentaron su réplica el 6 de octubre de 1994. El 3 de noviembre siguiente la Comisión trasladó ésta a Colombia, que dio respuesta el 15 de diciembre. Tanto los peticionarios como el Estado remitieron a la Comisión otros escritos relativos a la situación de las investigaciones y los procesos judiciales internos, y aquélla transmitió las porciones pertinentes a cada contraparte.

  5. El 8 de octubre de 1996 la Comisión celebró una audiencia en la que las partes formularon verbalmente sus argumentos acerca de los hechos y el derecho aplicable al presente caso.

  6. El 20 de febrero de 1998 la Comisión aprobó el Informe No. 10/98 y lo transmitió al Estado el 6 de marzo del mismo año. En la parte dispositiva de dicho Informe, la Comisión recomendó:

  7. Que el Estado colombiano emprenda una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos denunciados, para poder aclarar los hechos del 23 de enero de 1991 y determinar en todos sus detalles en un relato oficial las circunstancias y la responsabilidad en las violaciones cometidas.

  8. Que el Estado de Colombia someta a los procesos judiciales pertinentes, a todos los responsables de las violaciones a efectos de que sean sancionados.

  9. Que el Estado de Colombia adopte medidas para reparar debidamente las violaciones comprobadas, incluida una indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas que aún no la hayan recibido.

  10. El 11 de mayo de 1998 la Comisión recibió una nota del Estado, de 30 de abril del mismo año, mediante la cual éste solicitó un plazo adicional de 45 días para responder al Informe No. 10/98. El 14 de los mismos mes y año la Comisión manifestó a las partes que había concedido al Estado un plazo adicional de diez días.

  11. El 22 de mayo de 1998 el Estado formuló una propuesta de solución amistosa, que fue transmitida a los peticionarios, quienes presentaron sus observaciones el 29 del mismo mes. En la misma propuesta, el Estado señaló que no compartía “en su totalidad” las consideraciones y conclusiones del Informe No. 10/98, particularmente en lo que se refiere al agotamiento de los recursos internos y a la aplicación de normas de derecho internacional humanitario. Asimismo, indicó que proponía la creación de un Comité de Impulso de la investigación penal.

  12. El 2 de junio de 1998 el Estado y los peticionarios comunicaron a la Comisión que habían convenido un plazo de 30 días para iniciar negociaciones destinadas a alcanzar una solución amistosa y suspender el curso de los plazos del artículo 51.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”).

  13. El 1 de julio de 1998 los peticionarios informaron a la Comisión que no existían, por el momento, condiciones para alcanzar una solución amistosa, y solicitaron que continuara el trámite del caso y se reanudara el curso de los plazos suspendidos. Dicha información fue transmitida al Estado.

  14. El 6 de julio de 1998 la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana (supra 1).

    IV

    procedimiento ante la corte

  15. La Comisión Interamericana expuso la conclusión y el petitorio de su demanda en los términos siguientes:

    La Comisión solicita respetuosamente a la Corte que:

    Concluya y declare que el Estado de Colombia ha violado el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, y el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949[1], en perjuicio de seis personas: A.P.O., H.J.C.M., J.M.C.G., E.C.R., W.H.C.R. y otra persona (H.L.J. o M.O..

    Establezca las circunstancias de la muerte de una séptima persona, presuntamente fallecida en combate (H.L.J. o M.O., a fin de determinar si el Estado de Colombia ha violado en perjuicio de ella el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención y el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949.

    Concluya y declare que el Estado de Colombia ha violado las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 y el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención en perjuicio de A.P.O., H.J.C.M., J.M.C.G., E.C.R., W.H.C.R., H.L.J. y M.O., y de sus familiares.

    Concluya y declare que, como consecuencia de las violaciones a los derechos a la vida, a la protección y garantías judiciales, el Estado de Colombia también ha violado su obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención, conforme al artículo 1.1 de aquélla.

    Ordene al Estado de Colombia:

    a) Que lleve a cabo una investigación judicial rápida, imparcial y efectiva de los hechos denunciados y sancione a todos los responsables.

    b) Que identifique exactamente si la otra persona ejecutada extrajudicialmente el 23 de enero de 1991 por miembros de la Policía Nacional fue H.L.J. o M.O.. Asimismo, se solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado de Colombia realizar una investigación seria con el fin de aclarar las circunstancias en las cuales falleció la séptima víctima fatal sobre cuya muerte la Comisión no se pronunció.

    c) Que otorgue una reparación integral a los familiares de las víctimas, entre otras, el pago de una indemnización justa (deducido lo ya pagado por concepto de indemnización pecuniaria conforme a las sentencias contencioso administrativas a favor de A.P.O., H.J.C.M., J.M.C.G., E.C.R. y W.H.C.R.) y la recuperación de la memoria histórica de las víctimas.

    d) Que adopte las reformas necesarias a los reglamentos y programas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, a fin de que se conduzcan todas las operaciones militares de acuerdo con los instrumentos internacionales y la...

To continue reading

Request your trial
32 cases
3 books & journal articles