Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Septiembre de 2009. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Serie C No. 204

Fecha de Resolución24 de Septiembre de 2009
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoDacosta Cadogan Vs. Barbados
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteBolivia

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CasO D.C. vS. Barbados

SENTENCIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso D.C.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por lo siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.S., V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

J.A.C., J. ad hoc;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38.6, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante, “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 31 de octubre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó ante la Corte una demanda contra el Estado de Barbados (en adelante “el Estado” o “Barbados”). La demanda se originó en la petición No. 12.645, presentada por los señores A.P.S.Q.C. y M.T.K. ante la Secretaría de la Comisión el 29 de diciembre de 2006. El 4 de marzo de 2008 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 7/08 y el 25 de julio de 2008 adoptó el Informe de Fondo No. 60/08, en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual hizo ciertas recomendaciones al Estado[2]. Considerando que el Estado no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte el 29 de octubre de 2008, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 del Reglamento de la Comisión. La Comisión designó como D. al señor P.S.P., Comisionado, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo de la Comisión, y como asesores legales a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión, y a M.L.-Garelli, I.Z. y M.C.R..

En la demanda, la Comisión solicitó que la Corte declare que Barbados es responsable de imponer la pena de muerte obligatoria al señor T.D.C. “sin consideración alguna de las circunstancias específicas del delito ni de factores atenuantes”. La Comisión alegó que “[e]l 18 de mayo de 2005 la Corte Suprema de Barbados declaró al señor T.D.C. culpable de homicidio y lo condenó a pena de muerte por horca, según la Ley de Delitos contra la Persona de 1994 de Barbados, la cual establecía la pena de muerte como castigo obligatorio para el delito de homicidio. Los tribunales nacionales no pueden declarar inválida la pena de muerte obligatoria, como consecuencia de una cláusula de ‘exclusión’ en la Constitución de Barbados, aun cuando esta [ley] viole los derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Barbados y la Convención Americana”. Por consiguiente, la Comisión solicitó que la Corte declare al Estado responsable por las violaciones de los artículos 4.1 y 4.2 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) del mismo tratado, en perjuicio del señor C.. Asimismo, la Comisión solicitó que la Corte ordene las reparaciones correspondientes.

El 16 de enero de 2009 los representantes de la presunta víctima, S.L.M.B.E., P.J., A.S.Q.C., D.M.S.C., T.K., R.B. y A.G. (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “el escrito de los representantes”), conforme al artículo 24 del Reglamento. Los representantes solicitaron que la Corte declare las violaciones de los mismos derechos señalados por la Comisión, y adicionalmente alegaron que la omisión del Estado en llevar a cabo una evaluación psiquiátrica detallada a la presunta víctima para efectos del juicio, violó su derecho a un juicio justo según el artículo 8 de la Convención y constituyó, asimismo, un trato cruel e inhumano, contrario a lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de dicho instrumento. Además, los representantes solicitaron la adopción de medidas adicionales de reparación y el reembolso de los gastos generados durante el procedimiento del caso ante la Corte.

El 17 de marzo de 2009 el Estado, representado por el Hon. F.J.S., Q.C., M.P. y el señor D.S.B., como Agente y Agente Alterno respectivamente, presentó su escrito de contestación a la demanda y las observaciones al escrito de los representantes (en adelante “contestación a la demanda”), en el que planteó las siguientes tres excepciones preliminares a la jurisdicción de la Corte: i) falta de agotamiento de los recursos internos, ii) incumplimiento de la regla de la cuarta instancia y iii) que la denuncia ya no involucraba a la Comisión como parte. El Estado alegó que algunos de los asuntos relacionados con el presente caso son idénticos a los que este Tribunal ya analizó en el caso B. y otros, por lo que solicitó que el Tribunal tomara nota de que el Estado ya había adoptado determinadas medidas para cumplir con lo ordenado por el Tribunal en aquella Sentencia. Al mismo tiempo, el Estado solicitó que la Corte rechazara todas las pretensiones y solicitudes de los peticionarios y de la Comisión y que declarara que las leyes de Barbados son acordes con la Convención Americana.

De conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento, el 29 de abril de 2009 los representantes y la Comisión remitieron sus respectivos alegatos escritos sobre las excepciones preliminares presentadas por el Estado, solicitando que fueran declaradas inadmisibles.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

El 18 de noviembre de 2008 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar realizado por la Presidenta del Tribunal, y de conformidad con los artículos 35 y 36.1 del Reglamento, notificó la demanda al Estado[3] y a los representantes.

El 17 de diciembre de 2008 el Estado solicitó una prórroga del plazo para nombrar un J. ad hoc para el caso. Al respecto, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte, se otorgó al Estado una prórroga hasta el 30 de enero de 2009. Ese mismo día el Estado nombró al Hon. J.J.C. como J. ad hoc.

El 18 de mayo de 2009 la Presidenta de la Corte ordenó la presentación de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) de la presunta víctima y de seis peritos propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado, y se otorgó a las partes la oportunidad de presentar sus respectivas observaciones. Adicionalmente, debido a las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar los alegatos finales de las partes respecto a las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas[4].

El 10 de junio de 2009 la Comisión Interamericana y los representantes presentaron la declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor D.C., y los representantes presentaron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) por el Prof. N.E., el señor E.F.Q.C. y el Dr. T.G.. El 11 de junio de 2009 el Estado presentó las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) por el Dr. B.M., el señor A.V.G. y el señor A.B.. El 22 de junio de 2009 el Estado presentó sus observaciones al affidávit del señor D.C. y el 23 de junio de 2009 la Comisión Interamericana y los representantes indicaron que no tenían observaciones a los affidávits remitidos por las otras partes. El 24 de junio de 2009 el Estado presentó sus observaciones a los affidávits del Prof. N.E., el señor E.F.Q.C. y el Dr. T.G..

El 1 de julio de 2009 se realizó la audiencia pública, en el marco del LXXXIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte[5].

El 31 de julio de 2009 el Estado presentó su escrito de alegatos finales y la Comisión y los representantes hicieron lo mismo el 3 de agosto de 2009.

El 19 de agosto de 2009 la Presidenta de la Corte solicitó a los representantes que remitieran recibos y prueba de los gastos en que incurrieron en la tramitación del presente caso. El 1 de septiembre de 2009 los representantes remitieron la prueba solicitada por la Presidenta. El 9 y 11 de septiembre de 2009 la Comisión y el Estado indicaron, respectivamente, que no tenían observaciones a los supuestos gastos en que incurrieron los representantes en la tramitación del presente caso.

III

EXCEPCIONES PRELIMINARES

En su contestación a la demanda, el Estado presentó las siguientes tres excepciones preliminares a la jurisdicción de la Corte: i) la falta de agotamiento de los recursos internos, ii) el incumplimiento de la regla de la cuarta instancia, y iii) que la demanda había dejado de involucrar a la Comisión como parte. El Tribunal procederá a analizarlas en el orden presentado por el Estado.

A) La falta de agotamiento de los recursos internos

En su contestación de la demanda, el Estado objetó la admisibilidad de ésta porque presuntamente los recursos internos aún no habían sido agotados. Específicamente, el Estado argumentó que “aunque el [p]eticionario presentó básicamente las mismas pretensiones en los tribunales internos de Barbados, sus apelaciones fueron únicamente contra la sentencia [y] no mencionó la posible violación de su derecho a las garantías judiciales, protegido por la Sección 18 de la Constitución, que es la pretensión principal en la actual [p]etición”. Adicionalmente, el Estado alegó que “por lo tanto, el [p]eticionario tuvo, y tiene, a su disposición el derecho de presentar un recurso constitucional para objetar todas las alegadas violaciones a sus derechos humanos, incluyendo sus derechos a un juicio justo o debido proceso legal, especialmente en relación con [el acceso adecuado a expertos en psiquiatría] y [a asistencia legal]”. Asimismo, el Estado indicó...

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