Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de Noviembre de 2007. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Serie C No. 169

Fecha de Resolución:20 de Noviembre de 2007
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Boyce y otros Vs. Barbados
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Bolivia

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Boyce y otros vs. Barbados

Sentencia de 20 de noviembre de 2007

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el Caso Boyce y otros,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por lo siguientes jueces:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.S., Juez

Leonardo A. Franco, J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes además,

P.S.A., S. y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante, “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 23 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó ante la Corte una demanda en contra del Estado de Barbados (en adelante “el Estado” o “Barbados”). Dicha demanda se originó por la denuncia Nº 12.480 remitida a la Secretaría de la Comisión el 3 de septiembre de 2004 por los señores S.L. y P.J. del estudio de abogados de S., M. &B., con domicilio en Londres, Reino Unido. El 28 de febrero de 2006 la Comisión adoptó el informe sobre admisibilidad y fondo Nº 03/06, conforme al artículo 50 de la Convención[1], en el cual se le hizo ciertas recomendaciones al Estado. En consideración al hecho de que el Estado no adoptó dichas recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la competencia de la Corte el 16 de junio de 2006[2].

  2. En la demanda, la Comisión alegó que el Estado es responsable de las violaciones cometidas en contra de L.R.B., J.J., F.B.A. y M.M.H. (en adelante, “las presuntas víctimas”), por la naturaleza obligatoria de la pena de muerte impuesta sobre las presuntas víctimas - quienes habían sido condenadas por el delito de homicidio - las condiciones de su detención, la lectura (“reading”) de las órdenes de ejecución mientras sus peticiones estaban supuestamente pendientes ante los tribunales internos y el sistema interamericano de derechos humanos y por la supuesta falta de adecuar el derecho interno de Barbadas a lo establecido en la Convención Americana. Las cuatro presuntas víctimas fueron sentenciadas a muerte de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas de 1994 de Barbados, la cual establece una pena obligatoria de muerte para las personas condenadas por el delito de homicidio.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 4.1 y 4.2 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Física) y 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) del mismo instrumento. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de ciertas medidas de reparación no monetarias

  4. Los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en adelante, “los representantes”), los señores S.L. y P.J., presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos” o “escrito de los representantes”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Con fundamento en los hechos descritos por la Comisión en la demanda, los representantes solicitaron a la Corte que declare las mismas violaciones pedidas por la Comisión y, asimismo, agregaron que “[e]l método de ejecución de la horca viola los artículos 5.2 y 5.1 [de la Convención] en relación con el artículo 1 [de dicho instrumento]” y que las notificaciones de órdenes de ejecución, mientras sus apelaciones estaban supuestamente pendientes, también violaron los artículos 4.1, 4.2 y 8.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo, solicitaron la adopción de ciertas medidas de reparación no monetarias y el reembolso de los gastos devengados durante el procedimiento del caso ante esta Corte.

  5. El Estado presentó su escrito de contestación de demanda y de observaciones al escrito de los representantes (en adelante “contestación de la demanda”), en el cual interpuso una excepción preliminar, a saber, el no agotamiento de los recursos internos, y “solicitó que [la] Corte niegue expresamente los reclamos y las pretensiones de los Peticionarios [y] de la Comisión y que declare que las leyes y prácticas de Barbados son compatibles con sus obligaciones según el sistema interamericano de derechos humanos”. Específicamente, el Estado alegó que su aplicación de la pena de muerte de manera obligatoria es legal, ya que no está expresamente ni implícitamente prohibida en la Convención según métodos internacionalmente aceptados sobre la interpretación de tratados. El Estado aseguró que existe una amplia gama de defensas y otros mecanismos legales disponibles a las personas acusadas del delito de homicidio. El Estado rechazó el argumento de que el método de ejecución escogido por el Estado, a saber, la horca, puede de por sí constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante según el artículo 5 de la Convención. Con relación a las lecturas de órdenes de ejecución con anterioridad al comienzo de una apelación, el Estado señaló que la ley le requiere que lleve a cabo sus procesos legales, incluyendo las penas, de manera puntual y que no existe un requisito legal bajo su ley doméstica o bajo la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos que un Estado deba esperar a que concluyan los procedimientos ante la Comisión. Adicionalmente, el Estado alegó que las condiciones de prisión de las presuntas víctimas no son violatorias del artículo 5 de la Convención. Finalmente, el Estado señaló que su sistema de pena capital está basado en los deseos libremente expresados por su población.

    II

    Procedimiento ante la Corte

  6. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado el 21 de agosto de 2006[3] y a los representantes el 22 de agosto de 2006. Durante el procedimiento ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), el 21 de febrero de 2007 la Comisión y los representantes presentaron escritos respecto de las excepciones preliminares presentadas por el Estado. Asimismo, el 4 de abril de 2007 los representantes presentaron un alegato escrito adicional, conforme al artículo 39 del Reglamento de la Corte, y el 18 de abril de 2007 la Comisión y el Estado presentaron sus observaciones al respecto.

  7. El 29 de mayo de 2007 el Presidente de la Corte (en adelante, “el Presidente”) ordenó la presentación de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de cinco testigos y de cinco peritos propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado. Asimismo, se les dio a las partes la posibilidad de presentar sus respectivas observaciones al respecto[4]. Además, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, el P. convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública a fin de escuchar la declaración de dos testigos y de un perito, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. En consecuencia, la Comisión y los representantes tomaron cuenta de la decisión del Presidente de no convocar al señor A.K. como perito y solicitaron al Presidente que considerara citar al señor A.K. para que rindiera testimonio en calidad de testigo. Del mismo modo, el Estado solicitó el reemplazo de uno de los testigos citados por el Presidente. Teniendo en cuenta las observaciones de las partes en relación con este asunto, el 14 de junio de 2007 el P. resolvió decidir a favor de ambos pedidos[5]. La audiencia pública fue celebrada el 11 de julio de 2007, durante el 76º Período Ordinario de Sesiones de la Corte[6].

  8. El 13 de agosto de 2007 las partes enviaron sus respectivos escritos de alegatos finales.

  9. El 14 de septiembre de 2007 el P. solicitó que los representantes remitieran recibos y prueba correspondiente a los gastos que incurrieron en el presente caso.

  10. El 23 de octubre de 2007 los representantes de las presuntas víctimas presentaron un “desglose de gastos” incurridos por ellos, y remitieron los comprobantes correspondientes el 7 de noviembre de 2007.

  11. El 16 de noviembre de 2007, el Estado y la Comisión presentaron sus respectivas observaciones sobre el “desglose de gastos” remitido por los representantes.

    III

    Consideraciones Previas

  12. Antes de analizar la excepción preliminar presentada por el Estado y el posible fondo del caso, el Tribunal considerará en este capítulo las siguientes dos cuestiones planteadas por el Estado en sus escritos: a) el efecto de la reserva de Barbados respecto de la Convención Americana y b) la presunta irrelevancia (en inglés “mootness”) de los asuntos presentados en el presente caso.

    A. La Reserva de Barbados respecto de la Convención Americana

  13. El Estado afirmó que “su reserva respecto de la Convención Americana impide el análisis de esta [...] Corte de tanto (1) la pena de muerte como de (2) su método de ejecución”. Las partes relevantes de esta reserva indican lo siguiente:

    En cuanto al párrafo 4 del Artículo 4 [de la Convención], el Código Penal de Barbados establece la pena de muerte en la horca por los delitos de homicidio y traición. El Gobierno está examinando actualmente la cuestión de la pena de muerte, que sólo se impone en raras ocasiones, pero desea hacer una reserva sobre este punto, ya que en ciertas circunstancias podría considerarse que la traición es delito político y cae dentro de los términos del párrafo 4 del Artículo 4 [de la Convención].

    Con...

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