Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Octubre de 2008. Caso Bayarri Vs. Argentina. Serie C No. 187

Fecha de Resolución30 de Octubre de 2008
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoBayarri Vs. Argentina
ActoExcepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteArgentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Bayarri vs. Argentina

Sentencia de 30 de octubre de 2008

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso B.

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, la “Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presente, además,

P.S.A., S.**.

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 16 de julio de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”), la cual se originó en la denuncia presentada el 5 de abril de 1994 por el señor J.C.B.. El 19 de enero de 2001 la Comisión aprobó el Informe No. 02/01, mediante el cual declaró admisible la petición del señor B.. El 8 de marzo de 2007 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 15/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 16 de abril de 2007. Tras considerar la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de fondo, y “en razón de que consideró que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión designó como delegados a la señora L.P.M., Comisionada, y a S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, M.C.R. y P.C..

  2. La demanda de la Comisión Interamericana se relaciona con la alegada detención ilegal y arbitraria del señor J.C.B. el 18 de noviembre de 1991 en la provincia de Buenos Aires, Argentina, sus supuestas tortura, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia, en el marco de un proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de secuestros extorsivos reiterados. La Comisión indicó que “el señor B. estuvo privado de su libertad por casi 13 años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró probada la tortura a la que fue sometido, transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos, el Estado argentino no ha provisto de una respuesta judicial adecuada al señor B. respecto de la responsabilidad penal de los autores, ni lo ha remediado de modo alguno por las violaciones sufridas”.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que determine que el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del señor J.C.B.. Asimismo, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación a favor de la presunta víctima y de sus familiares.

  4. El 17 de octubre de 2007 los señores C.A.B.P.G. y C.P.C., representantes de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Además de reiterar lo alegado por la Comisión Interamericana, los representantes manifestaron, inter alia, que “el daño provocado por mantener [a la presunta víctima] casi 13 años injustamente privad[a] de [su] libertad pese a ser totalmente inocente, produjo además de los daños y perjuicios provocados y desencadenados [en su] contra […], graves y tremendas consecuencias adicionales sobre los demás integrantes de [su] familia”, a saber: J.J.B. (padre), Z.C.B. (madre), C.P. De Marco de B. (esposa), A.P.B. (hija), J.E.B. (hermano) y O.O.B. (hermano). Por ello, solicitaron que se declare al Estado responsable por la vulneración de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 7.5, 8 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor J.C.B., y en consecuencia se repare a la presunta víctima y a sus familiares por los daños ocasionados.

  5. El 28 de diciembre de 2007 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). En dicho escrito Argentina presentó una excepción preliminar relacionada con la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos. En el evento de que la excepción preliminar interpuesta fuera declarada sin lugar, el Estado indicó que “no pone en tela de juicio la veracidad de los hechos denunciados”, en tanto los mismos han encontrado “adecuada reparación en el ámbito de la jurisdicción interna”. El Estado solicitó a la Corte que rechace “la pretensión reparatoria exteriorizada por [los representantes], y que conforme a las circunstancias del caso, determine las eventuales reparaciones debidas al señor J.C.B. y a las personas que [este Tribunal] entienda corresponder, conforme los estándares internacionales aplicables”. El Estado designó al señor J.N.C. como Agente y a A.J.S. como Agente Alterno en este caso. Por su parte, la Comisión y los representantes solicitaron al Tribunal que rechace la excepción preliminar interpuesta por el Estado (infra párrs. 10 y 11).

    II

    Procedimiento ante la Corte

  6. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 28 de agosto de 2007. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), las declaraciones de testigos ofrecidos por los representantes, así como de peritos ofrecidos por el Estado[1], respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, conforme al artículo 45.2 del Reglamento, la Presidenta del Tribunal ordenó al Estado la presentación de copias legibles y completas de expedientes judiciales y administrativos relacionados con el presente caso, como prueba para mejor resolver[2]. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de la presunta víctima y de dos peritos, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas[3].

  7. La audiencia pública fue celebrada el 29 de abril de 2008 durante el XXXIII Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras[4]. Al final de dicha audiencia los jueces solicitaron al Estado y a los representantes que presentaran, junto con sus alegatos finales escritos, mayor información respecto a diversas posiciones jurídicas observadas en el transcurso de la misma. Dicha solicitud fue reiterada al Estado y a los representantes el 7 de mayo de 2008[5].

  8. Luego de varias prórrogas concedidas, los días 18 de abril y 17 de junio de 2008 el Estado presentó, en versión digital, copia de la documentación solicitada como prueba para mejor resolver (supra párr. 6).

  9. Los días 11, 14 y 15 de julio de 2008 los representantes, la Comisión Interamericana y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos, respectivamente.

    III

    Excepción Preliminar

    Cambio sustancial del objeto de la demanda

    y falta de agotamiento de recursos internos

  10. Al contestar la demanda interpuesta por la Comisión en este caso, el Estado invocó “la excepción de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” (supra párr. 5). Alegó que dicha excepción “encuentra su fundamento en el hecho evidente de que, en el presente caso, se produjo un cambio sustancial del objeto procesal de la demanda interpuesta por la […] Comisión Interamericana [...] toda vez que los agravios principales [alegados en la misma] han sido debidamente resueltos en sede interna del Estado” (infra párr. 15). En ese sentido, según su consideración, señaló que el objeto de este proceso se “limita única y exclusivamente a requerir a este […] Tribunal la determinación de las reparaciones a que eventualmente se considere tenga derecho el señor B., sin que previamente se hayan agotado los remedios judiciales disponibles en el ámbito interno” para tal fin.

  11. El Estado alegó que a la fecha en que la Comisión Interamericana resolvió interponer la demanda en el presente caso, “el peticionario disponía en sede interna de recursos idóneos y eficaces que de haber sido interpuestos en tiempo y forma, le hubieran permitido obtener la reparación económica que ahora pretende en sede internacional”[6]. Agregó que “no es necesario invocar la competencia de este […] Tribunal para determinar la existencia o no de responsabilidad del Estado en los hechos denunciados” y cuestionó la decisión de la Comisión Interamericana de elevar este caso a la Corte.

  12. Por su parte, la Comisión Interamericana indicó que “el objeto del presente caso siguió siendo el de obtener una decisión sobre la responsabilidad internacional del Estado como consecuencia de la totalidad de las violaciones cometidas contra el señor B.. No porque alguna de...

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