Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de Septiembre de 2001. Caso Cantos Vs. Argentina. Serie C No. 85

Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2001
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Cantos Vs. Argentina
Acto:Excepciones Preliminares
Solicitante:Argentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Cantos Vs. Argentina

Sentencia de 7 de septiembre de 2001

(Excepciones Preliminares)

En el caso Cantos,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), integrada de la siguiente manera[1]:

A.A.C.T., P.;

H.S.P., J.;

O.J., J.;

A.A.B., J.;

S.G.R., J.;

C.V. de R.R., J.; y

J.A.B., J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S.; y

P.S.A., S. adjunto,

de acuerdo con el artículo 36 de su Reglamento[2] (en adelante “el Reglamento”), la Corte dicta la sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por la República Argentina (en adelante “el Estado” o “la Argentina”).

I

introducción de la causa

  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 10 de marzo de 1999. La demanda de la Comisión tiene su origen en la denuncia N° 11.636 recibida en su Secretaría el 29 de mayo de 1996.II

    hechos expuestos en la demanda

  2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda los hechos en que funda la reclamación. Según la Comisión, a comienzos de la década de 1970, el señor J.M.C. era dueño de un importante grupo empresarial en la provincia de Santiago del Estero de la República Argentina. Este grupo estaba integrado por las firmas Citrícola del Norte, C.S.A., J.M.C.S.R.L., Rumbo S.A., J.M.C.S.A., M.Á.C.S.A. y M.I.S.A. Además, el señor C. era el accionista principal de la Radiodifusora Santiago del Estero S.A.C. y del Nuevo Banco de Santiago del Estero y titular de bienes inmuebles urbanos y rurales en la mencionada provincia. Las empresas mencionadas eran fuente de trabajo para más de 700 personas.

    En marzo de 1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia, presidida entonces por el señor L.M.J.J.P., realizó una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas del señor C. por presunta infracción a la Ley de Sellos[3]. En esos procedimientos, se secuestró, sin inventariar, la totalidad de la documentación contable, libros y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago de dichas empresas con terceros y firmas proveedoras, así como también numerosos títulos valores y acciones mercantiles.

    A partir de ese momento, se produjo un perjuicio económico debido a la imposibilidad de operación de las mencionadas empresas por falta de los títulos correspondientes, y también por la imposibilidad de oponer defensas ante ejecuciones judiciales intentadas por terceros exigiendo el pago de obligaciones ya canceladas.

    Desde marzo de 1972 el señor C. planteó distintas acciones judiciales en defensa de sus intereses. Así, en esa fecha presentó una denuncia penal contra el Director General de Rentas de la Provincia. Dos meses después interpuso un recurso de amparo, con resultados infructuosos. El 10 de septiembre de 1973 presentó una reclamación administrativa previa a la demanda judicial ante el Interventor Federal de la Provincia tendiente al reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencias de los allanamientos y la retención de la documentación comercial realizados por los funcionarios de la Dirección General de Rentas de la Provincia. El monto de ese perjuicio se calculó en 40.029.070,00 pesos (cuarenta millones veintinueve mil setenta pesos) de la ley 18.188[4]. Esta reclamación fue ampliada el 23 de mayo de 1974, ocasión en que el perjuicio fue estimado en 90.214.669,10 pesos (noventa millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y nueve pesos con diez centavos) de la ley 18.188. Debido a la falta de respuesta, el señor C. solicitó el 6 de junio de 1974 y el 26 de abril 1976 el “pronto despacho” de la reclamación administrativa.

    Independientemente de las acciones planteadas, J.M.C. llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero el 15 de julio de 1982 en el que este último reconoció una deuda para con un grupo de empresas de aquél, fijando un monto indemnizatorio y una fecha de cumplimiento de la obligación.

    Con motivo de las acciones judiciales intentadas por el señor C., éste fue objeto de “sistemáticas persecuciones y hostigamientos por parte de agentes del Estado”. Así, el señor C. fue detenido e incomunicado en más de treinta ocasiones por agentes policiales. Los hijos del señor C., menores de edad en aquella época, fueron detenidos en varias oportunidades. Incluso, la residencia de la familia C. tuvo apostados agentes de policía de manera permanente para impedir la entrada o salida de cualquier persona. Según el registro de antecedentes diligenciado por la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, entre 1972 y 1985 abrieron contra J.M.C. diecisiete causas diferentes por los delitos de estafa, defraudación y falsificación. El imputado fue sobreseído en todos los casos.

    Dado que la Provincia de Santiago del Estero no cumplió con lo pactado con el señor C. el 15 de julio de 1982 y habiendo concluido el plazo estipulado, éste presentó el 4 de julio de 1986 una demanda contra dicha provincia y contra el Estado argentino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El monto de la reclamación era de 130.245.739,30 pesos (ciento treinta millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos con treinta centavos) de la ley 18.188. Este resultó de actualizar, de acuerdo al valor del dólar estadounidense, lo reclamado el 23 de mayo de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1984, más un interés del uno por ciento diario.

    El 3 de septiembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia rechazando la demanda e imponiendo el pago de las costas del juicio al señor C.. Esas costas ascendían aproximadamente a US$ 140.000.000,00 (ciento cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).III

    procedimiento ante la comisiÓn

  3. El 29 de mayo de 1996 la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones a los derechos humanos del señor J.M.C. consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 11 (Protección de la Honra y la Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). Se invocó también la violación de la obligación contenida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de esa Convención y el incumplimiento de varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración”). La denuncia fue presentada por el presunto damnificado J.M.C., sus asesores jurídicos señores G.J.B.C., S.A. y E.W. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”). El 13 de junio de 1996 la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó la correspondiente respuesta.

  4. Entre julio y octubre de 1996 el denunciante original amplió la denuncia, cuyos términos fueron transmitidos igualmente al Estado.

  5. La Argentina solicitó varias prórrogas, que fueron autorizadas por la Comisión. Finalmente, el Estado respondió el 23 de diciembre de 1996 pidiendo se declarara inadmisible la reclamación. Al día siguiente, la solicitud argentina fue comunicada a los peticionarios, quienes presentaron su réplica el 16 de enero de 1997. A su vez, esta réplica fue transmitida a la Argentina el 22 de enero siguiente.

  6. El 4 de marzo de 1997 se celebró una audiencia en la que las partes expusieron los hechos y el derecho aplicable. El 6 de marzo siguiente, el señor C. presentó una información adicional de la que surgiría que había sido objeto de nuevas y desproporcionadas regulaciones de honorarios en el ámbito interno, razón por la cual pidió la adopción de medidas cautelares. En consecuencia de ello, el 11 de marzo de 1997 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas tendientes a suspender la ejecución judicial de los bienes del señor Cantos.

  7. El 13 de marzo de 1997 la Comisión se puso a disposición de las Partes con el propósito de alcanzar una solución amistosa y, en ese sentido, convocó a una audiencia el 6 de octubre de 1997. Tres días después el Estado argentino informó que no le resultaba posible acceder a la propuesta de solución amistosa formulada durante la mencionada audiencia.

  8. El 3 de noviembre de 1997 los peticionarios informaron a la Comisión que, a su criterio, no existían, por el momento, las condiciones para alcanzar una solución amistosa y solicitaron que continuara el trámite del caso. Dicha información fue transmitida al Estado. Los peticionarios remitieron a la Comisión otros escritos relativos a la situación de las investigaciones y los procesos judiciales y administrativos internos, y aquélla transmitió las partes pertinentes al Estado.

  9. El 28 de septiembre de 1998 la Comisión aprobó el Informe N° 75/98 y lo...

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