Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2017. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Serie C No. 341

PonenteFerrer Mac-Gregor Poisot
Fecha de Resolución31 de Agosto de 2017
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoVereda La Esperanza Vs. Colombia
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteColombia

VOTO CONCURRENTE DEL

JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

CASO VEREDA LA ESPERANZA VS. COLOMBIA

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017

(EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

INTRODUCCIÓN:

LA JUSTICIABILIDAD DIRECTA DEL "DERECHO A LA VIVIENDA"

Y SU AUTONOMÍA RESPECTO DE OTROS DERECHOS

* C. esencialmente con lo decidido en la Sentencia. Sin embargo, emito el presente voto para expresar las razones por las cuales considero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte IDH" o "Tribunal Interamericano") pudo abordar la violación del derecho a la vivienda desde otro enfoque. Es decir, a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención Americana" o "Pacto de San José"). Lo anterior, hubiera significado que la Corte IDH declare la violación del derecho a la vivienda de forma autónoma, en lugar de hacerlo a través de su conexidad con los derechos civiles y políticos, como ocurre en la presente Sentencia.

2. Tradicionalmente, los tribunales internacionales no han abordado el derecho a la vivienda de forma autónoma. Por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha garantizado el derecho a la vivienda a través de la integridad, la vida privada y familiar, o la propiedad privada. Por otro lado, este Tribunal Interamericano, cuando se ha referido a la destrucción de viviendas, ha declarado la violación del derecho a la propiedad privada a través del artículo 21 de la Convención Americana. Más aún, la Corte IDH ha considerado que la destrucción de las viviendas/hogares por parte de las fuerzas del Estado, constituye, además de una gran pérdida de carácter económico, una pérdida de las condiciones básicas de existencia de las víctimas. Por lo cual, la violación al derecho a la propiedad ha sido considerado de especial gravedad, tal y como se reitera en este caso.

3. En la presente controversia, los representantes de las víctimas expresamente señalaron que debido al "ataque militar ocurrido el 26 de junio de 1996 por parte del [E]jército [N]acional, [su vivienda] quedó totalmente destruida [...], incluso sus enseres y utensilios del hogar". Así también, afirmaron que producto de esta grave situación se vieron obligados a "dejar abandonada la vivienda y a trasladarse a vivir con sus hijas". Por otra parte, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación al derecho a la propiedad privada por la falta de investigación de los hechos relacionados con los daños que habría sufrido la propiedad de J.E.G.Q..

4. El Tribunal Interamericano declara la violación de los artículos 11 y 21 del Pacto de San José, como se concluye en el epígrafe VIII.3 de la Sentencia, relativo al "Derecho a la Propiedad e Inviolabilidad del Domicilio":

245. En relación a todo lo anterior, resulta claro que el allanamiento y los daños producidos al domicilio del señor J.E.G.Q. son atribuibles al Ejército Nacional, por lo que la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del artículo 11.2, y 21 de la Convención en relación con 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de J.G.Q. y de su esposa M.E.H., quienes eran los propietarios de los bienes que fueron afectados. [Resaltado fuera del texto].

5. Asimismo, en la Sentencia, la Corte IDH considera pertinente realizar "precisiones adicionales sobre la inviolabilidad del domicilio y la vida privada, desde la perspectiva del artículo 11.2 de la Convención y sobre el derecho a la vivienda. "[E]sto último, teniendo en consideración que si bien toda vivienda es susceptible de ser protegida mediante el derecho de propiedad, no toda propiedad es necesariamente una vivienda". En ese sentido, si bien se advierte una intrínseca relación entre los conceptos de propiedad y vivenda, existen particularidades que deben atenderse caso a caso. Ello, toda vez que el derecho a la vivienda tiene rasgos autónomos que no pueden necesariamente subsumirse en el derecho de propiedad.

6. En efecto, considero que pueden haber múltiples afectaciones al derecho de propiedad que en nada se relacionen con una vivienda. Inversamente, puede haber afectaciones a la vivienda que no se relacionen con la propiedad. De ahí que la noción de "vivienda" y el derecho a tal bien son independientes del de propiedad, y pueden presentarse incluso en ausencia de todo vínculo patrimonial. Particularmente, en este caso, quedó plenamente probada la afectación sustancial a la vivienda de dos de las víctimas, producidas por miembros del Ejército. En razón a ello, y atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los pobladores, la Corte IDH pudo abordar la violación de este derecho desde otro enfoque. Esto es, no sólo desde los derechos a la propiedad privada y de la inviolabilidad del domicilio, previstos, respectivamente, en los artículos 21 y 11.2 del Pacto de San José, sino de manera autónoma, desde el derecho a la vivienda. Esto último, en razón de que el referido derecho puede derivarse de las normas sociales contenidas en el artículo 34 inciso k) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante "Carta de la OEA"), como lo prevé el artículo 26 de la Convención Americana.

7. En ese sentido, la Corte IDH debió tener en consideración que en el Caso Lagos del Campo Vs. Perú -- resuelto el mismo día que el presente caso -- , se abrió una nueva vertiente jurisprudencial al declarar la violación de los derechos laborales de la víctima, a través del artículo 26 de la Convención Americana. En efecto, en esa histórica sentencia, la Corte IDH sostuvo:

154. Finalmente, cabe señalar que la Corte ha establecido previamente su competencia para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana, como parte integrante de los derechos enumerados en la misma, respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere obligaciones generales de respeto y garantía a los Estados [...]. Asimismo, la Corte ha dispuesto importantes desarrollos jurisprudenciales en la materia, a la luz de diversos artículos convencionales. En atención a estos precedentes, con esta Sentencia se desarrolla y concreta una condena específica por la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispuesto en el Capítulo III, titulado Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este tratado. [Resaltado fuera del texto].

8. De esta forma, el Tribunal Interamericano le otorgó un nuevo contenido normativo al artículo 26 del Pacto de San José, y observó que "los términos de la norma indican que son aquellos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA". Con ello, no cabe duda de que el artículo 26 del Pacto de San José no es meramente una norma programática para los Estados Parte de la Convención Americana, sino que constituye una disposición que impone a este Tribunal derivar derechos de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidos en la Carta de la OEA. En el Caso Lagos del Campo Vs. Perú, la Corte IDH consideró como derechos laborales específicos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, los que se derivan de los artículos 34.g, 45.b y c, 46 de la propia Carta de la OEA.

9. De ahí que en el presente caso, motivo del voto que ahora formulo, debió seguirse la misma línea argumentativa aludida del Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Ello habría sido más coherente con la referida Sentencia, y más conveniente para proteger el derecho a la vivienda a través del artículo 26 del Pacto de San José, derivado del artículo 34.k de la Carta de la OEA, que refiere expresamente a la "vivienda adecuada". Este nuevo enfoque interpretativo, desde la perspectiva de los derechos sociales interamericanos, lo estimo necesario y crucial para futuros casos donde se presente la vulneración del derecho a la vivienda. Esto, en aras de clarificar el contenido del derecho referido y el de otros derechos, evitando traslapes innecesarios, lo que permitiría precisar las obligaciones estatales de manera más clara y diferenciada. Asimismo, repercutiría en la reparación integral a favor de las víctimas, como se evidenció en el presente caso, donde la reparación se redujo al pago de un monto concreto.

10. Para una mejor comprensión, he divido el presente voto en los siguientes apartados: I. La justiciabilidad directa del "derecho a la vivienda" vía artículo 26 del Pacto de San José (párrs. 11-21). II. La autonomía del "derecho a la vivienda" en relación con otros derechos -- particularmente con el derecho a la propiedad privada y con el derecho a la inviolabilidad del domicilio -- (párrs. 22-26). III. El "derecho a la vivienda" en el presente caso: el principio iura novit curia (párrs. 27-41); y IV. Conclusión (párrs. 42-50).

* LA JUSTICIABILIDAD DIRECTA DEL "DERECHO A LA VIVIENDA"

VÍA ARTÍCULO 26 DEL PACTO DE SAN JOSÉ

11. Esta Corte IDH se ha pronunciado anteriormente sobre la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Sentencia histórica del Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Allí, se protegieron derechos laborales a través del artículo 26 de la Convención Americana; y se demostró que el cumplimiento del deber estatal de respetar y garantizar un derecho catalogado como social, no depende de evaluaciones sobre progresividad o disponibilidad de recursos, sino que se exige de igual manera que otros derechos humanos.

12. Ahora bien, sobre el "derecho a la vivienda", he expresado con anterioridad que se encuentra protegido por el artículo 26 del Pacto de San José. En efecto, en el Caso Yarce y otras Vs. Colombia, me pronuncié sobre la importancia de que el Tribunal Interamericano reconozca su existencia y justiciabilidad directa, mediante el artículo 26 del mencionado tratado internacional. Lo anterior, teniendo especial consideración que el "derecho a la vivienda" no se encuentra previsto en el Protocolo de San Salvador en ninguna de sus disposiciones, lo que lo hace...

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