Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Febrero de 2002. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Serie C No. 91

Fecha de Resolución:22 de Febrero de 2002
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Bámaca Velásquez Vs. Guatemala
Acto:Reparaciones y Costas
Solicitante:Haití
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala

Sentencia de 22 de febrero de 2002

(Reparaciones y Costas)

En el caso B.V.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

A.A.C.T., Presidente

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente

Hernán Salgado Pesantes, Juez

Oliver Jackman, Juez

Sergio García Ramírez, J. y

C.V. de R.R., J.;

presentes, además,

M.E.V.R., S., y

P.S.A., S. adjunto,

de acuerdo con los artículos 29, 55, 56.1 y 57 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en consideración de lo establecido en los puntos resolutivos octavo y noveno de la sentencia de 25 de noviembre de 2000, dicta la presente Sentencia sobre reparaciones.

i

competencia

  1. LA CORTE ES COMPETENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 62 Y 63.1 DE LA CONVENCIÓN PARA DECIDIR SOBRE REPARACIONES, COSTAS Y GASTOS EN EL PRESENTE CASO, EN RAZÓN DE QUE EL 25 DE MAYO DE 1978 LA REPÚBLICA DE GUATEMALA (EN ADELANTE “GUATEMALA” O “EL ESTADO”) RATIFICÓ LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EL 9 DE MARZO DE 1987 RECONOCIÓ LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE.

ii

antecedentes
  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) mediante demanda de 30 de agosto de 1996. El 31 de octubre de 1996 el Estado interpuso una excepción preliminar, la que posteriormente retiró[3]. El 25 de noviembre de 2000, la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso, en la cual, decidió por unanimidad:

  2. declar[ó] que el Estado violó, en perjuicio de E.B.V., el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  3. declar[ó] que el Estado violó, en perjuicio de E.B.V., así como de J.H., J. […] L.B.H., E.G.B.V. y J.B.V., el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  4. declar[ó] que el Estado violó, en perjuicio de E.B.V., el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  5. declar[ó] que el Estado no violó, en perjuicio de E.B.V., el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  6. declar[ó] que el Estado violó, en perjuicio de E.B.V., así como de J.H., J. […] L.B.H., E.G.B.V. y J.B.V., el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  7. declar[ó] que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores de la [mencionada] Sentencia.

  8. declar[ó] que el Estado incumplió, en perjuicio de E.B.V., la obligación de prevenir y sancionar la tortura en los términos de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

  9. decid[ió] que el Estado deb[ía] ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en [la mencionada] Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables.

  10. decid[ió] que el Estado deb[ía] reparar los daños causados por las violaciones señaladas en los puntos resolutivos 1 a 7, a cuyo efecto comision[ó] a su Presidente para que, oportunamente, disponga la apertura de la etapa de reparaciones.

    iii

    procedimiento en la etapa de reparaciones

  11. El 9 de febrero de 2001, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo noveno de la sentencia sobre fondo, resolvió:

  12. Otorgar a los familiares de la víctima o sus representantes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Guatemala, un plazo de 60 días a partir de la notificación de la presente resolución para que present[aran] sus argumentos y las pruebas de que disp[usieran] para la determinación de las reparaciones.

  13. Convocar, oportunamente, a los familiares de la víctima o sus representantes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Guatemala, a una audiencia pública, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento.

  14. Los días 5, 6 y 10 de abril de 2001, las víctimas, así como familiares y representantes de éstas (en adelante “los representantes de las víctimas”), la Comisión Interamericana y el Estado solicitaron, respectivamente, prórrogas para la presentación de sus escritos sobre reparaciones. Dichas prórrogas fueron otorgadas por el Presidente a todas las partes intervinientes hasta el 8 de mayo siguiente.

  15. El 8 de mayo de 2001 los representantes de las víctimas, la Comisión y el Estado presentaron sus argumentos y pruebas sobre las reparaciones.

  16. El 28 de agosto de 2001 la Secretaría solicitó a la Comisión y los representantes de las víctimas la presentación de la lista definitiva de los testigos y peritos que serían oídos en la audiencia pública sobre reparaciones. El 11 de septiembre de 2001 dichos representantes enviaron la lista solicitada así como el currículum vitae de la perito propuesta. El mismo día el Presidente otorgó plazo hasta el 17 de septiembre de 2001 al Estado para presentar sus observaciones sobre la perito propuesta, y éste no presentó observaciones al respecto.

  17. El 24 de septiembre de 2001 el Presidente convocó a los representantes de las víctimas, a la Comisión y al Estado a una audiencia pública sobre reparaciones que se celebraría a partir del 28 de noviembre de 2001, en la sede del Tribunal.

  18. El 20 de noviembre de 2001 la señora J.H. envió una comunicación con información a la Corte sobre la existencia de una hermana por parte de madre del señor E.B.V..

  19. Los días 28 y 29 de noviembre de 2001, la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos y la perito ofrecidos por la Comisión y los representantes de las víctimas, así como sus conclusiones finales sobre las reparaciones en este caso.

    Comparecieron ante la Corte:

    por los familiares de las víctimas:

    V.K.;

    J.C.G.; y

    S.B..

    por la Comisión Interamericana:

    C.G., delegado; y

    E.A.-Mershed, abogada.

    por el Estado de Guatemala:

    Cruz Munguía Sosa, asesor;

    C.R.S.A., asesor; y

    Olmedo España, asesor.

    Testigos propuestos por los representantes de las víctimas y la Comisión:

    J.H.;

    J.L.B.H. (Intérprete: C.J.);

    J.J.M.;

    M.A.;

    E.J.; y

    P.D.[4].

    Perito propuesta por los representantes de las víctimas y la Comisión:

    A.D..

  20. El 4 de diciembre de 2001, la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte y de conformidad con el artículo 44 de su Reglamento, solicitó al Estado la presentación de algunos documentos como prueba para mejor proveer. Los días 10 y 18 de enero 2002, el Estado remitió la documentación solicitada (infra 19). El 21 de enero de 2002, la Secretaría remitió a las partes la documentación recabada como prueba para mejor resolver.

    iv

    prueba en materia de reparaciones

  21. Antes del análisis de las pruebas recibidas, la Corte en este capítulo precisará los criterios generales sobre la valoración de la prueba, los examinará, valorará y realizará algunas consideraciones aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas anteriormente por la jurisprudencia de este Tribunal.

  22. El artículo 43 del Reglamento de la Corte establece que

    [l]as pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas en la demanda y en su contestación […]. Excepcionalmente la Corte podrá admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.

  23. El artículo 44 del Reglamento señala que en cualquier estado de la causa la Corte podrá:

  24. Procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular, podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuyo testimonio, declaración y opinión estime pertinente.

  25. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil.

  26. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados.

    [...]

  27. Según ha señalado reiteradamente el Tribunal, en el proceso de reparaciones las partes deben señalar, en la oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito respecto a dichas reparaciones, las pruebas que quieran hacer valer y, asimismo, el Tribunal, cuando lo juzgue oportuno, podrá ejercer sus facultades discrecionales en relación con la obtención de pruebas para mejor resolver, sin que ello suponga una nueva oportunidad para que las partes puedan ampliar o completar sus alegatos u ofrecer otras pruebas sobre reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiese[5].

  28. También ha señalado reiteradamente la Corte, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites dados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes[6]. La jurisprudencia internacional ha establecido la potestad de los tribunales para apreciar y valorar las pruebas según las...

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