Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Julio de 1989. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Serie C No. 7

Fecha de Resolución:21 de Julio de 1989
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
Acto:Reparaciones y Costas
Solicitante:México
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso V.R. Vs. Honduras

Sentencia de 21 de julio de 1989

(Reparaciones y Costas)

En el caso V.R.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

H.G.E., Presidente

Héctor Fix-Zamudio, Vicepresidente

Rodolfo E. Piza E., Juez

Pedro Nikken, Juez

Rafael Nieto Navia, Juez

Rigoberto Espinal Irías, J. ad hoc

presente, además,

M.V., S. a.i.

de acuerdo con el artículo 44.1 de su Reglamento dicta la siguiente sentencia en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), sobre el presente caso introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras y en cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988.

  1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte") por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") el 24 de abril de 1986. Se originó en una denuncia (No. 7920) contra el Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "el Gobierno"), recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de octubre de 1981.

  2. En su sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988, la Corte

  3. Decide que Honduras está obligada a pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima.

  4. Decide que la forma y la cuantía de esta indemnización serán fijadas por la Corte en caso de que el Estado de Honduras y la Comisión no se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses contados a partir de la fecha de esta sentencia, y deja abierto, para ese efecto, el procedimiento.

    (C.V.R., Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 194).

    I

  5. La Corte es competente para disponer el pago de una justa indemnización a la parte lesionada en el presente caso porque Honduras ratificó la Convención el 8 de septiembre de 1977 y depositó, el 9 de septiembre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El caso fue elevado a la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos 61 de la Convención y 50.1 y 50.2 de su Reglamento y fallado por la Corte el 29 de julio de 1988.

    II

  6. Por resolución de 20 de enero de 1989 la Corte resolvió:

  7. Autorizar al Presidente para que, si se venciera el plazo sin que se le haya presentado el acuerdo entre el Estado y la Comisión, en consulta con la Comisión Permanente de la Corte inicie los estudios y designe los expertos que considere convenientes, con el fin de que la Corte cuente con los elementos de juicio necesarios para fijar la forma y cuantía de la indemnización.

  8. Autorizar al Presidente para, llegado el caso, recabar el parecer al respecto de los familiares de la víctima, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Gobierno de Honduras.

  9. Autorizar al Presidente para que, si fuere necesario, previa consulta con la Comisión Permanente de la Corte, convoque a una audiencia sobre este asunto.

  10. El 24 de enero de 1989 el Agente entregó a la Secretaría copia del acta suscrita el día anterior en Tegucigalpa, Honduras, por el Gobierno y la Comisión, de acuerdo con la cual:

PRIMERO

El Gobierno de Honduras una vez más manifiesta su decidido propósito de dar cumplimiento integral a la sentencia dictada por la Ilustre Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los términos establecidos en la referida sentencia.

SEGUNDO

El Gobierno de Honduras y la Comisión reconocen que los únicos beneficiarios de la compensación establecida por la Corte lo son la cónyuge de M.V., señora E.G.U. y los hijos de este matrimonio H.R.V.G., N.W.V.G. y H.L.V.G., una vez que éstos hayan dado cumplimiento a los requisitos prescritos en la legislación hondureña para que puedan ser considerados de conformidad con ésta herederos de M.V..

TERCERO

El Gobierno de Honduras considera que la mejor forma de dar cumplimiento a la obligación impuesta por la Corte de "pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima" consiste en darles a éstos el mejor trato que la legislación de Honduras concede a sus nacionales, en caso de fallecimiento accidental.

CUARTO

La Comisión reconociendo la importancia que el ofrecimiento del Gobierno de Honduras tiene como elemento de justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima considera que además debe establecerse en favor de los herederos una suma de dinero cuyo monto y forma de pago debería ser establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando para tal efecto tanto los requisitos establecidos por la legislación hondureña como por el Derecho Internacional.

  1. Los abogados acreditados como consejeros o asesores de la Comisión (en adelante "los abogados") solicitaron a la Corte convocar a una audiencia pública para presentar un informe de peritos psiquiatras sobre la extensión del daño moral sufrido por los familiares de la víctima y para que uno de tales peritos explicara a la Corte el procedimiento utilizado y las conclusiones.

  2. La señora E.G. de V., cónyuge de Á.M.V.R. (también conocido como M.V., haciendo uso del numeral 2 de la resolución de 20 de enero de 1989, presentó un escrito fechado el 26 de febrero de 1989 en el cual solicita a la Corte que ordene al Gobierno el cumplimiento de los siguientes puntos:

    1) El cese definitivo de la desapariciones forzadas en Honduras.

    2) La realización de una investigación sobre cada uno de los 150 casos.

    3) El otorgamiento público de un informe oficial, completo y veraz, sobre la situación y destino de todos los desaparecidos.

    4) La ejecución de un juicio contra los responsables de llevar a cabo esta práctica y el correspondiente castigo.

    5) Un compromiso público y oficial de que se respetarán los derechos humanos, particularmente el respeto a la vida, la libertad y la integridad personal.

    6) Un reconocimiento público y oficial para honrar y dignificar la memoria de los desaparecidos. Una calle, un parque, una escuela, un colegio, un hospital podrían llevar el nombre de las víctimas de la desaparición.

    7) La desmovilización y desintegración de los cuerpos represivos que fueron especialmente creados para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar personas.

    8) Garantías de respeto a la labor de los organismos humanitarios y de familiares y reconocimiento público a la útil función social que cumplen.

    9) Cese de todas las formas de agresión y presiones, abiertas o solapadas, ejercidas contra las familias de los desaparecidos y reconocimiento público de su honorabilidad.

    10) La creación de un fondo para la educación primaria, secundaria y universitaria de los hijos de los desaparecidos.

    11) La garantía de un empleo para los hijos de los desaparecidos, que están en edad de trabajar.

    12) La creación de un fondo de pensiones para los padres de los desaparecidos.

  3. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de 20 de enero de 1989, la Comisión presentó su parecer el 1 de marzo de 1989. En su opinión, la justa indemnización compensatoria que Honduras debe pagar a los familiares de M.V. ha de comprender los siguientes aspectos:

  4. La adopción de medidas por parte del Estado de Honduras que expresen su enérgica condena a los hechos que motivaron la sentencia de la Corte. En particular, deberá dejarse establecida la obligación del Gobierno de Honduras de investigar exhaustivamente las circunstancias de la desaparición de M.V. y procesar a toda persona que resulte responsable por esta desaparición.

  5. El otorgamiento al cónyuge e hijos de M.V., de los siguientes beneficios copulativos:

    a) El pago de la más alta pensión vitalicia que existe en la actualidad en Honduras para la viuda de M.V., señora E.G.U..

    b) El pago de una pensión o de un subsidio hasta concluir la educación universitaria para los hijos de M.V.: H.R., N.W. y H.L.V.G., y

    c) El otorgamiento en propiedad de una vivienda digna equivalente a la que habita la familia de un profesional de clase media.

  6. El pago en favor del cónyuge e hijos de M.V. de una cifra de dinero al contado cuya cuantía deberá corresponder al daño emergente, lucro cesante y daño moral sufrido por los familiares de M.V. y cuyo monto deberá ser determinado por esa Ilustre Corte de acuerdo a los antecedentes técnicos que le presenten los representantes de los familiares de la víctima.

  7. Los abogados presentaron el 10 de marzo de 1989 un escrito en el que afirman que conforme al artículo 63 de la Convención la reparación debe ser tanto ética como monetaria.

    Las medidas de reparación ética que solicitan son las siguientes:

    - Declaración pública de condena a la práctica de la desaparición forzada de personas llevada a cabo entre 1981 y 1984;

    - Expresión de solidaridad con las víctimas de esa práctica, incluido M.V.. Homenaje público a dichas víctimas a través de la imposición de sus nombres a una calle, paseo, escuela u otro lugar público;

    - Investigación exhaustiva del fenómeno de la...

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