Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de Septiembre de 2006. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Serie C No. 155

Fecha de Resolución:26 de Septiembre de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Vargas Areco Vs. Paraguay
Solicitante:Perú

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Vargas Areco vs. Paraguay

Sentencia de 26 de septiembre de 2006

En el caso V.A.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.; y

D.G.-Sayán, J.;

presentes, además,

P.S.A., S.; y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 27 de marzo de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Paraguay (en adelante “el Estado”), la cual se originó en la denuncia número 12.300, recibida en la Secretaría de la Comisión el 28 de julio de 1999. El 22 de abril de 2005 la Comisión remitió “una versión enmendada de la demanda” (infra párr. 15).

  2. La Comisión alegó que el niño G.V.A. fue reclutado para el servicio militar en las fuerzas armadas de Paraguay el 26 de enero de 1989, cuando tenía 15 años de edad. El 30 de diciembre de 1989, el niño V.A. se encontraba supuestamente arrestado como sanción por no haber regresado a su destacamento voluntariamente y a tiempo, luego de disfrutar una licencia para visitar a su familia en Navidad. V.A. se presentó a la enfermería de la unidad militar donde le atendieron de una hemorragia nasal. Al regresar de la enfermería el niño V.A. supuestamente comenzó a correr, presumiblemente para huir del destacamento y evitar la sanción a la que se le había sometido. Al ver que el niño se alejaba corriendo, un suboficial le disparó por la espalda, ocasionándole la muerte. El cadáver del niño fue encontrado al día siguiente a 100 metros de la enfermería del destacamento.

  3. Consecuentemente, la Comisión solicitó que el Tribunal declarara que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares del niño G.V.A., a saber: P.V., padre, De Belén Areco, madre, y J., M.E., P., D., Doralicia, M., M.M., S. y J.R., todos ellos de apellido V.A., hermanos de G.V.A.. La Comisión alegó que el Estado había violado dichos artículos “al no haber investigado, procesado y sancionado a los responsables de las violaciones cometidas contra su familiar de modo efectivo y en tiempo oportuno” y “por la falta de una reparación adecuada a favor de los familiares del niño”.

  4. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

    II

    Competencia

  5. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Estado es Parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993 (infra párrs. 40 a 63).

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  6. El 28 de julio de 1999 la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por los padres del niño G.V.A., el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”, por sus siglas en inglés), y el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay (en adelante “SERPAJ PY”, y al referirse a ambas organizaciones “los representantes” o “los representantes de las víctimas”), en contra del Estado, por los supuestos hechos ocurridos el 30 de diciembre de 1989.

  7. El 17 de octubre de 2000 el Estado solicitó a la Comisión que se pusiera a disposición de las partes para intentar una solución amistosa. La solicitud fue comunicada a los representantes y éstos aceptaron la propuesta. El 13 de mayo de 2003 los peticionarios enviaron una comunicación manifestando su voluntad de retirarse del proceso de solución amistosa, por considerar que el Estado había incumplido compromisos asumidos en el curso de tal proceso.

  8. El 19 de octubre de 2004 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad y fondo número 76/04. En cuanto al fondo, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del niño V.A., así como los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado, en perjuicio de sus familiares. Asimismo, la Comisión formuló determinadas recomendaciones al Estado.

  9. El 27 de diciembre de 2004 la Comisión transmitió el informe de fondo al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que indicara las medidas que había adoptado a fin de cumplir con las recomendaciones formuladas en aquél.

  10. El 24 de febrero de 2005 el Estado señaló que “se compromet[ía] a reconocer públicamente su responsabilidad por los hechos determinados en el […] informe de fondo” de la Comisión mediante un acto “presidido por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional”. Asimismo, el Estado se comprometió “a continuar el proceso penal abierto en el fuero ordinario hasta llegar a sentencia definitiva” y a “cumplir con una justa reparación en el plazo de 1 (un) año, atendiendo a que deben realizarse las gestiones administrativas de carácter presupuestario a fin de incluir en el Presupuesto Nacional de Gastos 2006 el monto indemnizatorio a favor de los herederos de la víctima declarados judicialmente”. El Estado señaló también que se encontraba en condiciones de pagar la suma de hasta US$ 20.000 (veinte mil dólares de Estados Unidos de América) como indemnización por los hechos del presente caso. En cuanto a las costas y gastos, el Estado “consider(ó( razonable ofrecer el pago de la suma de [US]$ 5.000 (cinco mil dólares [de Estados Unidos de América])”. Además, el Estado remitió copia del Decreto No. 4399 de 29 de diciembre de 2004, “(p(or el cual se confiere el ascenso póstumo al grado de Vicesargento Primero al conscripto G.V.A.”.

  11. El 21 de marzo de 2005 los peticionarios solicitaron que el caso fuera sometido a la Corte.

  12. El 26 de marzo de 2005 la Comisión Interamericana, ante la falta de cumplimiento del Estado de las recomendaciones contenidas en el informe aprobado de acuerdo al artículo 50 de la Convención Americana, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, decidió someter el caso a la Corte.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  13. El 27 de marzo de 2005 la Comisión presentó a la Corte la demanda contra el Estado (supra párrs. 1 y 12), adjuntó prueba documental, ofreció prueba testimonial, y designó delegados a los señores J.Z. y S.A.C., y asesores legales a los señores A.D., V.M.B., I.Á. y M.C.R..

  14. En dicha demanda la Comisión solicitó que el Tribunal declarara que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del niño V.A.; así como los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado, en perjuicio de los familiares del niño V.A.. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda.

  15. El 22 de abril de 2005 la Comisión remitió una “versión enmendada de la demanda”, mediante la cual solicitó que el Tribunal declarara que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares del niño V.A.. Además, aclaró que las “violaciones sobre las cuales la Comisión solicita[ba] un pronunciamiento de la Corte ocurrieron con posterioridad al 26 de marzo de 1993, fecha en que Paraguay aceptó su competencia contenciosa.” Asimismo, la Comisión solicitó determinadas reparaciones.

  16. El 10 de junio de 2005 la Comisión “resalt[ó] que en la demanda […] presentada a la […] Corte el 27 de marzo de 2005 […] incluyó en sus pretensiones de derecho [alegatos referentes a presuntas] violaciones a derechos humanos ocurridas con anterioridad al 26 de marzo de 1993, fecha de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte por parte del Ilustr[ado] Estado paraguayo”. En consecuencia, la Comisión Interamericana señaló que “ya no pretend[ía] que la […] Corte declare responsable al Estado paraguayo por las violaciones […] a los derechos consagrados en los artículos 7 (Libertad Personal), 5 (Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana”. Finalmente, en dicha comunicación indicó que, con la finalidad de “facilitar la tramitación del caso, la Comisión remitió a la Corte [una ‘demanda enmendada’ de fecha 22 de abril de 2005] que cont[enía] las limitaciones...

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