Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2008. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Serie C No. 192

Fecha de Resolución27 de Noviembre de 2008
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoValle Jaramillo y otros Vs. Colombia
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteCosta Rica

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia

Sentencia de 27 de noviembre de 2008

(Fondo, R. y Costas)

En el Caso Valle Jaramillo y otros,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.S., V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presente además*,

P.S.A., S.;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 13 de febrero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó ante la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, una demanda en contra de la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”). Dicha demanda se originó en la denuncia Nº 12.415 remitida a la Secretaría de la Comisión el 2 de agosto de 2001 por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (en adelante “GIDH”). El 20 de febrero de 2003 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad Nº 5/03 y el 16 de octubre de 2006 aprobó el Informe de fondo Nº 75/06, en los términos del artículo 50 de la Convención[1], el cual contiene determinadas recomendaciones para el Estado. En consideración al “informe estatal sobre implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, y la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las mismas”, la Comisión decidió someter el presente caso a la competencia de la Corte el 13 de febrero de 2007. La Comisión designó como delegados a V.A., Comisionado, y a S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a A.E.D., E.A.-Mershed, J.P.A.A., V.G., A.R. y K.M..

  2. En la demanda la Comisión alegó que el

    27 de febrero de 1998 […] dos hombres armados ingresaron al despacho de J.M.V.J. en […] Medellín [donde también se encontraban C.F.J.C. y] N.V. [Jaramillo], hermana de J.M.V. […]. [Posteriormente entró una mujer, quien, junto con dos hombres, procedió a] amarrar e inmobilizar a los rehenes […]. J.M.V. fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza [y] falleció instantáneamente. […] Tras la ejecución extrajudicial, la señora Valle y el señor J.C. fueron arrastrados desde el despacho hasta la sala de la oficina. Allí fueron amenazados con armas de fuego […]. [L]os perpetradores abandonaron el despacho. […] C.F.J. […] debió exiliarse por temor a las amenazas recibidas. […] Los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias del defensor de derechos humanos J.M.V. sobre los crímenes perpetrados en el Municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública […]. [T]ranscurridos casi nueve años […], se ha condenado a tres civiles, en ausencia, y no existen investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado.

  3. Por todo lo anterior, la Comisión alegó que el Estado es responsable por

    la [supuesta] ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos J.M.V.J.; la [presunta] detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes que le precedieron, en perjuicio del señor V.J., su hermana N.V.J. y el señor C.F.J.C. […]; la [supuesta] falta de investigación y sanción de los responsables de tal hecho; la [alegada] falta de reparación adecuada en favor de las [presuntas] víctimas y sus familiares; y el [supuesto] desplazamiento forzado al que se vio obligado el señor J.C. con posterioridad a los hechos.

  4. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de:

    1. los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de J.M.V.J.;

    2. los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de M.N.V.J. (en adelante “M.N.V.J.” o “N.V.J.”) y C.F.J.C.;

    c) el artículo 22 (Circulación y Residencia) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de C.F.J.C. “y sus familiares”, y

    d) los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de N.V.J., C.F.J.C. y de “los familiares” de J.M.V.J..

    Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias.

  5. El 9 de mayo de 2007 el GIDH, representado por M.V.F.M., P.F.G. y J.A.C.M., y la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante “CCJ”), representada por G.G.G. y L.M.M.C., en calidad de representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos” o “escrito de los representantes”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado había cometido las mismas violaciones de derechos alegadas por la Comisión y, adicionalmente, alegaron que el Estado es responsable por la violación de:

    a) el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “los familiares de J.M.V.J. y N.V.J.”;

    b) el artículo 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de J.M.V.J.;

    c) el artículo 22.1 (Circulación y Residencia) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los siguientes familiares del señor C.F.J.C.: Gloria Lucía Correa García, C.E.J.C., C.J.C. y María Lucía Jaramillo Correa;

    d) los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “todas las [presuntas] víctimas y sus familiares”;

    e) el artículo 11.1 y 11.2 (Derecho a la Honra y Dignidad) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ésta, en perjuicio de J.M.V.J., C.F.J.C. “y sus familiares”;

    f) los artículos 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 16 (Derecho de Asociación) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, en perjuicio de “las víctimas indirectas, [a saber,] los defensores de derechos humanos”, y

    g) el artículo 17 (Protección a la Familia) de la Convención, en perjuicio de “los familiares de las víctimas”.

    Asimismo, solicitaron la adopción de ciertas medidas de reparación y el reembolso de los gastos devengados durante el procedimiento del caso ante esta Corte.

  6. El 9 de julio de 2007 el Estado, representado por el Agente J.A.G.G. y el A.A.P.E.D.R., presentó su escrito de contestación de la demanda y de observaciones al escrito de los representantes (en adelante “contestación de la demanda”), en el cual “reconoc[ió] parcialmente su responsabilidad internacional” por la violación de determinados artículos de la Convención que la Comisión y los representantes alegaron; negó su responsabilidad en relación con otras de las violaciones alegadas, y señaló que el Estado no ha propiciado un contexto de hostigamiento o persecución en contra de defensores de derechos humanos (infra párrs. 20 a 25 y 30 a 33).

    II

    Procedimiento ante la Corte

  7. El 7 de marzo de 2007 la demanda de la Comisión fue notificada al Estado[2] y a los representantes. Durante el procedimiento ante este Tribunal, el Estado, la Comisión y los representantes presentaron los escritos principales sobre el fondo (supra párrs. 1 al 6), y el 10 y 14 de agosto de 2007 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado (supra párr. 6 e infra párrs. 26 y 27). El 6 de septiembre de 2007 el Estado solicitó que la Corte no tomara en cuenta aquellos alegatos presentados por los representantes en sus observaciones de 14 de agosto de 2007 que no tuvieran relevancia con el allanamiento parcial realizado por el Estado (supra párr. 6).

  8. El 30 de noviembre de 2007 la Corte ordenó mediante resolución la presentación de nueve testimonios y dos declaraciones a título informativo rendidas ante fedatario público (affidávit) propuestas por la Comisión, los representantes y el Estado, ante lo cual las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivas observaciones. Asimismo, mediante la referida resolución, modificada de conformidad con la nota de la Secretaría de la Corte de 22 de enero de 2008, se convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de tres testigos, dos peritos y un declarante a título informativo, así como los alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas[3]. La audiencia pública fue celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008, durante el LXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte[4]. Durante dicha audiencia el Estado presentó varios documentos como prueba.

  9. El 10 de marzo de 2008 las partes remitieron sus respectivos escritos de alegatos finales. Según fuera...

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