Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Junio de 2009. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Serie C No. 197

Fecha de Resolución:30 de Junio de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Reverón Trujillo Vs. Venezuela
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO R.T. VS. VENEZUELA

SENTENCIA DE 30 DE JUNIO DE 2009

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso R.T.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

C.M.Q., P.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J., y

E.E.B.M., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 9 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), a partir de la cual se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 8 de abril de 2005. El 25 de julio de 2006 la Comisión aprobó el Informe No. 60/06, mediante el cual declaró la petición admisible. Más tarde, el 27 de julio de 2007, aprobó el Informe de fondo No. 62/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 9 de agosto de 2007. Tras considerar que Venezuela no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como D. a los señores P.S.P., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las abogadas E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, D.B., M.C.R. y S.S., especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

La demanda se relaciona con la supuesta destitución arbitraria de M.C.R.T. (en adelante “la señora R.T.” o “la presunta víctima”) del cargo judicial que ocupaba, ocurrida el 6 de febrero de 2002. El 13 de octubre de 2004 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante “la SPA”) decretó la nulidad del acto de destitución por considerar que no estuvo ajustado a derecho, pero no ordenó la restitución de la presunta víctima a su cargo, ni el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir. Por tales razones, la Comisión alegó que el recurso de nulidad no proporcionó a la señora R.T. un recurso judicial efectivo capaz de remediar, en forma integral, la violación a sus derechos.

La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de la presunta víctima. Asimismo, solicitó que se ordenaran determinadas medidas de reparación.

El 31 de enero de 2008 los señores R.J.C.G. y C.M.A.C., representantes de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de lo indicado por la Comisión, los representantes sostuvieron, inter alia, que la destitución de la señora R.T. y la falta de reincorporación a su cargo constituirían, a su vez, una violación del principio de autonomía e independencia del juez. Igualmente, alegaron que la señora R.T. sufrió un trato desigual frente a su derecho a ingresar y permanecer en sus funciones públicas, al haberse limitado los procesos de “regularización de titularidad” a los jueces provisorios en ejercicio efectivo de sus cargos y al habérsele negado su reincorporación. Los representantes concluyeron que, además de los artículos invocados por la Comisión, el Estado sería responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales), 23 (Derechos Políticos) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención.

El 4 de abril de 2008 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). La excepción preliminar interpuesta está relacionada con la supuesta falta de agotamiento de recursos internos. El Estado alegó que brindó a la presunta víctima “un recurso judicial rápido y efectivo, para remediar la destitución de la que fue objeto, conforme a la naturaleza del cargo que desempeñaba […], pues la decisión de la Sala [Político] Administrativa […] anuló su destitución, ordenó su aceptación en los concursos de oposición y acordó eliminar de su expediente cualquier señalamiento vinculado a su destitución”. El Estado designó al señor G.S.N. como Agente y al señor L.D.M. como Agente Alterno.

De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 8 y 14 de mayo de 2008 la Comisión y los representantes, respectivamente, presentaron sus alegatos sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado (supra párr. 5).

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 4 de diciembre de 2007. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó mediante Resolución[3] la recepción, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), de algunos de los testimonios y peritajes ofrecidos oportunamente por las partes. Asimismo, mediante la referida Resolución, modificada por la Presidenta el 8 de octubre de 2008, se convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de los testigos y el perito propuestos, según el caso, por la Comisión, el Estado y los representantes, así como los alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Presidenta fijó plazo hasta el 20 de febrero de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos escritos de alegatos finales.

La audiencia pública fue celebrada el 23 de enero de 2009 durante el LXXXII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica[4].

El 27 de noviembre de 2008 el Tribunal recibió un escrito en calidad de amicus curiae de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina[5]. En dicho escrito se presentó, inter alia, un análisis de derecho comparado sobre la regulación de la independencia judicial en algunos países de la región. El 30 de marzo de 2009 la Corte recibió un escrito en calidad de amicus curiae del Centro de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Essex[6], en el cual se presentaron argumentos, inter alia, respecto al alcance del artículo 25 de la Convención Americana y sobre reparaciones, particularmente, sobre el concepto de parte lesionada. La versión en español de dicho escrito fue recibida el 6 de abril de 2009.

El 3 de febrero de 2009 la Presidenta solicitó a las partes que, junto con sus escritos de alegatos finales, presentaran en calidad de prueba para mejor resolver argumentos y documentación de respaldo en relación con variados temas[7].

El 20 y 21 de febrero de 2009 el Estado y los representantes remitieron, respectivamente, sus escritos de alegatos finales. Tanto el Estado como los representantes remitieron la prueba para mejor resolver solicitada por la Presidenta (supra párr. 10). El escrito de alegatos finales de la Comisión fue presentado con diez días de retraso, plazo que, a criterio de la Presidenta, resultó excesivo, por lo que decidió rechazarlo por extemporáneo.

El 17 de marzo de 2009 el Estado solicitó que el escrito de alegatos finales de los representantes sea igualmente rechazado, puesto que llegó con un día de retraso. El 25 de marzo de 2009 los representantes solicitaron a la Corte que “en aplicación de los límites de temporalidad y criterios de razonabilidad en el cumplimiento de los plazos y del interés superior de la realización de la justicia […], estime presentados para su posterior análisis [sus] alegatos finales escritos”.

El 27 de marzo de 2009 la Presidenta informó a las partes su decisión de admitir el escrito de los representantes, puesto que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal[8], el retraso de un día en la remisión del escrito no era un plazo excesivo que justificara su rechazo.

El 23 de marzo de 2009 los representantes presentaron sus observaciones a la prueba que acompañaba el escrito de alegatos finales del Estado. Con este escrito los representantes remitieron una Resolución de 18 de marzo de 2009 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (en adelante “el TSJ”) “por ser parte del contexto de las violaciones del presente caso”.

El 11 de mayo de 2009 la Presidenta solicitó a las partes que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento de la Corte, remitieran prueba que permitiera verificar si, con posterioridad al año 2004, se han realizado programas de formación inicial y exámenes de conocimiento para el ingreso a la jurisdicción penal, conforme a los artículos 14 a 37 de las “Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial”.

Las partes se pronunciaron sobre lo solicitado (supra párr. 15) el 20 de mayo de 2009. El Estado remitió documentación en respaldo de su posición. Además, el Estado presentó un escrito el 1 de junio de 2009, en el cual hizo observaciones a la información brindada por la Comisión.

III

EXCEPCIÓN PRELIMINAR

(Falta de agotamiento de los recursos internos)

El Estado sostuvo que la presunta víctima habría omitido interponer el...

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