Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Enero de 2009. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Serie C No. 193

Fecha de Resolución27 de Enero de 2009
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoTristán Donoso Vs. Panamá
ActoExcepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteParaguay

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Tristán Donoso vs. PanamáSentencia de 27 de enero de 2009

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el caso T.D.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

El 28 de agosto de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”), la cual se originó en la petición presentada el 4 de julio de 2000 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los representantes” o “CEJIL”), representantes de S.T.D., la presunta víctima en el presente caso (en adelante “señor T.D.” o “la presunta víctima”). El 24 de octubre de 2002 la Comisión declaró admisible el caso mediante el Informe No. 71/02 y el 26 de octubre de 2006 aprobó el Informe de Fondo No. 114/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, que contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 28 de noviembre de 2006 y se le concedió un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas con el propósito de implementar las recomendaciones de la Comisión. Una vez “[v]encidas las prórrogas otorgadas […], y dada la falta de respuesta del Estado […] respecto del cumplimiento [de] las recomendaciones del Informe de Fondo”, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores P.S.P., Comisionado, S.A.C., Secretario Ejecutivo, e I.Á., entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión, y como asesores legales a los abogados E.A.-Mershed, L.C., C.C. y C.Z..

Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a “la [alegada interceptación, grabación y] divulgación de una conversación telefónica del abogado S.T.D. […]; la posterior apertura de un proceso penal por delitos contra el honor como [supuesta] represalia a las denuncias del señor T.D. sobre [la referida grabación y divulgación]; la falta de investigación y sanción de los responsables de tales hechos, y la falta de reparación adecuada”.

En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, previstos, respectivamente, en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor T.D.. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

El 8 de diciembre de 2007 CEJIL presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. En dicho escrito solicitó a la Corte que en virtud de los hechos relatados por la Comisión en su demanda declare la violación de los derechos a la vida privada, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y la protección judicial, previstos en los artículos 11, 13 y 8 y 25 de la Convención Americana, los dos primeros en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, como así también la violación al principio de legalidad previsto en el artículo 9 de la Convención, en relación con su artículo 1.1. Finalmente, solicitó al Tribunal que ordene medidas de reparación por la violación a los derechos del señor T.D.. Mediante poder de representación otorgado el 18 de diciembre de 2006 la presunta víctima designó como representante legal a CEJIL.

El 5 de febrero de 2008 el Estado presentó un escrito en el que interpuso una excepción preliminar, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). El Estado solicitó que la Corte considere fundada la excepción preliminar y se declare incompetente, en razón de la materia, para ordenar que Panamá adecue su ordenamiento penal al artículo 13 de la Convención Americana; que en base a consideraciones de hecho y de derecho no se admita la demanda ni las medidas de reparación solicitadas por la Comisión y que “se denieguen, por improcedentes y carentes de fundamento, todas las peticiones formuladas por CEJIL”. Entre otros fundamentos, indicó que no hubo injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada del señor T.D. en violación al artículo 11.2 de la Convención; los procesos seguidos contra el ex Procurador General de la Nación, J.A.S. (en adelante también “el entonces Procurador”, “el ex Procurador” o “el Procurador Sossa”) y contra la presunta víctima fueron realizados con las debidas garantías y por tanto no hubo violación a los artículos 8 y 25 del referido tratado; la presunta víctima pudo, en todo momento, ejercer su derecho a la libre expresión, por lo que no se violó el artículo 13 de dicho instrumento. El Estado designó al señor J.F.L. como agente y, posteriormente, a E.S.R. como agente alterno.II

Procedimiento ante la Corte

La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 5 y 8 de octubre de 2007, respectivamente[1]. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, el 18 y el 26 de marzo de 2008, sus alegatos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado, entre otros escritos.

Mediante Resolución de 9 de junio de 2008 la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), las declaraciones de testigos propuestos por los representantes y por el Estado, así como las de los peritos, uno de ellos propuesto por la Comisión Interamericana y por los representantes, y el otro propuesto por el Estado, respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, en consideración de las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar el testimonio del señor T.D., ofrecido por la Comisión y por sus representantes, y de dos peritos, uno propuesto por la Comisión Interamericana y el otro por el Estado, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas[2].

La audiencia pública fue celebrada el 13 de agosto de 2008 durante el XXXV Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay[3].

El 15 de septiembre de 2008 el Estado, la Comisión y los representantes remitieron sus alegatos finales escritos. Estos últimos, en respuesta a una solicitud de la Presidenta del Tribunal, remitieron junto con dicho escrito, como prueba para mejor resolver, las normas que regulaban en la época de los hechos el procedimiento disciplinario por faltas a la ética profesional ante el Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Adicionalmente, los representantes remitieron los comprobantes de gastos efectuados en relación con la audiencia pública.

Por otra parte, el 7 de agosto de 2008 el Tribunal recibió un escrito de una persona que se identificó bajo el nombre de J.P.W., quien presentó un documento con la intención de que sea considerado en calidad de amicus curiae. La Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta del Tribunal, de conformidad con las facultades reglamentarias de ordenar el procedimiento y con lo previsto en el artículo 26.1 del Reglamento, solicitó a dicha persona la presentación del escrito original en el plazo de siete días, junto con la copia de su documento de identidad. Por su parte, el 16 de septiembre de 2008 la Comisión Interamericana remitió sus observaciones a dicho escrito. El señor W. no cumplió con remitir la información solicitada oportunamente, por lo que la Corte Interamericana no admite dicha presentación. Finalmente, el 19 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, la Corte recibió dos escritos en calidad de amicus curiae; el primero de ellos de los señores P.N. y C.A.C. y de la señora M.V.S., y el segundo remitido por el señor D.L. y las señoras P.G.R. y Andrea Pochak del Centro de Estudios Legales y Sociales. Los días 8 y 13 de enero de 2009 fueron recibidos los escritos originales.

III

Excepción Preliminar

En su escrito de contestación de la demanda el Estado opuso como excepción preliminar “la falta de competencia parcial en razón de la materia”, en relación con una medida de reparación solicitada por la Comisión en su demanda y tres “observaciones preliminares” referidas a la facultad de los representantes de solicitar dos medidas de reparación y de presentar, en su escrito de solicitudes y argumentos, pretensiones distintas a las solicitadas en la demanda de la Comisión.

Panamá objetó la medida de reparación solicitada por la Comisión relativa a que el Estado adecue su ordenamiento jurídico penal de conformidad al artículo 13 de la Convención Americana. Afirmó que la “pretensión de que un Estado revise su legislación interna no es exigible dentro de una causa contenciosa, la cual debe recaer...

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