El Tribunal Internacional de Justicia y la inmunidad de jurisdicción

• Author: Rosana Garciandía Garmendia
• Position: Universidad de Murcia
• Pages: 281-287

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 281

REDI, vol. LXIV (2012), 2

jurídicos híbridos», constituidos por una simbiosis difusa de elementos voluntarios y

obligatorios, aplicables a todos los actores internacionales, desde Estados a empresas

importadoras o exportadoras, se encuentran en la línea a seguir para la protección de

estos derechos.

En definitiva se concluye (ignorando los postulados de los defensores de los dere-

chos humanos que exigen el superar de forma definitiva los mecanismos voluntaris-

tas), que debe prestarse «más atención y apoyo» a numerosos elementos que «están

completamente fuera del ámbito jurídico». En este mismo sentido el informe se mues-

tra alarmantemente comprensivo con la «gran complejidad y los cambios constantes

que caracterizan a las fuerzas de la globalización», aunque no puede obviar que el De-

recho internacional deba ser un instrumento válido y primordial para resolver estas

cuestiones; pero siempre con las precauciones apuntadas.

12. Necesariamente se debe discrepar de las conclusiones que se pretenden afian-

zar en la sesión del Foro relativa a los abusos de las empresas transnacionales, ya que

se pretende poner el énfasis, al igual que hiciera Ruggie en los Principios Rectores, en

medidas voluntarias. Recomendaciones que huyen de afianzar un genuino imperio de

la ley garantizado por los Estados para que las empresas queden sujetas al respeto de

los derechos humanos. Y de esta forma, ante una ineficacia de la responsabilidad de

proteger de los Estados y del deber de respetar de las empresas, los mismos pueblos

indígenas deben poder acudir a mecanismos judiciales, cuyas decisiones sean vincu-

lantes para todas las partes. Siendo así, en el seno de la búsqueda de responsabilida-

des debería asentarse de una vez por todas la extraterritorialidad de la jurisdicción

con respecto a estos ilícitos, tanto civiles como penales.

Así pues, la responsabilidad de las infracciones que cometan tanto los Estados

como las empresas, nacionales o transnacionales, debieran ser directamente exigidas.

El camino es precisamente individualizar y no extender (y por ende diluir) la respon-

sabilidad a otros organismos o «mecanismos sociales» de naturaleza difusa. Es más,

si la genuina voluntad política de todos los Estados y organismos internacionales fue-

ra la de, en este caso, garantizar la protección de los pueblos indígenas, debiera darse

legitimidad a cualquier organización defensora de los derechos humanos para que

pudiera formular las oportunas reclamaciones contra los infractores. De este modo

podría empezarse a equilibrar la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas per-

judicados; pero la vía no es precisamente la del softlaw, las recomendaciones, los

mecanismos sociales voluntarios o cuasijudiciales ajenos a todo tipo de supervisión

externa, que no son sino eufemismos para mantener la apariencia de solventar un

problema, cuando no se tiene la sincera y determinante intención de mejorar los gra-

ves abusos que padecen estos colectivos.

José Elías es t e v e mo l t ó

Universidad de Valencia

2. EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y LA INMUNIDAD

DE JURISDICCIÓN

1. El 3 de febrero de 2012, el Tribunal Internacional de Justicia dictaba sentencia

sobre el caso que en 2008 se había planteado entre Italia y Alemania en relación con

la inmunidad de jurisdicción (Sentencia núm. 143, Inmunidad de Jurisdicción del

Estado: Alemania c. Italia, Grecia interviene). El caso lo presentó Alemania ante la

Corte después de que Italia hubiera admitido a trámite demandas civiles iniciadas

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