Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Septiembre de 1999. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Serie C No. 55

Fecha de Resolución24 de Septiembre de 1999
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
Casodel Tribunal Constitucional Vs. Perú
ActoCompetencia
SolicitanteRepública Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú

Sentencia de 24 septiembre de 1999

(Competencia)

En el caso del Tribunal Constitucional,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:(*)

A.A.C.T., Presidente

Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente

Oliver Jackman, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Sergio García Ramírez, J. y

C.V. de R.R., Juez

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

R.P., S. adjunto

de acuerdo con el artículo 29 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre competencia en relación con el supuesto retiro por la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte.

I

Introducción de la causa

  1. Este caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 2 de julio de 1999. Se originó en la denuncia número 11.760, recibida en la Secretaría de la Comisión el 2 de junio de 1997.

    II

    Hechos expuestos en la demanda

  2. En los siguientes párrafos, la Corte resume los hechos relevantes alegados por la Comisión en el escrito de demanda:

    a) el 5 de abril de 1992 el Presidente del Perú, señor A.F., disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y destituyó a numerosos jueces de la Corte Suprema de Justicia;

    b) el 31 de octubre de 1993 se aprobó, mediante referéndum, la nueva Constitución Política del Perú. El artículo 112 dispone que “[e]l mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”;

    c) en junio de 1996 se conformó el nuevo Tribunal Constitucional, con los siguientes siete miembros: R.N. (Presidente), G.R.T., M.A.R., L.G.D.V., D.R.M. de Mur, F.J.A.S. y J.G.M.;

    d) el 23 de agosto de 1996 se promulgó la Ley No. 26.657 o Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución. Dicha Ley interpreta el mencionado artículo estableciendo que “la reelección [presidencial ...] está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional”. La Ley concluye, entonces, que “en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente, los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución”;

    e) el 29 de agosto de 1996 el Colegio de Abogados de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 26.657 ante el Tribunal Constitucional, por la violación del artículo 112 de la Constitución peruana;

    f) el 20 de noviembre de 1996 se conoció dicha causa en audiencia pública con la presencia de los siete magistrados del Tribunal Constitucional. El 27 de diciembre del mismo año se discutió y votó la ponencia sobre la materia, con cinco votos a favor y dos en contra. El fallo adoptado declaró la inaplicabilidad de la norma y no su inconstitucionalidad. Al respecto, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que se requieren seis votos conformes para resolver las demandas de inconstitucionalidad, mientras que para la declaratoria de inaplicabilidad de las leyes sólo se requiere la mayoría simple de los votos emitidos;

    g) un proyecto elaborado por el magistrado R.T., que se convirtió en sentencia el 27 de diciembre de 1996, fue sustraído por el magistrado G.M. y fue entregado a la Policía. El magistrado G.M. adujo haber encontrado el proyecto sobre la mesa de reuniones en la carpeta que correspondía a R.T., y alegó “que dicho documento probaba una maquinación destinada a impedir la reelección presidencial”;

    h) seguidamente se inició una campaña de presión contra los cinco magistrados que suscribieron el fallo en mención. Estos manifestaron que “fueron intimidados y recibieron presiones, chantajes, ofertas de todo tipo”, presentándose incluso imputaciones de contrabando contra la señora D.R.M. de Mur y su esposo, el señor J.M.C.;

    i) el 2 de enero de 1997 los Magistrados Nugent y D.V. “solicitaron una nueva votación”. El 3 de enero del mismo año, durante la segunda votación, los solicitantes se abstuvieron de votar por haber adelantado opinión y retiraron sus firmas. Otros dos Magistrados, señores A.S. y G.M., se reservaron su opinión. Los señores A.R., R.T. y R.M. de Mur votaron, como lo habían hecho anteriormente, por la inaplicabilidad de la Ley No. 26.657;

    j) por nota de 14 de enero de 1997, cuarenta congresistas de la mayoría parlamentaria remitieron una carta al Tribunal Constitucional en la cual pretendían prohibir la publicación de “una decisión que declarase la ‘inaplicabilidad’ de la Ley 26657”. Los congresistas adujeron, basándose en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley No. 26.435, que el plazo para efectuar la publicación había vencido el 10 de enero de 1997. Asimismo, con fundamento en la Ley No. 36.301, que regula la Acción de Cumplimiento, solicitaron al Tribunal Constitucional que se pronunciara expresamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 26.657, dentro del plazo de treinta días hábiles;

    k) los citados congresistas solicitaron en la nota mencionada,

    que el Tribunal Constitucional declare fundada o infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 26657 por el Colegio de Abogados de Lima y se pronuncie expresamente sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que la sentencia no contenga ninguna ‘declaración’ de inaplicabilidad que constituiría una eminente amenaza contra derechos fundamentales y políticos consagrados en la Constitución, así como abuso de autoridad, al asumir el Tribunal facultades no previstas por su Ley Orgánica...

    l) el 16 de enero de 1997 los magistrados A.S. y G.M. se decidieron a “abstenerse de votar”, pero no se apartaron del proceso para hacer posible la emisión de la sentencia. La ponencia que venía tramitándose se volvió a debatir y a votar ese mismo día constituyéndose en sentencia definitiva por tres votos a favor y cuatro abstenciones. Dicha sentencia declaró “INAPLICABLE, por unanimidad de los votos emitidos, con las abstenciones indicadas, y en ejercicio de sus atribuciones de control difuso, la ley interpretativa Nº26657, para el caso concreto de una nueva postulación a la Presidencia de la República, en el año 2000, del actual J. de Estado”. El 17 de enero de 1997 la sentencia se publicó en el Diario “El Peruano”, publicándose nuevamente al día siguiente por incorrecciones tipográficas. La fecha que aparece en la sentencia, sin embargo, es la de 3 de enero de 1997;

    m) el 20 de enero de 1997 el Colegio de Abogados de Lima solicitó una aclaración de la sentencia de 3 de enero de 1997. El proyecto de la resolución emitida en el pedido de aclaración y que forma parte de la sentencia, fue preparado, por disposición del Presidente del Tribunal Constitucional y previo acuerdo del Pleno, por el ponente designado magistrado R.T.. “Dicha ponencia fue debatida, votada y suscrita, en cumplimiento de ese mismo acuerdo por los magistrados que habían respaldado con su voto el fallo cuya aclaración se solicitaba. Ese documento (ponencia o proyecto de resolución) fue entregado, por conducto regular, a la Presidencia, para los fines del caso. La Presidencia dispuso su publicación, considerando que no era menester someterlo a conocimiento del Pleno”, habida cuenta del acuerdo previo de dicho Pleno, al que se hace referencia. El procedimiento seguido para la aclaración fue ratificado por el Pleno Administrativo según obra en acta de 14 de marzo de 1997. En ese acta se deja constancia de que la autorización para el procedimiento descrito había sido otorgada con anterioridad a la preparación de la resolución;

    n) el 28 de febrero de 1997 el Congreso de la República del Perú aprobó la formación de una comisión para investigar los presuntos actos de hostigamiento y presión contra el Tribunal Constitucional basándose en las denuncias formuladas por la magistrada R.M. de Mur. A los miembros de dicha comisión se les prohibió pronunciarse sobre asuntos jurisdiccionales propios del Tribunal Constitucional;

    o) el 5 de mayo de 1997 la Subcomisión Acusadora del Congreso presentó ante la Comisión Permanente del mismo, una denuncia constitucional contra los magistrados A.R., R.T. y R.M. de Mur, en la cual se les imputaba haber infringido la Constitución con base en los siguientes argumentos:

    a. Presentar una simple ponencia como si fuera una sentencia ya discutida y aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional. Especial responsabilidad le corresponde al Magistrado G.R.T., quien elaboró el Acta de Entrega en la que intencionalmente denominó sentencia lo que era sólo una ponencia.

    b. Sólo los Magistrados A.R., R.T. y R.M. emitieron una resolución en nombre del Tribunal Constitucional, el 21 de enero de 1997, sobre el recurso de aclaración presentado por el Colegio de Abogados de Lima, sin que ésta haya sido materia de convocatoria y deliberación en el Pleno, y menos de aprobación con el quórum y la mayoría previstos por la ley;

    p) el 6 de mayo de 1997 la Comisión Permanente del Congreso nombró una Subcomisión para evaluar la solicitud de acusación constitucional. Dicha S. solicitó a los magistrados un informe sobre los hechos investigados en menos de cuarenta y ocho horas. Los magistrados requeridos señalaron que se trataba de una “represalia por su pronunciamiento respecto a la Ley de Reelección Presidencial”;

    q) el 14 de mayo de 1997 los magistrados M.A.R., G.R.T. y D.R.M. de Mur remitieron el acta de 14 de marzo de 1997 en la que constaba que fueron expresamente autorizados para expedir la decisión por la cual se les acusaba;

    r) el 15 de mayo de 1997 la Subcomisión especialmente designada al efecto presentó su informe ante la Comisión Permanente del Congreso...

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