Tratamiento político de la emigración exterior española en el tardofranquismo (1974-1977).

• Author: Manuel Azcona, José
• Position: Ensayo

Spanish political treatment of foreign emigration in the latest Franco period (1974-1977)

EL ARRANQUE DE LA POLÍTICA MIGRATORIA OFICIAL

Es evidente que la propia Guerra Civil española (1936-1939) generó una amplísima emigración forzosa o exilio que ha sido estudiada con profusión (2); también es evidente que desde 1945 empiezan a observarse movimientos migratorios en España, cuya razón de ser no se ubica necesariamente solo en las razones políticas del nuevo Estado franquista y su obsesión represora, sino en la calamitosa situación económica por la que atravesaba la España de aquellos oscuros años noventa. La magnitud del fenómeno descrito fue creciendo de forma considerable y voluminosa. Por su parte, las autoridades franquistas optaron por su control (como el del resto de las circunstancias sociales de la época), su canalización y su beneficio a través de las remesas y transferencias de capitales de los emigrantes. Había también otro elemento positivo, cual era que la diáspora podía ser una buena oportunidad para la salida de los opositores al régimen ya depurados o para aquellos que mostraban tibieza con las nuevas circunstancias de la gobernación española.

Por ello se creó el Instituto Español de Emigración (IEE), que nació por ley del 17 de julio de 1956 y fue adscrito al Ministerio del Trabajo por decreto del 9 de mayo de 1958. La finalidad esencial de esta institución consistía en la organización de la política migratoria del gobierno y en la realización de una >3. Se proponía estudiar todos los problemas relacionados con la emigración española, tanto dentro de nuestro país como en lo que respecta a las posibilidades de su recepción en el extranjero. Debía, asimismo, asesorar al gobierno en orden a las disposiciones a adoptar en materia migratoria. No se olvidaba, este organismo, de someter a consideración gubernamental los principios generales de carácter técnico para el establecimiento de acuerdos internacionales sobre salidas de españoles de su nación. El modelo tutelador del Instituto Español de Emigración aparece claro en el Preámbulo de la ley de su acta de nacimiento:

El Instituto Español de Emigración ha de organizar y ejecutar las emigraciones colectivas y las repatriaciones extraordinarias; facilitar a los emigrantes la obtención de medios económicos, enseres e instrumentos de trabajo; intervenir en la contratación de los pasajes; proporcionar gratuitamente a los emigrantes la documentación necesaria para expatriarse y asistirlos hasta su asentamiento en el lugar de destino, y, aún después de su asentamiento, velando por el cumplimiento de sus contratos de trabajo y, en fin, intervenir en todo cuanto se refiere a la emigración, tanto desde el punto de vista objetivo de su estudio, ordenación y resolución, como desde el punto de vista subjetivo de la tutela más amplia del emigrante y de sus familiares (4). Dicho organismo tenía una secretaría general y otra técnica, un gabinete de estudios, un registro central de ofertas y demandas de emigración, y las siguientes secciones: ayuda central, colocación, información y gestión; relaciones y transportes; e intervención delegada y administración. Para el desarrollo y ejecución de planes y programas migratorios, el IEE contaba con la colaboración de la Organización Sindical del Franquismo para Apoyo de las Migraciones Temporales y de la Comisión Católica Española de Migración, en lo que atañe a la reagrupación familiar. Queda clara ahora la implicación espiritual de la Iglesia Católica, que tan buenos frutos venía dando en otros órdenes políticos, a la dictadura del general Franco.

El hecho de que en fecha tan relativamente temprana, 1956, el régimen franquista intentase reorganizar y, en algunos casos, organizar en primera instancia los flujos migratorios españoles, tiene que ver con la configuración, en Europa Occidental, de un amplio y poderoso mercado laboral que reconstruía el Viejo Continente tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en un claro ciclo expansivo de la economía capitalista euro-pea. Bajo esta perspectiva, hay que encuadrar las grandes migraciones internas campo-ciudad a grandes metrópolis como Madrid, Barcelona o Bilbao, y las abultadas salidas de los países mediterráneos ribereños (Portugal, España, Grecia, Italia, además de Turquía y las naciones que componen el Magreb) hacia destinos apetecidos por su expansión comercial, como Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica y Suecia. Sin olvidarnos, en el caso español y portugués específicamente, de los destinos transoceánicos hacia América Latina.

Como sustentan, con notable acierto, José Babiano y Ana Fernández Asperilla, la emigración a Europa forma parte de un circuito de intercambios en la economía internacional, mediante el cual España va a exportar mano de obra y recibir inversión extranjera. No es de extrañar que durante el desarrollismo franquista, coincidiendo con el momento más álgido de la emigración exterior, entre 1961 y 1972, los principales países inversores, al margen de Estados Unidos, fuesen aquellos tres que más volumen de mano de obra española recibieron: Alemania, Suiza y Francia (5). Todo ello tuvo lugar a partir de los años cincuenta, cuando la dictadura franquista concluye con la política de sustitución de importaciones, la llamada autarquía, y comienza, como es sabido, a integrar al país en el plano internacional. Integración que va a verificarse a través del ingreso en diversos organismos internacionales y mediante la puesta en marcha de un ramillete de acuerdos comerciales de carácter bilateral.

Además, en 1955 tiene lugar el ingreso de España en la ONU y en 1959 en la OCDE. Este mismo año ve la luz el Plan de Estabilización de los ministros Ullastres y Navarro Rubio. Poco tiempo atrás, en 1953, se firmaron el concordato con El Vaticano y los pactos militares con Estados Unidos, que disipaban cualquier duda acerca de la posición española en la escena internacional y que sacaban a la España de Franco del ostracismo y el aislacionismo anterior. A escala más concreta, en 1954 los gobiernos de Madrid y París suscribieron un acuerdo comercial. Un convenio de la misma naturaleza firmó Bélgica y España dos años después, en agosto de 1956. Por último, el régimen estableció pactos comerciales con la Confederación Helvética, en 1949 y 1960. Los protocolos de emigración con Francia y Suiza se materializaron en 1961 y el documento oficial sobre diáspora española hacia Bélgica se rubricó en 1956, meses después de que el Convenio de Comercio suscrito entre Madrid y Bruselas viese la luz (6). Además, en Ginebra existía la sede del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), al cual se había adscrito el gobierno español en 1956. En 1959 se dotó a nuestro país con quince mil dólares para la formación profesional de los emigrantes y para el otorgamiento de préstamos para colonizaciones y asentamientos de españoles en países de ultramar.

LA EMIGRACIÓN OFICIAL Y ASISTIDA

La emigración asistida se caracterizó por la intensificación de la atención al emigrante por parte de la administración española, que se generaliza a partir de los años sesenta (7). Las estadísticas publicadas por el Instituto Español de Emigración se refieren solamente a la emigración >, es decir, la oficialmente protegida con asesoramiento y subvenciones gubernamentales y en el marco de acuerdos interestatales, sin perjuicio de la llamada tercera vía o entrada al país en calidad de turistas, considerada > (8). Junto a las políticas de control y de contratación de emigrantes se desarrollaron > (9) que financiaban prestaciones sociales o información (prensa, radio y televisión generalista y franquista, nuevos productos para emigrantes como > o NO-DO), a la par de políticas educativas (clases de lengua y cultura española para los niños, pero también para los adultos) y de reagrupación familiar que potenciaban la función social del gobierno (10).

En sus partidas de Interior, la asistencia incluía reconocimientos médicos, formación profesional en España, vacaciones para hijos de emigrantes, seguridad social y la financiación de entidades como la Casa de América y la Escuela Orense de formación para la diáspora, entre otros organismos. En el grupo más amplio de la asistencia exterior se hallaban actividades de difusión cultural, abastecimiento de artículos alimenticios típicamente españoles, la Cuenta de Ahorro Emigrante--encargada de rentabilizar el flujo de mano de obra--, la publicación de >, la Comisión Católica Española de Migración (CCEM), los Voluntarios de Cooperación Social, subvenciones, cursos y becas en el extranjero, centros españoles, capellanes, agregados laborales (11), maestros, oficinas culturales y asesoramiento laboral. Los > fueron reconvertidos en 1960 en >, punto de partida de las Casas de España (12). Estos centros de referencia jurídica, cultural y lúdica para los emigrados, eran tutelados por la administración española. Instituciones oficiales, por tanto, que poco o nada tenían que ver con las casas regionales españolas de Iberoamérica, sostenidas por colectivos a título particular y con fines culturales pero, sobre todo, benéficos y asistenciales (13).

Los principales destinos en el Viejo Continente serán los países de mayor desarrollo posbélico. En Francia, el dominio hispano en la emigración de temporada empieza a destacar tras la apertura de la frontera pirenaica al comercio, a mediados de los cincuenta, para ser absoluto entre 1960 y 1970. A diferencia de lo ocurrido en Alemania o Suiza, un tercio de los inmigrantes españoles entraron en Francia por la vía de la reagrupación familiar (14), hasta el punto de que desde los años setenta la población adulta española en el país galo incluye, de un modo no habitual en la CEE, casi tantas mujeres como hombres.

Ante la complejidad de los trámites burocráticos, la emigración espontánea (con pasaporte de turista) triunfó, constituyendo el 70-80% de los movimientos migratorios (15). Los colonos...